CUANDO LOS BLOQUEOS MATAN Y EL ESTADO CALLA

Por: Ramiro Sánchez Morales |

Bolivia está en emergencia nacional. No es una exageración retórica, ni un alarmismo político. Es una realidad que se mide en camiones de alimentos varados en carreteras, en ambulancias que no llegan a tiempo, en familias que no tienen qué comer y en ciudadanos inocentes que han perdido la vida en medio de bloqueos que vulneran la libertad de circulación.

No se trata de una pulsera política abstracta entre gobernantes y opositores. Se trata de una crisis humanitaria que se vive en las calles, en las plazas, en los hogares de millones de bolivianos que simplemente quieren trabajar, alimentarse y vivir con dignidad.

El secuestro de la cotidianidad boliviana

El boliviano de a pie ya no puede desarrollar su vida normal. Su cotidianidad ha sido secuestrada por el cálculo político y la radicalidad de minorías corporativas que utilizan el estrangulamiento social como moneda de cambio en disputas de poder que no les pertenecen.

Por un lado, tenemos facciones que han convertido el bloqueo de carreteras en un arma de guerra social. No les importa que detrás de cada camión bloqueado haya familias sin alimentos, hospitales sin medicamentos, fábricas sin combustible, estudiantes sin poder llegar a sus universidades. Lo único que les importa es extorsionar al Estado, obtener concesiones, imponer sus condiciones mediante la coacción.

Por otro lado, tenemos un Órgano Ejecutivo cuya pasividad y retórica de distracción rozan la negligencia constitucional. El gobierno habla de diálogo, de paz, de entendimiento, mientras la población se muere de hambre y los bloqueos se perpetúan. Esa presunta “neutralidad” no es pacifismo: es complicidad por omisión.

La vulneración constitucional que nadie denuncia

Cuando el Estado posterga el restablecimiento del orden constitucional y renuncia a proteger a las mayorías, deja a la población civil en la absoluta indefensión. Esto no es teoría jurídica: es la realidad cotidiana de millones de bolivianos.

El Artículo 251 de la Constitución Política del Estado es claro y contundente: asigna a la Policía Boliviana la función de defensa de la sociedad y conservación del orden público. No dice “cuando sea conveniente”, no dice “si no hay conflicto político”, dice simplemente que esa es su función. ¿Dónde está la policía? ¿Dónde está el Estado?

El Artículo 21.7 de la misma Constitución garantiza el derecho a la libertad de locomoción de todos los habitantes. Todos. No dice “excepto cuando haya bloqueos”, no dice “salvo que haya presiones políticas”. Dice que todos los bolivianos tenemos derecho a circular libremente por el territorio nacional. Ese derecho está siendo pisoteado sistemáticamente, y el Estado mira para otro lado.

El Artículo 15.I de la Constitución reconoce el derecho fundamental a la vida y a la integridad física, psicológica y sexual de toda persona. Nadie será torturado, ni sufrirá tratos crueles. Pero ¿qué es impedir el paso de una ambulancia que lleva a un paciente urgente sino un trato cruel? ¿Qué es dejar a una familia sin alimentos por semanas sino una violación de su integridad física?

La muerte no es un colateral, es un objetivo fáctico

Los bloqueos que atentan contra los servicios básicos y la vida no están amparados por el derecho a la protesta. El derecho a la protesta es sagrado en una democracia, pero tiene límites. Cuando la protesta se convierte en un mecanismo para matar, para dejar sin alimentos, para impedir el acceso a la salud, deja de ser protesta y se convierte en delito.

El Código Penal boliviano tipifica con claridad estas conductas. Quien impida o entorpezca el libre tránsito comete delitos contra la seguridad de los medios de transporte. Quien interrumpa suministros esenciales como alimentos o carburantes comete delitos contra la seguridad de los servicios públicos.

Lo más grave es cuando estos delitos provocan muertes. Las muertes provocadas al impedir el paso de atención médica urgente configuran homicidio culposo. Y cuando existe conciencia de que los bloqueos pueden provocar muertes y se acepta ese resultado, se configura dolo eventual. En ambos casos, hay responsabilidad penal.

Pero la pregunta que nadie se atreve a hacer es ¿dónde están los responsables? ¿Dónde están los que organizaron los bloqueos? ¿Dónde están los que financiaron las marchas? ¿Dónde están los que dieron la orden de no dejar pasar las ambulancias?

La reparación del daño no puede ser una promesa vacía

No basta con la sanción penal. Quienes destruyen la economía nacional y provocan pérdidas irreparables deben responder con su patrimonio. Cuando se causa un daño injusto mediante acto doloso o culposo, existe obligación de resarcirlo. Esto es principio jurídico básico en cualquier sistema de justicia civilizado.

Lo más importante es que en las investigaciones en materia penal, la Fiscalía puede disponer medidas cautelares para garantizar las reparaciones por daños civiles. Esto significa que el Ministerio Público tiene la facultad de ordenar:

•    La retención de fondos de las organizaciones responsables

•    El congelamiento de cuentas bancarias para asegurar la disponibilidad patrimonial

•    La anotación preventiva de bienes como mecanismo cautelar patrimonial

•    Medidas asegurativas sobre el patrimonio de las entidades responsables

Esto no es venganza. Es justicia. Es reconocer que el daño causado tiene un costo económico y que quien lo causó debe responder por él.

Para las matrices sindicales, asociaciones o instituciones con personería jurídica que propician, financian y organizan estos bloqueos, la justicia debe aplicar de manera inmediata las medidas cautelares de carácter real que la Fiscalía pueda disponer durante la investigación penal. No puede ser que las organizaciones que destruyen la economía nacional queden impunes, mientras los ciudadanos comunes pagan los platos rotos.

La paciencia boliviana tiene un límite

La paciencia de los bolivianos se ha agotado. No podemos seguir viviendo bajo la amenaza constante de bloqueos que nos dejan sin alimentos, sin combustible, sin medicamentos, sin poder trabajar. No podemos seguir viendo cómo ciudadanos inocentes mueren porque alguna minoría radical decidió que sus intereses son más importantes que nuestras vidas.

Proteger la vida, el trabajo y la paz es la razón de ser de cualquier gobierno democrático. Si un gobierno no puede cumplir esa función básica, ¿para qué sirve? ¿Qué legitimidad tiene?

Urgen respuestas efectivas que demuestren que en el país todavía existe un Gobierno capaz de hacer cumplir las leyes y proteger a sus ciudadanos. No queremos más discursos, más declaraciones, más compromisos verbales. Queremos acciones. Queremos carreteras desbloqueadas. Queremos ambulancias pasando libremente. Queremos alimentos llegando a los mercados. Queremos combustible.  Queremos que se detenga a los responsables de los bloqueos y que se les procese penalmente.

El Estado no puede ser un espectador de su propia disolución

El Estado boliviano tiene la obligación constitucional de restablecer el orden público, garantizar el libre tránsito y proteger la vida de sus habitantes. La inacción frente a bloqueos que causan muerte y hambre no es neutralidad: es complicidad por omisión con quienes violan derechos fundamentales.

Las competencias del Ministerio Público permiten disponer medidas cautelares patrimoniales durante la investigación penal, asegurando que las reparaciones por daños civiles no se tornen ilusorias por el paso del tiempo. Esa facultad debe ser ejercida con celeridad y firmeza.

Bolivia no puede seguir siendo un país donde la minoría radical pueda imponer sus condiciones mediante la coacción y la extorsión. No puede ser un país donde el Estado se paralice frente al abuso fáctico. No puede ser un país donde los ciudadanos más humildes paguen con hambre y muerte los costos de una disputa de poder que no les pertenece.

La hora de la decisión

Este es el momento de la verdad para Bolivia. O el Estado asume su responsabilidad constitucional y actúa con firmeza para restablecer el orden público, o admitimos que hemos perdido el control de nuestro propio país.

No hay términos medios. No hay punto medio entre proteger la vida y permitir que ciudadanos mueran por bloqueos. No hay punto medio entre garantizar el libre tránsito y permitir que carreteras sean secuestradas por minorías radicales. No hay punto medio entre proteger a las mayorías y dejar que las minorías impongan sus condiciones mediante la coacción.

La decisión es del Estado. La decisión es del gobierno. La decisión es de quienes juraron proteger la Constitución y a los bolivianos.

Si no actúan ahora, si no muestran que todavía existen las instituciones, que todavía hay autoridades capaces de hacer cumplir la ley, entonces habrá que preguntar: ¿qué clase de país queremos ser? ¿qué clase de Estado queremos tener? ¿qué clase de ciudadanos queremos ser?

Bolivia merece mejor. Los bolivianos merecen mejor. La hora de la decisión ha llegado.