La Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz admitió una acción popular presentada contra el presidente Rodrigo Paz Pereira y tres ministros de Estado, por una presunta omisión de funciones frente a la crisis y los conflictos que afectan al país. La audiencia fue fijada para el lunes 8 de junio, a las 15:00, mediante la plataforma virtual Zoom.
Vía: El Deber |
La demanda fue interpuesta por Freddy Apolinar Mariscal Palle, abogado y exdirector departamental de Autonomías de la Gobernación de La Paz, quien argumenta que el Órgano Ejecutivo no ha adoptado medidas suficientes para garantizar los derechos colectivos de la población ante la actual coyuntura.
Cabe recordar que Bolivia atraviesa 34 días de conflictos sociales, marcados principalmente por bloqueos de carreteras en el occidente del país. De acuerdo con el reporte de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), este miércoles se registraron 103 puntos de bloqueo a nivel nacional. Cochabamba concentra la mayor cantidad de interrupciones con 32, seguida de La Paz con 21, Oruro con 18, Potosí con 15, Chuquisaca con 11, Santa Cruz con 4 y Pando con 2. En tanto, Tarija y Beni no reportan cortes de ruta.
Según la resolución emitida el 2 de junio por la Sala Constitucional Primera, la acción fue admitida conforme al artículo 135 de la Constitución Política del Estado y al Código Procesal Constitucional. Asimismo, se dispuso el traslado de la demanda al presidente del Estado y a los ministros de Gobierno, de Desarrollo Productivo y Economía Plural, y de Trabajo, Empleo y Previsión Social, para que presenten sus informes antes de la audiencia.
De acuerdo con información proporcionada por el accionante, la audiencia inicialmente debía realizarse este viernes; sin embargo, fue reprogramada para el lunes, 8 de junio, debido al feriado nacional.
Mariscal Palle aseguró que la acción no tiene motivaciones políticas, sino que busca la protección de los derechos de la ciudadanía. “Quiero ser categórico en esto: esta no es una acción política; es una acción estrictamente constitucional en defensa de la gente”, afirmó en un mensaje compartido con este medio.
El abogado sostuvo que la población de La Paz y El Alto enfrenta una situación de indefensión debido a los conflictos sociales y bloqueos que afectan el libre tránsito, el abastecimiento y la seguridad. En ese sentido, considera que existe una omisión por parte del Gobierno en el cumplimiento de sus obligaciones constitucionales.
"La Constitución Política del Estado, en su artículo 135, es muy clara: la Acción Popular procede ante cualquier acto u omisión de las autoridades que vulnere o amenace los derechos e intereses colectivos. Hoy en día, la población paceña y alteña se encuentra en un estado de total indefensión, sufriendo el atropello a su derecho al libre tránsito, a la seguridad vial, al abastecimiento y a la vida misma debido a la coyuntura de conflictividad que azota al país", indicó.
La acción popular solicita que el Tribunal de Garantías conmine al presidente y a sus ministros a activar de manera inmediata los mecanismos legales e institucionales necesarios para restablecer la libre transitabilidad y la paz social en el país. Entre las medidas planteadas por el accionante figura incluso la posibilidad de declarar un estado de excepción.
"¿Por qué demandamos al Órgano Ejecutivo? Porque existe una evidente omisión de sus funciones constitucionales. El gobierno tiene la obligación legal de garantizar el orden público y proteger a los ciudadanos. No pueden ser espectadores pasivos mientras la colectividad paga los platos rotos de la crisis", apuntó.
El proceso fue registrado bajo el Nurej 204301311 y se encuentra radicado en la Sala Constitucional Primera de La Paz.
