La Sala Constitucional Segunda en La Paz desestimó hoy tratar la acción de libertad para dejar sin efecto la orden de aprehensión que cursa contra el secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Mario Argollo, informó el abogado Yaco Conde.
Vía: Visión 360 |
El abogado precisó que el recurso fue presentado en la audiencia que consideró el recurso de amparo constitucional por el vicepresidente, Edmand Lara, en contra del presidente del Senado, Diego Ávila, por la aprobación del proyecto de ley que abroga la Ley 1341, que regulaba los estados de excepción, según Unitel.
Conde informó que, en la audiencia, se presentó la acción de libertad; sin embargo, la Sala Constitucional Segunda desestimó tratar ese recurso, que buscaba dejar sin efecto la orden de aprehensión en contra del dirigente, a raíz de una denuncia penal en su contra presentada por el Ministerio de Gobierno, por los presuntos delitos de alzamiento armado, sedición y terrorismo.
La COB instruyó el bloqueo de carreteras hace 28 días, medida que afectó a la sede de Gobierno, que permanece cercada por el cierre de vías por los campesinos afiliados a la Federación Departamental de Campesinos de La Paz Túpac Katari, y enfrenta el desabastecimiento de alimentos, insumos médicos, combustible, entre otros.
El abogado informó que: “el vicepresidente, de manera personal, ha pedido que se amplíe también la acción de libertad, a fin de que cesen las persecuciones”. “En este contexto, ha pedido expresamente que se deje sin efecto el mandamiento de aprehensión en contra del ejecutivo de la COB, el señor Argollo, solicitud que la autoridad judicial ha desestimado”, precisó.
El dirigente se declaró en la clandestinidad y no asistió a la mesa de diálogo instalada por la Vicepresidencia del Estado, en la que participan instituciones como la Iglesia Católica, la Defensoría del Pueblo y organizaciones de defensa de los derechos humanos, asambleístas nacionales y el Gobierno nacional.
Lara informó que los dirigentes piden que se dejen sin efecto las órdenes de aprehensión para asistir al diálogo, y que el ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, se comprometió a realizar las gestiones ante el Ministerio de Gobierno.
Sugirió que una salida jurídica a esa demanda sería que el Ministerio de Gobierno desista de la denuncia penal presentada en contra de Argollo y otros dirigentes, con lo cual las órdenes de aprehensión quedarían sin efecto.
Además de la negativa de la justicia a considerar la acción de libertad a favor de Argollo, también se denegó la tutela al amparo constitucional presentado por Lara, quien pretendía frenar la abrogación de esa ley, que fue aprobada en octubre de 2020, argumentando que se ponían en riesgo los derechos fundamentales.
“Estas situaciones no han sido valoradas por la autoridad judicial el día de hoy, porque dice que eso no es objetivo, que es suposición, para la autoridad judicial. Pero lo lamentable es que, en sus fundamentos, dijo que el presidente (Rodrigo Paz) está facultado para decretar un estado de excepción”, manifestó.
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