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En 2018 Ramón Castillo Manríquez, dueño de un jet chárter incautado por órdenes de Quintana, dejó su avión mediante poder notariado desde California a cargo del abogado desaduanizador Alberto Soto de la Vía, hoy Presidente de la Aduana. Castillo Manríquez está preso en Florida por tráfico de cocaína, su socio cayó en San Diego investigado por tráfico de armas…
©Redacción Sol de Pando |
SINOPSIS
El domingo 8 de septiembre de 2024, en Guinea-Bissau —un pequeño país de África Occidental que fue colonia portuguesa—, el piloto de doble nacionalidad mexicano-norteamericana Ramón Castillo Manríquez fue atrapado en el aeropuerto internacional Osvaldo Vieira con un cargamento de 2,6 toneladas de cocaína, a bordo del jet Gulfstream IV con matrícula norteamericana XA-SBT que comandaba. La droga, de origen boliviano, había sido embarcada en Venezuela. Actualmente Castillo está recluido en una cárcel de Florida, sometido a un juicio en curso.
Castillo Manríquez es el mismo que en 2017 había sufrido el embargo de su jet Gulfstream IV con matrícula norteamericana N557JK en el aeropuerto de El Trompillo, en Santa Cruz. El jet partió de Cozumel, México, aterrizando en el aeropuerto de Viru Viru el 7 de abril de 2017, y según el plan de vuelo debía retornar el 9 de abril con rumbo a Tapachula (casualmente el mismo punto de donde, en 2024, partió a Guinea-Bissau el Gulstream IV con matrícula XA-SBT, una vez que había recogido la carga de cocaína en Venezuela).
Nunca se supo oficialmente con qué tipo de carga llegó a Santa Cruz aquel Gulfstream piloteado por Castillo. La Aduana —entonces manejada por personal que había sido designado por Quintana desde 2016, lo mismo que en la Dirección de Aeronáutica Civil—, ocultó sistemáticamente esa información. Los pasajeros que embarcaron en Cozumel eran unos supuestos misioneros evangelistas que hicieron mutis por el foro después de aterrizar. Eran las “mulas” necesarias a bordo del chárter. Investigadores policiales cercanos al caso, informaron a Sol de Pando que aquel Gulfstream llegó con equipajes que contenían armas. Está fuera de toda duda que el avión no llegó vacío.
Testigos indican que Juan Ramón Quintana —que en ese momento ya no era Ministro de la Presidencia sino “asesor de Seguridad” de Evo Morales poco antes de ser designado Embajador en Cuba—, inspeccionó personalmente la nave y ordenó que el avión sea trasladado al aeropuerto de El Trompillo, donde la carga se esfumó como agua entre los dedos de la Aduana. Fue un típico “volteo”, de alto vuelo.
Los nexos de Ramón Castillo Manríquez con el tráfico de armas se remontan a inicios de la década pasada. En 2011, trabajaba como piloto de las empresas de seguridad Security Tracking Devices y Broadlink S.A., cuyo socio mayoritario era el magnate mexicano de origen japonés José Susumo Azano Matsura, un controvertido proveedor de equipos de espionaje electrónico al Gobierno de México. Azano Matsura fue encarcelado en octubre de 2017, en San Diego, California.
En julio de 2018, la Aduana de Bolivia procedió a la nacionalización del Golfstream IV con placa de Estados Unidos. Antes de la nacionalización, en marzo de 2018 Castillo designó como su apoderado legal a uno de los expertos en materia aduanera más avezados del foro, el abogado Alberto Samuel Soto de La Vía.
El 27 de marzo, Soto de La Vía presentó un memorial ante la gerencia de la Aduana aeroportuaria de Viru Viru, pidiendo una explicación de por qué el avión estaba precintado. Cuando se precinta un bien, implica que hay en curso un proceso legal por algún delito penal o civil en torno al mismo. “De ser así, se me haga conocer el número de casos, el estado en el que se encuentran y en dónde se tramitan los mismos, para estar a Derecho”, decía el memorial. Se desconoce qué respondió la Aduana al abogado de Ramón Castillo.
No hubo, por parte del Gobierno, ninguna acusación por narcotráfico o tráfico de armas. Se expropió el avión por el gusto de hacerlo. Hay versiones de que la nave habría sido transferida a un grupo de narcotraficantes vinculados a Quintana. Vecinos del aeropuerto de El Trompillo, en inmediaciones del Colegio Militar de Aviación, aseguran que el Gulfstream permanece ahí deteriorándose y en total abandono. Su matrícula ya no puede ser rastreada por buscadores como el FlightAware.
Quien tendría aclarar todo lo que sigue oculto en aquel caso, es el apoderado legal de Ramón Castillo que se encargó de defender, en legítimo ejercicio profesional, el derecho propietario del ahora traficante preso en Miami. El pasado 25 de noviembre, el abogado Alberto Soto de La Vía ha sido designado en el gobierno de Rodrigo Paz como nuevo Presidente de la Aduana Nacional. El cargo que hoy ejerce, le exige transparentar aquel casi olvidado affaire aeronáutico-aduanero.
No es chiste cuando un Gulfstream aterriza en Bolivia con sus maleteros a full.
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