El Gobierno nacional reconoció ante el Fondo Monetario Internacional (FMI) que la elevada exposición de la Gestora Pública de la Seguridad a Largo Plazo al sector público constituye un riesgo financiero y fiscal que debe ser administrado, sostuvo el analista económico Fernando Romero, quien precisó que el acuerdo con ese organismo internacional plantea medidas para mitigar ese riesgo y evaluar el balance actuarial durante la vigencia del programa de 36 meses.
Vía: Visión 360 |
En el Anexo de Políticas Económicas y Financieras del acuerdo con el FMI se resume la evolución macroeconómica reciente, se exponen los principales retos a los que se enfrenta la economía y se detallan las medidas decisivas de política y las reformas estructurales que el Gobierno del presidente Rodrigo Paz se comprometió a cumplir en el marco del acuerdo suscrito, que fue diseñado para restablecer la estabilidad externa, lograr una sostenibilidad fiscal y de la deuda duradera y apoyar un crecimiento económico sólido e inclusivo.
En el acápite 31 del documento, el Gobierno se compromete a adecuar las normas regulatorias y el marco de preparación y de crisis a las mejores prácticas internacionales, con miras a garantizar la resiliencia a largo plazo.
Uno de ellos se refiere a la mitigación del riesgo del fondo de pensiones “dada la gran exposición del fondo de pensiones (Gestora) al sector público, adoptaremos medidas para mitigar los riesgos para la estabilidad financiera y fiscal, en particular mediante la evaluación del balance actuarial a lo largo de la duración del programa, con el objetivo de garantizar su sostenibilidad a largo plazo”.
Según el análisis de Romero, la principal implicación de ese compromiso es que el Gobierno “reconoce que la elevada exposición de la Gestora al sector público constituye un riesgo financiero y fiscal que debe ser administrado; el acuerdo con el FMI plantea medidas para mitigar ese riesgo y evaluar el balance actuarial durante la vigencia del programa”.
Sostuvo que la Gestora administraba, al cierre de 2025, aproximadamente Bs 201.565 millones, de los cuales el 36% estaba vinculado al sector estatal y el 49% al sector financiero privado. Esto significa que una parte importante de los ahorros previsionales está expuesta, directa o indirectamente, a la situación financiera del Estado y del sistema financiero.
Aclaró que el riesgo actuarial “no implica necesariamente un problema inmediato de liquidez, sino la necesidad de verificar si los recursos acumulados y sus rendimientos serán suficientes para cubrir las obligaciones futuras. El envejecimiento poblacional puede aumentar progresivamente esa presión”.
El FMI ya había advertido que la diversificación de las inversiones y una evaluación actuarial son relevantes para reducir esos desequilibrios. Por tanto, una estrategia adecuada sería diversificar prudentemente activos, emisores, plazos y mercados, sin liquidaciones apresuradas que generen pérdidas, explicó.
La normativa ya establece límites de concentración por emisor y exige inversiones bajo criterios de riesgo controlado. En términos prácticos, el acuerdo busca reducir una vulnerabilidad estructural de la Gestora, no apropiarse de los fondos ni reducir automáticamente las pensiones.
Además, descartó que en el acuerdo se registre una reducción de las pensiones que perciben los jubilados, que a finales de 2025 llegaban a más de 2,7 millones, o que una modificación de las inversiones tampoco significa por sí misma una reducción.
“No existe, por el acuerdo del FMI, una reducción automática ni directa de las pensiones del Sistema Integral de Pensiones (SIP). La Gestora tiene legalmente la responsabilidad de administrar los fondos, recaudar aportes, generar rendimientos y pagar las prestaciones correspondientes”, manifestó.
La eventual modificación de la composición de las inversiones tampoco significa por sí misma que se reduzcan las jubilaciones actuales. El verdadero riesgo estaría en una administración deficiente del portafolio, pérdidas patrimoniales, concentración excesiva en activos de elevado riesgo o deterioro prolongado de los rendimientos.
Actualmente, aproximadamente el 90% de la cartera de inversiones de la Gestora tenía una calificación superior a A1, según su información institucional al cierre de 2025. Sin embargo, la concentración en depósitos bancarios y títulos públicos hace necesario administrar cuidadosamente el riesgo de contraparte y de mercado.
El FMI plantea precisamente diversificar inversiones y realizar una evaluación actuarial para fortalecer la sostenibilidad futura. Una eventual reforma bien diseñada podría incluso fortalecer la capacidad de pago de las futuras jubilaciones.
El mayor peligro sería utilizar los fondos previsionales para resolver necesidades fiscales de corto plazo sin considerar rentabilidad, liquidez y riesgo. Por ello, el efecto sobre los jubilados dependerá de cómo se implemente la mitigación de riesgos, no de la existencia del acuerdo con el FMI en sí mismo.
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