La huelga de hambre instalada por seis concejales de La Paz dejó al descubierto el cambio de postura del alcalde César Dockweiler respecto al fallo constitucional que ordenó regularizar la situación laboral de más de 60 funcionarios del concejo municipal.
Vía: Brújula Digital |
Tras la resolución emitida el pasado 14 de agosto la autoridad aseguró que cumpliría el mandato dentro del plazo establecido; casi un mes después ahora dice que no tiene la obligación de contratar a esos trabajadores porque la competencia corresponde exclusivamente al concejo.
Tras conocerse la resolución constitucional, Dockweiler afirmó que la alcaldía cumpliría la decisión judicial y explicó que el director de Recursos Humanos había comenzado a remitir las notas necesarias para ejecutar el procedimiento dentro del plazo fijado por la justicia. En esa oportunidad precisó que la sentencia no implicaba reconocer a la directiva del concejo encabezada por Waldy Caballero, pero aseguró que el proceso de contratación avanzaría una vez que el legislativo remitiera la documentación correspondiente. “Hay 48 horas para que se pueda cumplir con el procedimiento”, afirmó entonces Dockweiler.
Sin embargo, este miércoles el alcalde cambió su postura y aseguró que el Ejecutivo municipal carece de atribuciones para incorporar a los funcionarios del concejo. “El alcalde no contrata a los trabajadores del concejo municipal, no define quién trabaja y quién no trabaja y no firma sus memorándums”, sostuvo.
Según dijo, esa responsabilidad corresponde a la máxima autoridad ejecutiva del concejo, instancia que, en su criterio, debe emitir los memorándums de incorporación y cumplir el Reglamento Específico del Sistema de Administración de Personal (Resap).
Este cambio de postura se produjo tras la protesta iniciada por los concejales Waldy Caballero, Casimira Lema, Mario Apaza, Alejandra Delgado, Fernando Ruiz y Ximena Antezana, quienes instalaron una huelga de hambre en las oficinas de Recursos Humanos del edificio ex Soboce para exigir el cumplimiento de la resolución de la Sala Constitucional Cuarta. Los legisladores denuncian que los funcionarios afectados llevan cerca de cuatro meses sin percibir salarios y que el fallo debía ejecutarse en 48 horas.
