El diputado por la Alianza Unidad Carlos Alarcón denunció hoy una acción de encubrimiento en favor de los expresidentes de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) Armin Dorgathen, por el caso Botrading, y Yussef Akly, por la distribución de gasolina contaminada.
Vía: Visión 360 |
El asambleísta sostuvo que a Dorgathen se le facilitó la fuga, en septiembre del año pasado, cuando se presentó a prestar su declaración informativa en calidad de sindicado dentro de las investigaciones por el caso Botrading, vinculado a presuntas irregularidades en la importación de combustibles.
Tras brindar su testimonio ante la comisión de fiscales, el expresidente de YPFB abandonó las instalaciones de la Fiscalía Departamental de La Paz.
Alarcón afirmó que “en relación a Dorgathen se le facilitó la fuga en septiembre pasado cuando fue a declarar, ya se lo podía haber cautelado, detenido para que en este momento esté rindiendo cuentas ante el pueblo de Bolivia y ante la justicia boliviana”, a Radio Fides.
Sostuvo que el procurador dijo que hasta ahora los fiscales que investigan el caso ni siquiera pudieron activar el sello rojo. “Lo hacen tan mal que cuando piden a la Interpol la activación, la Interpol les rechaza, entonces eso ya claramente es un encubrimiento a Dorgathen”, advirtió.
Manifestó su incredulidad ante la ineficiencia de las instituciones del Estado boliviano, que no pudo hasta la fecha activar el sello rojo. “Cómo es posible que un Estado, un Ministerio Público de un Estado y un procurador de un Estado, no puedan activar el sello rojo a una persona que no solo es prófugo, sino que violó la Ley de Arraigo”.
El abogado Curmi Sánchez atribuyó a errores del Ministerio Público, que no fueron oportunamente subsanados, que la Interpol rechace por tres veces consecutivas la activación del sello rojo contra Dorgathen, sobre quien cursa una imputación por los delitos de enriquecimiento ilícito, uso indebido de influencias, contratos lesivos al Estado, conducta antieconómica y resoluciones contrarias a la ley.
Informó que la comisión de fiscales debía remitir cinco documentos: la declaratoria de rebeldía, el mandamiento de apremio, la imputación formal, el informe emitido por el fiscal en relación al proceso y la solicitud a la Interpol de Bolivia para que ellos remitan la documentación a Francia.
Alarcón informó que, a raíz de esta situación, envió una carta al entonces canciller Fernando Aramayo hace meses, en la que le manifestaba que, al margen del tema del juicio penal en su contra, le pida al canciller de Brasil que sea expulsado, porque salió del país de forma ilegal, violando la Ley 1352.
“Hasta ahora no me ha contestado esa nota, entonces claramente acá hay una acción de encubrimiento a Dorgathen y; de Akly, ni que decir, habrá que ver ahora ¿dónde está Akly?, porque obviamente debería haber sido uno de los primeros de esta nueva gestión de Gobierno en ser citados”, afirmó.
Akly, designado como presidente de YPFB por el primer mandatario, Rodrigo Paz, se vio envuelto en el caso de la gasolina de mala calidad, que dañó miles de vehículos por la presencia de carbonilla, y fue destituido en medio de las protestas de los choferes del transporte público, que demandaban el resarcimiento por los daños.
Alarcón recordó que fue Akly el responsable de realizar la quinta enmienda al contrato suscrito con la empresa Vitol, cuando lo que correspondía era que ese contrato concluya y se adquiera gasolina de calidad al precio internacional, considerando que se levantó parcialmente la subvención por parte del Gobierno nacional.
“Akly hizo la quinta enmienda, aunque él no la firmó, como tampoco firmaba Dorgathen; lo que para mí es más grave todavía, Akly hizo la quinta enmienda el 17 de diciembre del 2025, ampliando el contrato base de gasolina con Vitol, que databa de la época de Dorgathen y de Arce, de mayo de 2025”, explicó.
Las primeras cuatro enmiendas al contrato de aprovisionamiento de combustible base con la empresa Vitol fueron suscritas durante la gestión de Armin Dorgathen, quien era el presidente de YPFB durante el Gobierno del expresidente Luis Arce, y están vinculadas a la internación de producto cuestionado, de acuerdo con una investigación parlamentaria.
“En ese Gobierno hicieron cuatro enmiendas, la quinta enmienda la hace Akly, el 17 de diciembre de 2025, cuando se levantó por decreto supremo la subvención de la gasolina y el diésel”, afirmó.
De acuerdo con el criterio del asambleísta, en lugar de hacer esa adenda, que ya no era necesaria, el contrato debería haber terminado. Sin embargo, fue Akly, quien fue designado en el cargo por el presidente Paz, quien amplió esta adenda de gasolina base, que es la que ha causado los problemas a los vehículos, hasta el 30 de junio de este año.
Lo que correspondía era comprar gasolina de uso directo para los vehículos y de la calidad acorde al precio internacional, sin la subvención. Este es un hecho gravísimo cometido por Akly, en el nuevo Gobierno, en contra del pueblo de Bolivia, y es probable que Akly hasta ahora ni siquiera haya sido cautelado, afirmó.
Sobre el mismo tema, el diputado Alejandro Reyes consideró que el informe de la Comisión de Investigación sobre la gasolina de mala calidad debe ser uno de los principales insumos a ser considerados por el Ministerio Público, como lo fue en su momento el informe sobre el caso Botrading.
“Me parece que son parte del mismo esquema, prácticamente puede ser hasta la continuación de posible corrupción del esquema Botrading, por lo tanto, acá la intervención que se está llevando a cabo (a YPFB), debe ser a fondo, este debe ser un insumo fundamental para dar con los autores de la posible corrupción”, afirmó.
Mientras que el diputado Manolo Rojas confirmó que hay más de 50 implicados identificados, porque se encontró la cadena de contaminación de la gasolina, y es importante que el Ministerio Público amplíe las investigaciones contra quienes corresponde.
