La falta de gasolina, la escasez de alimentos y las largas filas para adquirir insumos caracterizan a varias ciudades de Bolivia, especialmente La Paz, a 40 días del bloqueos de vías decretado por la Central Obrera Boliviana (COB), la Federación de Campesinos Tupac Katari y otras organizaciones.
Vía: Los Tiempos |
En las estaciones de servicio de la ciudad de La Paz, los choferes esperan hasta cuatro días para cargar combustible a sus vehículos entre taxis, vehículos particulares, camiones y motocicletas, sin que haya una solución.
Y en medio del caos, la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) reportó que se mantienen 90 puntos de bloqueo en seis departamentos del país, situación que dificulta la circulación interdepartamental y el abastecimiento de productos esenciales.
Los bloqueos impactan directamente en pasajeros, transporte de carga, alimentos, medicamentos y combustible, generando preocupación entre autoridades y ciudadanos.
La medida mantiene a la sede de Gobierno cercada y casi paralizada porque impide el trabajo normal del transporte público. Debido a ello, la Federación Departamental de Choferes de La Paz Primero de Mayo declaró un paro indefinido desde hace una semana. A esta medida de presión se sumó ayer la Federación de Choferes Chuquiago Marka, que inició un paro movilizado en la sede de Gobierno.
Estado de excepción
Ante la crisis, representantes de diferentes sectores como microempresarios, gremiales e instituciones públicas y privadas, exigen al Gobierno la declaratoria de estado de excepción como medida urgente para restablecer el orden y retomar las actividades productivas perjudicadas por los bloqueos en el país.
“Queremos que de una vez el Gobierno pueda declarar el estado de excepción. Aquí no hay dónde perderse: o es el Estado o son los grupos violentos”, indicó Edwin Fernández, presidente de la Confederación Nacional de la Micro y Pequeña Empresa de Bolivia .
Análisis
El conflicto que arrastra el Gobierno desde hace 40 días es “serio” porque no se trata de reivindicaciones de los movimientos sociales, sino de organizaciones criminales y delincuenciales en un Estado que tiene una débil institucionalidad causada por los gobiernos del Movimiento al Socialismo (MAS), sostiene la analista política y académica Jimena Costa.
En su criterio, los sindicatos pasaron a ser entidades corporativas y en una tercera fase operan grupos delincuenciales que pretenden asumir la representación política, dijo Costa.
