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Cinco municipios del norte paceño hicieron algo que parecía imposible: rompieron con los puntos de bloqueo que estaban asfixiando no solo su economía, sino su calidad de vida. ¿Cómo lo hicieron? La respuesta fue una estrategia que combina diálogo y vigilia, liderada por los alcaldes de los cinco territorios y respaldada por organizaciones sociales, cooperativistas, transportistas y vecinos, que durante casi un mes soportaron el aislamiento.
Vía: Sumando Voces |
La decisión no nació de una oficina ni en una reunión protocolar. Surgió de las llamadas de auxilio que llegaban desde comunidades confinadas, del personal de salud preocupado por las ambulancias sin combustible, de los mercados de abasto vacíos y de las familias que veían cómo los precios de los alimentos básicos se disparaban día tras día. En Mapiri, Guanay, Teoponte, Tipuani y Caranavi, el bloqueo de caminos —que ya lleva un mes— había comenzado a sentirse como una amenaza directa para la subsistencia cotidiana.
«Ya era insostenible», resume la alcaldesa de Mapiri, Eloisa Piza, en contacto con Sumando Voces. Cuenta que durante semanas observaron cómo se acumulaban los problemas: retrasos en la gestión municipal y problemas de abastecimiento de alimentos. Pero lo que terminó empujándoles a actuar fueron las imágenes que llegaban desde la carretera: camiones cargados con frutas, verduras, huevos y animales vivos que permanecían varados durante días. Con impotencia y desconsuelo, algunos productores tuvieron que desechar toda su mercancía.
«Ha sido muy doloroso ver esas imágenes: estaban trayendo cerdos a La Paz, varios camiones han botado cualquier cantidad. Duele. Con qué sacrificio uno emprende un negocio y han botado todo. Mientras la gente necesitaba alimentación, (en las carreteras) los animales estaban agonizando, las frutas pudriéndose. Cultivar es muy difícil y han tenido que botar todo eso. Botaron los huevos podridos, cuando en mi municipio no hay ni huevo», se lamenta la autoridad.
Pero el problema ya no era solamente económico. En Tipuani, el alcalde Francisco Pinto asegura que el bloqueo comenzó a afectar directamente el acceso a la salud. Las ambulancias se quedaron sin combustible y los pacientes tenían cada vez más dificultades para llegar a centros médicos de mayor complejidad. «Ayer nomás se me ha fallecido uno en la ambulancia. No hemos podido sacarlo a tiempo porque no había gasolina», cuenta con preocupación en una entrevista con Visión 360.
Según la autoridad, en su municipio ya suman 13 los fallecimientos que atribuye a las dificultades de acceder a atención médica o medicamentos durante el bloqueo. La cifra no ha sido verificada por instancias nacionales, pero refleja el nivel de alarma que existe en la región.
La crisis también golpeó el bolsillo de las familias. El precio de los alimentos básicos se disparó y el del combustible también. Un maple de huevos llegó a costar hasta 120 bolivianos. El tomate se vendía entre 25 y 30 bolivianos la libra. El litro de gasolina alcanzó precios de hasta 40 bolivianos en el mercado informal y una garrafa de gas llegó a ofertarse en 300 bolivianos en algunas comunidades. «Hay gente humilde que está llorando», resume Pinto.
En Guanay, el alcalde Marco Antonio Masco describe escenas similares. Madres buscando leche para sus hijos, personas mayores preocupadas por la falta de medicamentos y trabajadores que no podían generar ingresos porque toda la actividad económica estaba paralizada. «No había leche, no había queso. Las madres lloraban, los niños lloraban. Ya no nos quedaba otra», relata a Sumando Voces.
La minería, una de las principales fuentes de sustento de la región, también comenzó a resentir el cierre de caminos. Solo en Tipuani, las pérdidas en el sector superan los 10 millones de bolivianos, según estimaciones de las cooperativas. En una actividad donde el ingreso depende de la producción diaria, cada jornada sin trabajo significa menos recursos para cientos de familias.
La presión creció con los días
Con el paso de los días, la presión social creció. Los alcaldes comenzaron a recibir reclamos de vecinos, transportistas, productores y organizaciones indígenas que exigían acciones concretas. Muchos les reprochaban permanecer inmóviles mientras la situación empeoraba.
Entonces los cinco municipios decidieron actuar juntos. Las autoridades de Mapiri, Guanay, Tipuani, Teoponte y Caranavi sostuvieron reuniones previas y buscaron inicialmente corredores humanitarios para aliviar la situación. Sin embargo, los horarios restringidos no resolvían el problema de fondo. Los alimentos seguían escaseando, los precios continuaban subiendo y el combustible no llegaba.
ciudadanos, según las competencias que les otorga la Ley N° 031 Marco de Autonomías y Descentralización «Andrés Ibáñez». Es su deber velar por el bien común (artículo 5), garantizar el desarrollo humano (artículo 8) y garantizar el bienestar y la seguridad (artículo 9). En ese sentido, las autoridades municipales están facultadas para convocar formalmente a los sectores movilizados locales a mesas de trabajo técnico-humanitarias con el fin de proteger la vida.
Asimismo, amparados en el artículo 299 de la Constitución —que establece la salud y la seguridad ciudadana como competencias concurrentes—, los alcaldes pueden coordinar las accione para garantizar el acceso a estos derechos. Por ejemplo, gestionar «corredores de vida» para permitir el paso exclusivo de ambulancias y suministros médicos de emergencia.
Frente al desabastecimiento y el encarecimiento de productos provocado por las movilizaciones, las alcaldías cuentan con el respaldo de las prerrogativas que les otorga el artículo 302 de la Constitución, en lo referido al control de calidad, sanidad, transporte y venta de alimentos y la defensa de los consumidores. En ese marco, las autoridades pueden movilizar a la Intendencia y Guardia Municipal para prevenir la especulación y el ocultamiento de productos en los mercados locales, así como disponer de logística propia para crear mercados móviles de emergencia que alivien la crisis de abastecimiento.
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