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Por: María José Rodríguez Beller |
Tardó meses en salir del estado de negación. Había vivido en un hogar en el que el padre era un feroz controlador y la madre, que a diferencia de él trabajaba fuera de casa, aunque la familia política mantenía el mayor peso económico. En ese espacio que debía ser de protección se instaló una realidad de violencia mantenida en la sombra desde el temor. Cuatro años seguidos de abusos sexuales, permanecieron ocultos.
Todo salió a la luz casi por casualidad. Los padres atravesaban una crisis matrimonial y se hallaban momentáneamente separados. La madre sospechó una infidelidad y decidió encararlo. La conversación salió mal. Ante las evasivas, ella decidió requisar el teléfono. Por ese gesto recibió una golpiza, pero logró retener el aparato y escapar con él.
Más tarde, al revisarlo, encontró registros perturbadores. Las imágenes y videos eran elocuentes: revelaban agresiones sexuales reiteradas contra su propia hija. Una niña nacida antes del matrimonio y adoptada por el agresor cuando era pequeña. Los archivos mostraban que las agresiones se habían repetido durante cuatro años y que la joven era sometida mediante el uso previo de somníferos.
Los primeros años después de la revelación apenas pudieron sostenerse madre e hija. Lograron mantenerse en pie gracias a la asistencia psicológica y al resguardo cercano de la familia. Mientras tanto, el agresor había sido internado en un hospital psiquiátrico, primero en Bolivia y luego en Argentina. Al menos eso afirmaba su familia, poderosa por el dinero y una alta posición social.
En medio de esas circunstancias, la joven consiguió terminar el bachillerato y obtener un puesto en una universidad francesa. Ese era el boleto para escapar del horror. Un horror del que todavía no había hecho plena consciencia. El horror se niega porque es la única defensa cuando lo vivido resulta demasiado grande y doloroso para ser nombrado.
Pero el pasado regresó. El agresor volvió a Bolivia sin aviso y sin haber permanecido bajo tratamiento ni retención médica. En ese momento la familia de la víctima comprendió que el camino de la justicia era el único posible para proteger a las dos hijas: a la mayor, que había soportado cuatro años de abusos, y a la menor, que todavía se encontraba en riesgo.
Se inició entonces el caso judicial. Las pruebas son contundentes, registros en video e imagen que documentan agresiones sexuales sostenidas. Sin embargo, los abogados del agresor —respaldados por el poder económico familiar— trabajan para neutralizar esas pruebas argumentando que el teléfono fue obtenido sin una orden judicial previa.
Ese argumento omite un hecho esencial. El celular fue recuperado después de una golpiza brutal a la madre de la víctima, en circunstancias que pusieron en riesgo su vida. Esperar una orden judicial en ese momento habría significado permitir la desaparición del teléfono y, con él, la posibilidad misma de que la verdad saliera a la luz.
Hoy la familia de la víctima continúa luchando para que la justicia obre con justicia. Han entregado las pruebas y también las evaluaciones psicológicas que evidencian las profundas consecuencias del abuso.
El caso se ventila en los juzgados estas semanas. Y debería demuestrar que la justicia boliviana ha dejado de ser permeable a los poderes económicos, patriarcales y machistas que tantas veces han logrado inclinar la balanza en contra de las víctimas, mayoritariamente mujeres.
También es una oportunidad para saber si las jóvenes que no encuentran seguridad en sus hogares hallarán en este caso la fuerza para buscar ayuda y para poner entre rejas a quien abusa, causa dolor y destruye vidas.
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