LA MIRADA LEGALISTA DE VALVERDE Y LA LÓGICA POLÍTICA DEL PODER

Por: Fernando Untoja |

El error de ciertos analistas políticos consiste en reducir la crisis a una lectura puramente jurídica o declarativa. En política real, ningún actor que participe en una ruptura institucional aparece diciendo abiertamente: “quiero ser dictador” o “voy a dar un golpe de Estado”. La política funciona mediante estrategias de legitimación, construcción de consenso y aprovechamiento de las crisis.

Por eso sorprende una lectura excesivamente legalista de la coyuntura. Si el análisis se limita a afirmar que “tal actor no puede ser presidente” o que “la Constitución no lo permite”, se pierde de vista la lógica histórica del poder en Bolivia y América Latina. Precisamente muchos golpes de Estado se realizaron bajo el discurso de “defensa de la democracia”, “vacío de poder”, “pacificación” o “salvación nacional”.

La pregunta política verdadera no es únicamente qué permite la norma, sino quién gana con la crisis, quién necesita una ruptura institucional y quién podría beneficiarse de una reconfiguración del poder estatal.

Si la mirada es política y no meramente legalista, entonces cualquier actor con suficiente respaldo institucional, mediático, económico o militar puede terminar ocupando el poder, incluso si previamente parecía imposible. La propia historia boliviana demuestra que varios presidentes llegaron en medio de crisis excepcionales, transiciones ambiguas o rupturas de legitimidad.

Por ello, cuando se observa una conspiración en marcha, no se trata necesariamente de imaginar un plan secreto único o una reunión clandestina caricaturesca. La conspiración política moderna funciona articulando intereses diversos: sectores económicos preocupados por la crisis, actores políticos que buscan reposicionarse, operadores mediáticos que construyen el clima de ingobernabilidad y grupos que necesitan modificar la correlación de fuerzas para evitar responsabilidades futuras.

Ahí aparece otro elemento central: la búsqueda de impunidad. En muchos procesos políticos latinoamericanos, la disputa por el poder no sólo responde a proyectos ideológicos o económicos; también responde a la necesidad de protección política frente a posibles juicios, investigaciones o pérdida de influencia estatal. Cuando determinados actores sienten que el aparato judicial o político puede volverse en su contra, la tentación de acelerar una crisis institucional aumenta.

Por eso, una lectura estrictamente jurídica resulta insuficiente. La política no se mueve únicamente por normas escritas, sino por correlaciones de fuerza, alianzas, miedo, intereses y supervivencia de élites. La historia enseña que las rupturas institucionales rara vez se presentan con su verdadero nombre. Primero aparecen como discursos de transición, salvación o excepcionalidad. Sólo después la sociedad comprende que estaba frente a una disputa por el poder del Estado.

En consecuencia, la cuestión de fondo no es si alguien “dice” que quiere ser presidente. La verdadera cuestión es si la crisis está siendo utilizada para abrir las condiciones políticas que permitan conquistar el poder o garantizar impunidad bajo un nuevo equilibrio estatal.