Evo Morales describió este lunes a Bolivia como un país “totalmente paralizado”, denunció una operación militar y de inteligencia desplegada en sus inmediaciones para privarlo de su libertad o atentar contra su vida, y llamó a sus seguidores a sostener las movilizaciones hasta lograr la renuncia del presidente Rodrigo Paz.
Vía: Infobae |
“La Paz está totalmente cercada. Cochabamba cercado. Santa Cruz solo tiene salida hacia Tarija. Sucre cortado, Oruro y Potosí cortados, Oruro y Chuquisaca cortado. Prácticamente todo está paralizado”, afirmó el ex presidente en una entrevista con la argentina AM 530, La Radio de las Madres de Plaza de Mayo, desde el Trópico de Cochabamba, donde se encuentra refugiado. “Sorprende esa reacción tan auténtica, tan natural”, agregó.
Morales, que tiene orden de captura por un caso de trata de personas, ofreció su versión del operativo militar y policial del sábado, que el gobierno presentó como una acción para habilitar un corredor humanitario en las rutas entre La Paz y El Alto. “Anteayer sacó la fuerza militar y policial inconstitucionalmente. Y el pueblo lo derrotó”, dijo.
Según su relato, la operación comenzó a las tres de la madrugada y para las siete u ocho de la mañana las fuerzas del orden estaban siendo replegadas. “A las diez se escaparon militares y policías, emboscados. Ahora están parapetados, según la información que tengo, en la Plaza Murillo.”
Las condiciones para destrabar la crisis
El ex presidente, quien gobernó Bolivia entre 2006 y 2019, fijó tres condiciones que, a su juicio, debería cumplir Paz para abrir una salida al conflicto. “Primero, que se comprometa a no modificar la Constitución. Que si quiere modificar, mediante un referendo. Segundo, se comprometa a no privatizar luz, agua, los servicios básicos, tampoco los recursos naturales”, dijo.
A esas dos condiciones sumó una tercera: que cumpla sus promesas electorales de austeridad. “Él habló de austeridad. Dijeron que presidente y vicepresidente solo iban a ganar diez mil bolivianos al mes. Y ahora se han subido a veintidós, veinticinco mil bolivianos”, afirmó. También cuestionó que el actual mandatario haya elevado la renta vitalicia de los ex presidentes —que beneficia a su padre, Jaime Paz Zamora— de 27.000 a 33.000 bolivianos, cuando había prometido eliminarla. “Engañó con las promesas y el pueblo se levantó”, resumió.
El detonante de las protestas, según Morales, fue un paquete de diez leyes presentado por el gobierno hace una semana y media que incluye la privatización de hidrocarburos, minería, telecomunicaciones, servicios básicos y recursos naturales, además de modificaciones constitucionales que eliminarían el Estado plurinacional y reducirían el número de diputaciones uninominales.
Las medidas responden, según el ex presidente, a condicionamientos del Fondo Monetario Internacional, con el que el gobierno negocia un acuerdo de financiamiento pese a haber prometido en campaña no recurrir al organismo. “El fondo ha condicionado: primero, acabar con todas las subvenciones. Segundo, devaluación del tipo de cambio. Y tercero, privatizar todas las empresas públicas”, enumeró.
Morales también apuntó contra la Ley 1720, recientemente aprobada por la Asamblea, que reconvierte la pequeña propiedad en mediana propiedad. Por mandato constitucional, dijo, la pequeña propiedad es patrimonio familiar y no paga impuestos, pero al pasar a la categoría de mediana queda sujeta al pago de tributos y a la función económica social. Denunció además otra norma que obligaría al pequeño productor a tributar por sus ventas. “Si yo vendo mi arroz a cien bolivianos, pago cinco bolivianos. Ha vuelto el tributo indigenal”, afirmó. “Por eso el pueblo se levanta, para combatir al modelo neoliberal y al Estado neocolonial.”
“Acabar con nuestra vida”
El ex presidente advirtió que sobre él pesa una amenaza directa. “Pueden darse esa situación, pero es más sobre todo privarnos de libertad y si no, acabar con nuestra vida”, dijo al ser consultado sobre el riesgo de un desenlace similar al del dictador venezolano Nicolás Maduro.
Morales describió un despliegue militar a pocos kilómetros de su posición. Mencionó la presencia de francotiradores del grupo F10, Rangers del centro de entrenamiento de Cheyapata y efectivos de la Compañía de Inteligencia del Ejército. “Vestidos de paisano, detrás de Evo Morales”, afirmó. El regimiento de la Novena División del Ejército, agregó, se encuentra a entre diez y quince kilómetros del lugar donde está refugiado, junto a unos dos mil seguidores de las seis federaciones cocaleras que lo respaldan.
A ese cerco interno sumó una dimensión internacional. Denunció la llegada reciente de tres integrantes del Comando Sur de Estados Unidos para inspeccionar cuarteles bolivianos, la entrega de doce drones al ejército y la visita, semanas atrás, del comandante del Comando Sur, que se reunió con el alto mando militar. “La DEA opera ya públicamente, están bajando de aviones, de helicópteros”, agregó, sin presentar pruebas que respalden sus dichos. Cuestionó además la actuación del organismo estadounidense: “¿Cómo es posible que llegue marihuana líquida de Miami a Santa Cruz en un avión del ejército? La decomisaron en el aeropuerto de Viru Viru, estuvo como una semana y desapareció. Y no hay ningún detenido hasta ahora. ¿Y dónde está la DEA si la DEA lucha contra el narcotráfico?”
Persecución política
Morales insistió en que la causa judicial que pesa en su contra —una orden de captura por trata y tráfico de personas— es un montaje destinado a inhabilitarlo como candidato. “De los catorce años de gestión pública de presidente, no encontraron nada de corrupción”, afirmó. Repasó intentos anteriores que, según él, fracasaron: durante el gobierno de Jeanine Áñez, durante la gestión de Luis Arce con el caso del coronel Maximiliano Dávila —extraditado a Estados Unidos y quien, según Morales, declaró no tener nada contra él— y finalmente la denuncia actual.
“Usan, utilizan a un suboficial de la policía. En veinticuatro horas montaron todo, Lucho Arce, para que me hagan una demanda por trata y tráfico”, afirmó. Señaló que el 5 de mayo la presunta víctima presentó un escrito ante el juez declarando que no fue víctima de nadie. “Si no hay víctima, no hay delito. Eso es una norma universal”, afirmó. Pese a ello, el juez renovó la orden de aprehensión. “Cuando hay esta clase de conflicto y el gobierno está contra la pared, sacan esto para hacer publicidad, tratar de tapar con esta clase de hechos contra Evo el debate, los temas de fondo”, sostuvo.
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