Por: Carlos Ibañez Meier |
A pocos meses de iniciado el gobierno de Rodrigo Paz, los problemas acumulados ya no pueden ser considerados simples tropiezos de arranque. Por el contrario, configuran un patrón preocupante que amenaza seriamente la credibilidad del Ejecutivo, tanto frente a la ciudadanía como ante las principales organizaciones internacionales con las que Bolivia busca reconstruir confianza, financiamiento y cooperación. Escándalos de alto impacto, errores políticos no forzados y decisiones contradictorias con las promesas de campaña han debilitado el relato de renovación institucional con el que este gobierno llegó al poder.
El caso de las llamadas “narco maletas” se ha convertido en el símbolo más visible de esta crisis institucional. El ingreso de más de 30 maletas sin control por el aeropuerto de Viru Viru, utilizando un pasaporte diplomático caducado, la demora del Gobierno en transparentar el hecho, la falta de coordinación con la fiscalía general de la Nación y la desaparición de las maletas originales han alimentado una percepción extremadamente dañina: la de un Estado incapaz —o renuente— a controlar sus propios puntos sensibles frente al narcotráfico. Más grave aún es que este episodio haya derivado en acusaciones de encubrimiento gubernamental y en el uso político del término “narco Estado”, una etiqueta que, justa o injusta, tiene efectos devastadores sobre la imagen internacional del país. Las organizaciones multilaterales y los organismos financieros internacionales, con los que Paz afirma haber recuperado la credibilidad, observan estos hechos con particular atención, pues representan exactamente lo contrario de la institucionalidad y transparencia que Bolivia necesita proyectar.
A ello se suma la crisis por la mala calidad de la gasolina distribuida por YPFB, que ha provocado daños a miles de vehículos, protestas sociales y un fuerte deterioro de la confianza en la principal empresa pública del país. Las explicaciones oficiales, que atribuyen el problema a residuos heredados de gestiones anteriores, no han logrado convencer a una población que paga combustible a precio internacional y exige responsabilidades claras. Más inquietante resulta que YPFB haya pagado 8.8 millones de bolivianos a una empresa para control de calidad que aparentemente no detectó el problema, mientras se denuncia la presencia de mafias internas y sabotaje sin resultados concretos visibles. La retención de personal del anterior gobierno, junto con nombramientos de autoridades sin la experiencia adecuada en el sector energético, refuerza la sensación de improvisación y debilidad gerencial en un área estratégica para la economía nacional.
Paralelamente, problemas de control aduanero han permitido el contrabando masivo de cilindros de gas licuado hacia países vecinos, agravando el desabastecimiento interno y exponiendo la fragilidad institucional en múltiples frentes. Esta cadena de fallos —narcotráfico, combustibles adulterados, contrabando— revela no solo incompetencia administrativa sino una preocupante incapacidad del Estado para ejercer control sobre sus funciones básicas, precisamente en un momento en que el gobierno proclama haber conseguido más de 8,000 millones de dólares en financiamiento externo basándose en la recuperación de la credibilidad internacional.
Sin embargo, quizás el incumplimiento más grave de las promesas electorales sea el abandono de la meritocracia para cubrir puestos institucionales clave. El gobierno de Rodrigo Paz llegó al poder comprometiéndose a instaurar criterios técnicos y profesionales como base para los nombramientos públicos, pero la realidad ha sido radicalmente distinta. El caso del exministro de Justicia, Freddy Vidovic, designado pese a contar con una sentencia ejecutoriada por cohecho, marcó un punto de quiebre. Lejos de asumir el error y fortalecer los controles, la respuesta fue eliminar todo el Ministerio de Justicia, una decisión extrema que dejó más preguntas que certezas sobre el compromiso con la institucionalidad y el Estado de derecho.
La reiterada presencia de exfuncionarios de gobiernos pasados en cargos clave, algunos con trayectorias que se remontan a ocho administraciones distintas, contradice frontalmente el discurso de renovación. A esto se suman nombramientos de perfiles sin experiencia específica en áreas sensibles y la polémica por los elevados patrimonios declarados por varios ministros en un contexto de crisis económica. Aún sin que existan delitos probados, el mensaje político es claro: la meritocracia prometida ha sido reemplazada por una mezcla de reciclaje político, cuotas de poder y decisiones personalistas que reproducen los vicios que el gobierno denunciaba en sus predecesores.
Esta contradicción entre el discurso y la práctica no solo erosiona la autoridad moral del gobierno ante la ciudadanía boliviana, sino que representa un riesgo mayúsculo frente a los organismos internacionales. El Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Interamericano de Desarrollo y otras entidades que supuestamente han comprometido financiamiento sustancial condicionan sus decisiones a indicadores de gobernabilidad, transparencia y fortaleza institucional. Cada escándalo sin resolver, cada nombramiento cuestionable, cada explicación improvisada sobre fallas estructurales debilita el argumento de que Bolivia ha iniciado un genuino proceso de reforma institucional.
Si el gobierno de Rodrigo Paz pretende corregir el rumbo antes de que sea demasiado tarde, las medidas deben ser inmediatas, profundas y verificables. Primero, transparencia total y sin reservas en el caso de las narco maletas, incluyendo cooperación internacional efectiva con agencias especializadas, responsabilidades políticas claras y procesos judiciales sin interferencia. Segundo, una auditoría independiente y pública en YPFB, no realizada por consultoras afines al gobierno sino por entidades de reconocida solvencia técnica, acompañada de compensaciones reales y completas a todos los afectados y cambios gerenciales basados en criterios técnicos verificables públicamente.
Tercero, la revisión integral de los nombramientos institucionales en todos los niveles del Estado, estableciendo concursos públicos obligatorios con evaluaciones externas, criterios objetivos de calificación publicados previamente y la exclusión automática de personas con antecedentes penales, sanciones administrativas graves o conflictos de interés evidentes. Esta revisión debe incluir mecanismos de rendición de cuentas y evaluación de desempeño con consecuencias reales para quienes incumplan. Cuarto, el fortalecimiento inmediato de los controles aduaneros con tecnología moderna, protocolos internacionales y depuración de personal comprometido con actividades ilícitas.
Finalmente, el presidente Paz debe asumir públicamente que la credibilidad no se declama en discursos ni se construye con anuncios de financiamiento: se demuestra con coherencia entre palabra y acción, con rectificación honesta de errores y con decisiones que demuestren que ningún poder político está por encima de la ley. Bolivia necesita estabilidad, pero sobre todo necesita instituciones confiables y un Estado que funcione. Persistir en estos errores no solo debilita al gobierno, sino que pone en riesgo la confianza internacional que hoy resulta vital para la recuperación económica y la gobernabilidad democrática del país. El tiempo para actuar no es mañana: es ahora.
.jpeg)
