Vía: Raices Informativas |
A partir del 5 de febrero de 2026, el abogado Martín Daniel Irusta Flores se ha incorporado a la planilla de la Fiscalía General del Estado de Bolivia. Esta designación ocurre en un contexto donde el jurista mantiene antecedentes y registros públicos que contrastan con su actual función administrativa y judicial.
Irusta Flores ha ejercido como abogado defensor de figuras políticas de alto nivel, entre ellos el exministro Juan Ramón Quintana y el expresidente Evo Morales. A finales de 2024, fue objeto de una investigación por presunta Legitimación de Ganancias Ilícitas, vinculada al intento de compra en efectivo de un vehículo Audi por un valor de $us 95.000, el cual se pretendía registrar a nombre de la ciudadana Wendy Callaú.
En el Caso "Las Loritas", se registran antecedentes de asesoría legal brindada a Harold Lora, propietario de la constructora, quien actualmente enfrenta procesos penales por estafa y movimientos financieros irregulares. De acuerdo con los datos registrados en la Contraloría General del Estado, la declaración presentada por Irusta Flores para su ingreso a la Fiscalía General refleja los siguientes montos:
Bienes Activos: 0 Bs.
Rentas Recibidas: 0 Bs.
Total Pasivos (Deudas): Bs. 10.000
Por estas razones, el legislador de la Alianza Unidad, Alejandro Reyes, manifestó que solicitará informes al fiscal general del Estado, Roger Mariaca, para entender bajo qué criterios el abogado Martín Irusta fue aceptado para desempeñar funciones dentro del Ministerio Público en Sucre. Por su parte, al senador de la Alianza Libre, José Manuel Ormachea, le llamó la atención que Irusta haya sido aceptado con los antecedentes que este tiene; a su criterio se debería realizar una valoración meritocrática de las y los profesionales que asumen funciones dentro de una institución tan importante en el país encargada de llevar adelante procesos penales.
Irusta Flores también desempeñó, anteriormente, el cargo de Director Ejecutivo General de la Autoridad de Impugnación Tributaria (AIT). Su actual incorporación a la Fiscalía General del Estado sitúa a un profesional con investigaciones previas por delitos financieros dentro del organismo encargado de la persecución penal en el país.
