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Advierten que la falta de control estatal y el poder político de las cooperativas auríferas han derivado en una situación crítica para Bolivia, que pierde gran parte de su riqueza minera sin recibir beneficios proporcionales.
Vía: ANF |
Bolivia podría duplicar sus ingresos por oro y alcanzar los 3.000 millones de dólares anuales si logra controlar la explotación y comercialización de este recurso natural, según estimaciones del expresidente de la Corporación Minera de Bolivia (Comibol), Héctor Córdova, y del experto en ciencias químicas, Justo Zapata Quiroz.
Córdova señala que la falta de control estatal y el poder político de las cooperativas auríferas han derivado en una situación crítica para el país, que pierde gran parte de su riqueza minera sin recibir beneficios proporcionales.
En el podcast del semanario Hora 25, Córdova denunció que, solo en 2022, Bolivia exportó 3.073 millones de dólares en oro, casi en su totalidad a través de cooperativas (99,6%). No obstante, el Estado apenas recaudó 63 millones en impuestos y regalías.
“Son más de 3.000 millones que se van casi íntegramente a manos privadas sin retorno significativo para el país. El control del Estado sobre el oro es prácticamente inexistente”, advirtió el exfuncionario.
Córdova remarcó que menos del 15% de las entidades que explotan oro cuentan con licencia ambiental y que muchas violan la ley al asociarse con empresas privadas, lo cual está prohibido por la normativa minera.
Esta forma de operar convierte la actividad aurífera en “una cadena de ilegalidades”, afirmó el analista. Además, si se combate efectivamente el contrabando de oro —que, según el propio Ministerio de Minería, representa la mitad de la producción—, los ingresos del país podrían duplicarse.
Por su parte, Justo Zapata, docente emérito de la Universidad Mayor de San Andrés, identificó en el mapa metalogénico del país una amplia cuenca aurífera, especialmente en ríos que arrastran oro desde la cordillera.
“La riqueza está ahí. El problema no es la ausencia de recursos, sino la incapacidad —o falta de voluntad— del Estado para controlarlos y administrarlos con visión estratégica”, sostuvo Zapata.
Una de las preocupaciones centrales del experto es el uso indiscriminado de mercurio para la extracción de oro fino, especialmente en zonas aluviales. Esta práctica conlleva “efectos tremendos” en la salud humana y en el medioambiente.
Según Córdova, las comercializadoras de oro —el eslabón más rentable de la cadena— reportan solo un tercio de lo que compran para efectos tributarios. El resto lo pagan sin descuentos si se les garantiza producción futura, generando una distorsión estructural.
“Ellas manejan el mercado a su favor, con gran libertad, sin asumir riesgos y con altísimas ganancias. La comercialización libre, establecida por el decreto 21060, fue un error histórico que aún arrastramos”, criticó Córdova.
Para Zapata, este modelo de minería sin control ni planificación beneficia a pocos y perjudica al país entero. La solución pasa por una “refundación de Comibol” que le permita asumir un rol protagónico y estratégico.
“Solo el Estado puede desarrollar la minería de forma integral: con criterios científicos, tecnológicos, ambientales, sociales y políticos”, señaló.
El poder de las cooperativas auríferas es otro obstáculo. Córdova apuntó que organizaciones como Fecmabol (Federación De Cooperativas Mineras Auríferas de Bolivia) han ganado tal influencia que imponen al gobierno cuánto quieren pagar de impuestos.
Además, estas cooperativas tienen capacidad de presión política. “Llegan a influir en la designación de ministros, viceministros, e incluso en la elección de diputados y senadores”, alertó.
Actualmente, en Bolivia surge una nueva cooperativa aurífera cada tres días, lo cual, según Córdova, demuestra un crecimiento sin regulación, muchas veces asociado al avasallamiento de áreas protegidas o concesiones estatales.
A menudo, las cooperativas se asocian de forma ilegal con capitales privados que les proveen maquinaria pesada a cambio del 70% u 80% del oro producido, lo que reduce aún más los beneficios para los trabajadores y el Estado.
Córdova insiste en que Bolivia debe recuperar el control del oro no solo por razones económicas, sino también por soberanía y equidad. “No puede ser que nuestra riqueza financie redes privadas que no rinden cuentas”, subrayó.
Como alternativa, propone que el Estado intervenga directamente en la producción y comercialización, establezca cuotas de exportación fiscalizadas y combata con firmeza el contrabando.
Zapata coincide, pero agrega una arista más: la educación. “No solo se trata de extraer más o controlar mejor, sino de formar profesionales que puedan transformar esa riqueza en valor agregado, en productos elaborados”, sostuvo.
Ambos expertos concluyen que el potencial aurífero de Bolivia es inmenso, pero hoy está en manos equivocadas. Con decisión política, una Comibol renovada y una ciudadanía vigilante, el oro puede dejar de ser una fuente de corrupción y convertirse en motor de desarrollo.
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