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Vía: Infobae |
La denuncia documenta una serie de violaciones a los derechos humanos, que incluyen torturas, detenciones arbitrarias y ejecuciones extrajudiciales, perpetradas por las fuerzas de seguridad del Estado y otros actores vinculados al régimen.
Entre las pruebas presentadas, los juristas afirman que “las violaciones de derechos humanos en Venezuela no son casos aislados, sino parte de un patrón generalizado y sistemático”.
La denuncia, enmarcada en la investigación denominada ‘Venezuela I’, también subraya que “los responsables de estos crímenes ocupan altos cargos en el gobierno, lo que indica una política de Estado dirigida a la represión de la disidencia”.
Los juristas han recabado evidencias contundentes que, según ellos, demuestran un patrón sistemático de abusos que constituyen crímenes de lesa humanidad. Además, destacan que las víctimas incluyen “mujeres, discapacitados, personas mayores, indígenas y otros grupos vulnerables”.
En el documento se destaca el rol de diversas instituciones y actores estatales en la ejecución de estos crímenes, señalando la participación directa de altos funcionarios del gobierno venezolano. La denuncia se suma a otras acciones internacionales que buscan responsabilizar a los líderes del régimen por las violaciones de derechos humanos en el país.
La denuncia incluye alegaciones de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) ha sido “instrumentalizado para legitimar procesos fraudulentos y mantener el control político en Venezuela”, en complicidad con el régimen.
El documento presentado ante la CPI advierte cómo las fuerzas de seguridad del régimen, junto a los grupos paramilitares chavistas, han intensificado la persecución y represión tanto contra la oposición venezolano como contra la sociedad civil que salió a manifestarse en contra del fraude. “Los venezolanos se enfrentan a una política de Estado criminal, claramente anunciada por el propio Nicolás Maduro en sus últimos discursos sobre la amenaza de un ‘baño de sangre’ si no era reconocido como el ganador de las elecciones”.
Ante este contexto de violencia y represión, los firmantes solicitan a la CPI la emisión urgente de órdenes de arresto para los responsables de los crímenes de lesa humanidad en Venezuela.
Orlando Viera-Blanco, ex embajador de Venezuela en Canadá y uno de los firmantes del documento, hizo el anuncio este domingo en sus redes sociales: “Queridos venezolanos, no estamos solos. Tengo tanto el placer como el orgullo de informarles que, a la par de todos los pronunciamientos que durante toda la semana hemos podido conocer de importantes órganos multilaterales, ahora se suma un grupo de juristas de primer nivel internacional, magistrados, jueces, funcionarios, diplomáticos, incluso abogados que tienen práctica ante la Corte Penal Internacional, solicitando al fiscal de esta elevada corte que se libren las medidas coercitivas, las órdenes de detención, las comparecencias forzosas en el marco de las facultades que les confiere el Estatuto de Roma”.
Por su parte, la oficina del fiscal de la CPI advirtió el pasado lunes que está “monitoreando activamente” la situación actual en Venezuela, país que ya centra una investigación por crímenes de lesa humanidad abierta desde 2021, y subrayó que está “evaluando de manera independiente” los informes sobre posibles crímenes tras las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio.
En una nota distribuida a los periodistas en La Haya, sede de la CPI, la oficina de Karim Khan señala que, como práctica general, “no emite declaraciones públicas” respecto a desarrollos en curso, y alertó de que “está monitoreando activamente los eventos actuales” y ha recibido “múltiples informes de casos de violencia y otras denuncias tras las elecciones presidenciales del 28 de julio”.
Las autoridades electorales chavistas proclamaron ganador de los comicios al dictador Nicolás Maduro sin mostrar las actas. Este nuevo fraude del chavismo desencadenó una oleada de cuestionamientos, denuncias y protestas dentro y fuera de Venezuela.
“La oficina (del fiscal) está evaluando de manera independiente todos estos informes y otra información disponible dentro del alcance de su mandato y jurisdicción. La oficina ha afirmado previamente con éxito su derecho a continuar con las investigaciones en relación con la situación en Venezuela”, señaló Khan, que instó a compartir información “pertinente de manera rápida” a través de la web de la fiscalía.
En este sentido, subrayó que “si algún individuo u organización tiene información que pueda ser relevante para esta investigación en curso, le invitamos a que la envíe a través de OTP Link”, y prometió que esta será revisada y analizada por el personal de la fiscalía dedicado a la situación en Venezuela.
Además, Khan aseguró que su departamento “ha entablado diálogo con el Gobierno de Venezuela al más alto nivel para subrayar la importancia de garantizar que se respete el estado de derecho en el momento actual y enfatizar que todas las personas deben estar protegidas de violaciones que puedan constituir crímenes del Estatuto de Roma”, el tratado fundacional de la CPI, que incluye crímenes de guerra, de lesa humanidad y de genocidio.
La fiscalía concluyó su reacción a la situación en Venezuela asegurando que “continuará monitoreando de cerca la situación sobre el terreno con el objetivo de abordar de la manera más efectiva la situación actual de acuerdo con su mandato”.
El pasado 1 de marzo, la Sala de Apelaciones de la CPI rechazó los motivos de recurso contra la investigación -abierta desde noviembre de 2021- presentados por el régimen de Maduro, quien había asegurado que “nunca han ocurrido” crímenes de lesa humanidad en Venezuela, sino “un puñado de incidentes” que Venezuela ya investiga en tribunales nacionales, y no necesita que lo haga la justicia internacional.
