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Por: Carlos Bohrt Irahola |
Cuatro componentes del mensaje presidencial del 6 de agosto deben y pueden ser analizados para calificar su pertinencia y sus efectos:
1. Componente formal.
Los mensajes presidenciales del 6 de agosto están regidos por el artículo 172 de la CPE, cuyo numeral 12 dispone que en la primera sesión de la ALP debe presentar “informe escrito acerca del curso y estado de la Administración Pública durante la gestión anual, acompañado de las memorias ministeriales”.
Este mandato no fue cumplido por Luis Arce Catacora (LAC), quien habló de varios temas pero no informó sobre el curso y estado de la Administración Pública.
¿Por qué incumplió la disposición constitucional?, porque la fuerza y profundidad de la crisis son tales que el país entero y, naturalmente, el gobierno se encuentran agobiados por los fenómenos económicos y sus secuelas políticas y sociales. Diversos sectores de la población vienen exigiendo respuestas claras para resolver la crisis, recibiendo, en cambio, una nueva frustración: las soluciones no llegaron.
2. Diagnóstico de la crisis.
Las soluciones no llegaron porque, sencillamente, LAC no tiene, ni quiere tener, un diagnóstico real y objetivo de la crisis estructural. Según él la grave situación imperante en el país se debe a:
2.1. Las consecuencias de la pandemia del COVID (contracción del PIB, déficit fiscal del 12,7% en 2020, desempleo, etc.)
2.2. La guerra Rusia — Ucrania y los conflictos armados en Medio Oriente, que ocasionaron incremento en los precios del petróleo, cereales y otros alimentos, y las elevadas tasas de interés aplicadas en los principales países capitalistas.
2.3. La equivocada política hidrocarburífera aplicada en el período 2006 — 2019, cuyo resultado fue el agotamiento de los yacimientos del país y la ausencia de actividades exploratorias dirigidas a reponer las reservas. Es decir, los errores del largo período gubernamental de Evo Morales.
2.4. Los bloqueos de carreteras y paros registrados durante su gobierno, especialmente el de Santa Cruz vinculado al censo.
2.5. El sabotaje de la ALP, que se niega a aprobar los créditos públicos y otras leyes para enfrentar la crisis, reteniendo más de SUS 1.000 millones.
Es decir, todos son culpables de la crisis menos el gobierno encabezado por LAC. Semejante lectura de la situación le impide al Presidente identificar a cabalidad los problemas y, consecuentemente, diseñar las soluciones. Finge olvidar él, y pretende hacernos olvidar, que fue el Ministro de Economía de Evo Morales en 12 de los 14 años del gobierno de este último.
LAC, por ello, no enfoca el crónico déficit fiscal que se encuentra en la base de la crisis (entre 2014 y 2023 el déficit fiscal acumulado llegó a $US 30.219 millones), tampoco las causas que explican semejante desequilibrio fiscal (descomunal gasto corriente, tendencial balance comercial deficitario, creciente subvención a combustibles, empresas públicas creadas en el ciclo moasista) y las AL-BUS, “Análisis crítico del mensaje presidencial” transferencias directas a la población, cuya continuidad está en peligro si no se reduce y elimina el déficit fiscal). Y, por supuesto, tampoco atina a explicar la ausencia de divisas, especialmente dólares, en la economía, que está impulsando el alza de precios a niveles gravosos.
3. Primer bloque de propuestas.
Así LAC se niega deliberadamente a enfrentar la realidad, desmenuzar las causas de la crisis y diseñar las respectivas soluciones. Por ello, se limita a anunciar las siguientes acciones y medidas:
3.1. Convocará a un diálogo nacional con los productores (grandes, medianos y pequeños) para abordar los problemas de la economía y discutir qué hacer con el tipo de cambio, el uso de plataformas y pasarelas digitales, el uso de cripto-activos (bitcoin y otros). No aclaró el Presidente qué piensa hacer con el tipo de cambio (¿mantenerlo fijo o subirlo?, ¿si se propone subirlo, cómo?). Se deduce, por ello, que lo que pretende es descargar la responsabilidad de la decisión en quienes sean convocados al diálogo nacional.
Por otro lado no supo explicar su entendimiento de las plataformas y pasarelas digitales, ni cómo propone utilizar los cripto-activos para paliar la bajísima oferta de divisas en la economía.
Tal parece que LAC continúa aplicando la directriz de los ineficientes: “sj no sabes qué hacer crea una comisión”.
3.2. Plan de empleo para jóvenes emprendedores, con financiamiento concesional (7.5%). Se sabe que la población entre 18 y 30 años suma entre 2,5 y 3 millones de personas. De ellos ¿cuántos jóvenes son emprendedores?, la minoría sin duda, como acontece en los otros grupos etarios. Y de estos pocos, dado el contexto de recesión económica imperante, ¿cuántos podrán absorber una tasa de interés superior al 79%?
También en este caso, queda al descubierto que se trata de una propuesta demagógica y distraccionista. No obstante, esperemos que haga realidad la idea, así sea para beneficiar a un pequeño número de emprendedores jóvenes.
3.3. Incentivos fiscales para aumentar la producción de biodiesel.
La idea de sustituir el diésel importado y subvencionado con biodiesel viene aplicándose hacen varios años, sin disminuir sustancialmente las importaciones de dicho combustible.
Por otro lado, se sabe que la producción de biodiesel se viene realizando a partir de la soya e incluso maíz, cultivos que en su producción usan también el diésel subvencionado. Urge estudiar las subvenciones cruzadas y el alcance efectivo de la función sustitutiva del biodiesel.
3.4. Reducir la alícuota del impuesto a la repatriación de utilidades remitidas al exterior.
Esta medida sería efectiva para atraer inversión extranjera directa (IED) si estuviera acompañada de seguridad jurídica, ley de inversiones favorable y leyes sectoriales promotoras de la IED, lo que no sucede en Bolivia, sino todo lo contrario. Esta medida beneficiaría a los pocos inversionistas ya radicados en el país.
3.5. IVA cero (0) para la importación de hidrocarburos.
Esta acción sí podría contribuir a disminuir el gasto estatal dirigido a la subvención del diésel, a condición, empero, que la importación sea obligatoria para importantes sectores productivos como las cooperativas mineras, especialmente auríferas, parte importante de la agro industria y otros. Requiere además la aprobación de una norma que autorice la libre importación de AL-BUS, “Análisis crítico del mensaje presidencial” hidrocarburos y facilite la instalación de infraestructura privada para el suministro ordenado de los combustibles.
3.6. Liberación de las exportaciones, sujetas todavía a planes de abastecimiento interno.
Esta medida es un verdadero refrito, dado que en la actualidad se opera de ese modo. Los acuerdos de abastecimiento interno, correctos en su concepción, fueron empero utilizados para presionar a los exportadores, especialmente a los cruceños.
3.7. LAC propuso asimismo implantar la venta y fomentar el consumo de dos gasolinas no subsidiadas:
la Premium plus, a Bs. 5,71 el litro y la Ultra Premium 100 a Bs. 6.60 el litro, precios variables según las cotizaciones internacionales. Al mismo tiempo se mantendría la venta de la gasolina Especial con el precio subsidiado actual.
Esta propuesta deja en manos de los consumidores la gasolina que desean y/o pueden comprar, dependiendo de su nivel de ingresos y de los requerimientos de su parque automotor. En esta perspectiva, sería una medida positiva.
Pero, si progresivamente desaparece o disminuye la oferta de la gasolina Especial, se convertiría en un claro engaño para encubrir un real gasolinazo, caso en el que, cuando resulten accesibles sólo la Premium plus y Ultra Premium 100 nada podrá detener los severos impactos en las tarifas de transporte y en el nivel general de precios.
Por otro lado, la medida tendrá un efecto reducido en el problema global de las subvenciones a los combustibles, dado que éstas están dirigidas en un 80% al diésel.
Conclusión sobre este primer bloque de propuestas: por las razones anotadas en los puntos anteriores, las acciones y medidas anunciadas por el Presidente resultan insuficientes para controlar y superar la crisis económica que aqueja al país. Ellas no actuarán sobre las cusas reales de la crisis, por un lado, y su efecto sobre las manifestaciones de ella serán notablemente reducidas, en el mejor de los casos. Definitivamente, las acciones no resolverán los déficits en las ofertas de carburantes y de dólares, ni contribuirán a disminuir el déficit fiscal.
4. Segundo bloque de propuestas.
El Presidente cerró su mensaje añadiendo una acción política: convocar a referéndum para que las y los electores decidan qué hacer con la subvención a los hidrocarburos, la distribución de los escaños parlamentarios y la naturaleza de la reelección presidencial continua y discontinua. Veamos:
4.1. Subvención al diésel y gasolina.
La gestión de los hidrocarburos es competencia privativa del gobierno nacional (Art. 298.1.18 CPE), de manera que la mantención o eliminación de la subvención al diésel y gasolina es una política pública que debe ser adoptada por el Órgano Ejecutivo. Esa es su obligación. Por ello, someter a referendo nacional la subvención entraña transferir al cuerpo electoral una competencia privativa y, por ende, implica el incumplimiento de deberes y obligaciones. Consecuentemente, si Arce Catacora somete efectivamente este delicado tema a referéndum incurrirá en elusión de obligaciones, desnaturalizando su mandato.
Hay algo más, el resultado de la consulta popular sólo puede disponer la mantención o la eliminación de la subvención. Cualquiera fuese el resultado, los responsables de las consecuencias seremos los votantes, efecto buscado, en realidad, por el Presidente.
AL-BUS, “Análisis crítico del mensaje presidencial”
Peor aún, si el resultado obligase a mantener la subvención, la imposibilidad de adoptar una política distinta maniatará no sólo a LAC, sino también al próximo gobierno, prolongando peligrosamente una de las causas de la crisis y, al mismo tiempo, parte de sus manifestaciones.
4.2. Distribución de los escaños de diputados.
Por mandato del artículo 146 de la CPE, la distribución de los escaños de diputados responde a cuatro reglas: 1. Existe un número fijo de diputados, 130 en total, 2. La distribución entre los departamentos se realiza en función del número de habitantes de cada uno de ellos, según el último censo nacional, 3.
Además del criterio poblacional, por equidad debe asignarse un número de escaños mínimo a los departamentos con menor población y menor grado de desarrollo económico, y 4. La competencia para la distribución es del Órgano Electoral.
No siendo su competencia, ¿qué busca LAC al someter el asunto a referéndum? Evitar que los resultados del último censo nacional —que no podrán sino reflejar los efectos poblacionales de la constante migración interna hacia Santa Cruz— determinen el aumento de escaños en favor de este departamento, los que inevitablemente tendrán que ser cedidos por los departamentos del occidente, cuya votación, según el MAS, le es favorable, en mayor medida que la de los electores del oriente.
Con esta propuesta, Arce Catacora pretende impulsar un debate nacional en torno a este tema, levantando así otra cortina de humo para tapar los graves problemas económicos, por un lado, y busca aumentar artificialmente la representación parlamentaria masista en 2025, por otro lado. Queda en evidencia, así, que Arce Catacora es de la misma calaña que Evo Morales: ambos no dudan en atentar contra su Constitución si esta no les favorece.
4.3. Naturaleza de la reelección presidencial.
Antecedentes del tema: sobre la naturaleza de la reelección presidencial continua, el pueblo boliviano ya se pronunció en el referendo del 21F: la mayoría dijo no a la modificación del art. 168 de la CPE; existen además la Declaración de la Corte Interamericana de DD. HH. y una Sentencia Constitucional del TCP sobre el asunto. No obstante, es también cierto que el mencionado art. 168 no es del todo claro respecto a la reelección discontinua. Por último, el núcleo de la dura pelea interna en el MAS radica en esta cuestión: la corriente “arcista” afirma que Evo Morales no puede, ni debe ser reelecto, en tanto que este último y su facción buscan imponer la reelección de Morales.
Queda claro, entonces, que sometiendo a referendo la dilucidación de la reelección discontinua, lo que busca Arce Catacora es que seamos las y los bolivianos quienes zanjemos su pelea interna. No sólo amenaza agravar la crisis económica anteponiendo la guerra masista a la función de gobierno, sino que pretende ahora descargar sobre las espaldas de los electores la solución a la degradante pelea entre los responsables de la crisis.
Sólo cabe cerrar este análisis crítico del mensaje presidencial con una afirmación categórica: ¡¡Basta del manoseo masista a la institucionalidad del país!! Ha llegado la hora de impulsar cambios radicales en la política, el gobierno y el Estado bolivianos. Unidos por la Patria lo lograremos.
| Carlos Bohrt Irahola es Secretario Ejecutivo Nacional de Al-Bus
