LEY JUBILACIONES: SOLIDARIDAD CON PLATA AJENA

El analista económico Gonzalo Chávez critica el carácter “abusivo” del Gobierno en su proyecto de ley sobre el sistema de pensiones, porque define quiénes se jubilan a los 65 años, fija un fondo “solidario"- “obligatorio” y deja libres de trabajar más allá del límite a autoridades electas y designadas.

Vía: ANF | 

Chávez explicó el por qué considera que la reforma de pensiones es un “engaño”, en un escenario de cambios complejos que se están produciendo en el sistema de pensiones en el país.

Observó que el proyecto de ley de reforma del sistema de pensiones, presentado por el gobierno, prevé aumentar el dinero para el “fondo solidario" que beneficiaria a algunos grupos relacionados al gobierno, “para eso se pretende colocar un impuesto disfrazado de contribución solidaria a los trabajadores que -según ellos- ganan mucho dinero”.

“Los hermanos y compañeros hacen solidaridad con plata ajena, una contribución solidaria debería ser de carácter voluntario, es una colaboración, pero no un aporte solidario que se trata de una imposición a los asalariados, a las empresas formales”, añadió.

Dijo que la justificación es que los trabajadores que aportan serían privilegiados del sistema y que “no es mucho dinero, ellos deciden eso", comentó.

Protestó que esta decisión no permite a los ciudadanos a “recusarse a pagar”, es decir es un “vulgo impuesto decorado con artimañas legales envuelto en el celofán de la solidaridad. ren hacer solidaridad hagan con la plata del gobierno o bájense los salarios”, insistió.

Observó que el proyecto de ley establece un límite de jubilación para “obligar” a las personas a retirarse a los 65 años. En su opinión es una “curiosa intromisión en la vida de las personas, que coarta el derecho a la sobrevivencia, es decir al trabajo.

“Lo deseable es que las personas jubiladas no trabajen, pero qué pasa si tienen que seguir buscándose la vida porque su miserable renta no les alcanza para nada”, afirmó en tono crítico al señalar que es inadmisible que unos burócratas o militantes del partido tengan la potestad -con base en un informe médico- de definir quién puede seguir o no trabajando. “Se meten en tu vida”, reiteró.

Aunque en su opinión, lo más “patético” es la “regla leonina” del límite de años que se aplica a todos los trabajadores, pero quedarían exentos de la norma el presidente y vicepresidente del Estado, ministros, viceministros, senadores, diputados, gobernadores, alcaldes, gerentes, a quienes “mantenemos con nuestros impuestos (..) ellos pueden trabajar hasta los 100 años”.

“Se encuentran exentos de aplicación del parágrafo 1 que obliga la jubilación a los 65 años las autoridades electas o de libre nombramiento”, protestó.

Según Chávez, hay mucha gente que tiene que seguir trabajando porque sus rentas son “miserables” y “paupérrimas”, cree que las personas merecen jubilaciones dignas no con el 20 o 30% de sus salarios pasados, sino con el 100% como se jubilan los militares.

“La jubilación es un derecho, la gente debería poder retirarse dignamente, pero las rentas que reciben con paupérrimas. Asimismo, los servicios de apoyo a las personas de la tercera edad como la salud son pésimos”, sin embargo, los fondos solidarios no resuelven los problemas estructurales “son parches políticos insostenibles financieramente”, explicó

El experto en temas económicos señaló que es una problemática compleja que requiere soluciones, en esa línea hizo algunos planteamientos como buscar rentas dignas para todos, recuperar la Gestora publica de los militantes del partido de gobiemo, reformar el sistema y que haya más competencia, jubilar a la gente con el 100% de su salario pasado, buscar que las inversiones de los aportes vayan afuera para que ganen más, revolucionar el tema productivo (porque) ahí está el problema a que haya más empleos basado en el sector privado y evitar esta abusiva y prepotencia del Estado que ahora te va a decir quiénes trabajan y quiénes no trabajan”.

Como apuntes señaló que un grupo de militantes del partido de gobierno se hizo cargo de más de 29.000 millones de dólares de los aportes de los trabajadores. Además, de crearse un monopolio público con la Gestora de largo plazo y que es gestionada por gente que no conoce del sector pensiones.