Por: Edwin Herrera Salinas |
Nunca fueron complemento el uno del otro. No fueron una yunta política ni siquiera en tiempos de campaña. Se necesitaron solo para anunciar la alianza electoral y luego cada quien buscó su objetivo. Los momentos en que aparecieron juntos pueden ser contados con los dedos de una mano. Uno ganó la elección municipal y el otro quedó fuera de toda posibilidad en la carrera departamental.
Los actores de esta historia dieron por terminada su relación de casi dos años, luego de unirse por conveniencia en el departamento y el municipio de La Paz. El rompimiento parece irreversible por las declaraciones públicas de Rafael Quispe, presidente de la alianza fallida, y de Iván Arias, alcalde en representación de ese proyecto meramente electoral.
En la interna, la ruptura se oficializó a poco de celebrar los 474 años de fundación de La Paz y después de duras acusaciones entre ambos bandos sobre acuerdos espurios con el masismo, agresiones verbales que provocaron hasta desmayos, falta de confianza por manifiestos intereses de ambas partes que van más allá del bien común y mutuas sospechas de irregularidades en la administración municipal.
Irónicamente, todo lo anotado es lo que en campaña prometieron que no cometerían porque son las viejas prácticas de la política en el país y, según ellos, su alianza buscaba administrar los intereses de la comunidad con una visión renovada de la gestión pública. Los primeros engañados fueron los que se incorporaron a ese frente pensando que se trataba de un esquema verdaderamente renovador.
Siempre entre bambalinas, los ahora exaliados se acusaron de haberse vendido al masismo, unos para garantizar el quórum mínimo en una sesión que aprobó una ley de fiscalización al Alcalde y sus colaboradores, además de una distinción al Presidente por la fundación de Nuestra Señora de La Paz, y otros por haber faltado a esa misma sesión en la que la bancada del MAS hizo lo que quiso.
El resultado de la fractura es que Arias gobierna ahora La Paz en minoría, con cinco de los 11 miembros del Concejo. Los otros cinco pertenecen a filas del masismo y Lourdes Chambilla, la concejala que responde a Somos Pueblo del Tata Quispe, tiene el escenario abierto para hacer valer su condición de voto de oro tras romper las ataduras que la sometían al ritmo del Ejecutivo municipal.
Aquí hay que señalar que no es la primera vez en este siglo que los alcaldes paceños gobiernan en minoría. En sus primeras gestiones Juan Del Granado y Luis Revilla enfrentaron problemas de gobernabilidad política en el Concejo con la fallecida Cristina Corrales (2000-2004) y el intragable Omar Rocha (2010-2014), aunque éstos llegaron al legislativo edil con otros partidos.
Supieron sortear los escollos que representaron Corrales y Rocha, aunque no estuvieron exentos de momentos críticos, ya que lo prioritario para ellos era el cumplimiento de sus programas de gobierno municipal sin afectar la otra gobernabilidad, la más importante, aquella que se forja con firmeza, se modula con astucia y se consolida con generosidad en el conjunto de la comunidad.
En este punto las cosas no se pintan nada favorables para la actual gestión municipal por el creciente descontento entre los vecinos y las presiones que comenzaron a ejercer organizaciones vecinales, sectores sociales y grupos de poder para intentar sacar provecho al momento de crisis de gobernabilidad que enfrenta Arias y su administración local.
A guisa de ejemplo, se convocó a una cumbre para reordenar el caótico transporte en la sede de gobierno cediendo de entrada con el anuncio de archivar las tres nuevas rutas del servicio de La Paz Bus: Pasankery, Mallasa y Alto La Portada, ¿Qué hizo la dirigencia de los choferes? Asegurarse el monopolio en esos y otros trayectos, y desbaratar la cumbre convocada por el locuaz Alcalde paceño.
En el terreno político-partidario, seguramente la gestión de Arias tratará de sobrevivir los tres años y medio que le quedan haciendo acuerdos circunstanciales con las fuerzas representadas en el Concejo, incluso con su exaliado político, cuando el Ejecutivo requiera la aprobación de normas, presupuestos y, si es el caso, iniciativas en favor de la gente.
Pero, tendrá una negra ingobernabilidad con el conjunto de la comunidad, sobre todo cuando se conecten el descontento ciudadano, la presión de poderosos sectores sociales y representaciones vecinales, y el chantaje de los políticos, dentro y fuera de su agrupación partidaria. Será entonces en que La Paz retrocederá definitivamente a las administraciones edilicias del siglo pasado.
| Edwin Herrera Salinas es periodista
