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El Comité Nacional de Defensa de Tariquía, conformado por diferentes instituciones y legisladores, presentó ayer una acción popular en la que pide la abrogación de cuatro leyes que aprueban las operaciones petroleras en las áreas San Telmo Norte y Astilleros, ubicadas al interior de la Reserva Nacional de flora y fauna de Tariquía.
Vía: Los Tiempos |
Se trata de las leyes 1014, 1015, 1049 y 1050, que fueron aprobadas entre 2017 y 2018 durante el gobierno de Evo Morales. Con ellas, las operadoras YPFB Chaco y Petrobras Bolivia tenían el aval para iniciar actividades exploratorias en dichas áreas.
Pese al constante rechazo de las comunidades aledañas al área protegida, el Gobierno nacional minimizó en reiteradas oportunidades el impacto de las actividades petroleras en la reserva. En abril, el viceministro de Exploración y Explotación de Hidrocarburos, Raúl Mayta, aseguró que el proyecto Astillero X-1 sólo intervendrá un 0,004 por ciento de la reserva.
Mayta dijo que, en caso de resultar exitoso el primer pozo, se perforarán otros 10 y que aún así el impacto en la reserva solamente llegará al 0,4 por ciento.
La acción popular fue presentada en contra del presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional, David Choquehuanca. De manera específica, pide dejar sin efecto los contratos aprobados con mencionadas empresas operadoras, así como con otra que adujera derechos para explorar o explotar dentro de los límites de la reserva.
También pide notificar a las operadoras que estuvieran realizado actividades hidrocarburíferas al interior de la reserva para que paralicen todo tipo de actividades.
Además de la abrogación de las cuatro leyes, la acción popular pide llevar a cabo una consulta previa obligatoria a los habitantes de las comunidades afectadas por los proyectos de exploración San Telmo y Astilleros.
“Consulta previa obligatoria que deberá efectuarse observando estrictamente lo previsto en los artículos 30.10.15 de la CPE y el procedimiento establecido en las Leyes 3058, 026 y DS 29033 en lo esencial, más toda otra normatividad que tenga que ver con la problemática que nos ocupa”, dice el documento.
Minimizan impacto
En medio de constantes observaciones, Mayta dijo que el proyecto Astilleros ocupa once parcelas de la reserva, un equivalente al 0,004 por ciento del total.
“Estamos hablando de recursos recuperables por encima de 1,3 trillones de pies cúbicos (TCF) y representaría sólo este proyecto, 500 millones de dólares en regalías departamentales”, afirmó la autoridad.
En 2018, YPFB anunció una inversión de 193 millones de dólares en el proyecto San Telmo Norte y de 489 millones en Astilleros.
La semana pasada, la diputada de Comunidad Ciudadana Luciana Campero informó que YPFB Chaco y la empresa Servipetrol abrieron camino para ingresar a la reserva con al menos 200 trabajadores y cuatro maquinarias, provocando un evidente daño ambiental.
Masiva marcha en Tarija
Los representantes de las comunidades aledañas a la reserva Tariquía, instituciones cívicas de Tarija, la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (Apdhb), el Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade), parlamentarios y grupos ambientalistas realizaron ayer en esa ciudad una marcha de protesta en rechazo a las operaciones hidrocarburíferas en la reserva.
“Ni oro ni gas, Tariquía no es del MAS”, decían los manifestantes.
Ramiro Ugarte, parte del grupo de ciudadanos que presentó la acción popular, dijo a El Deber que se busca la defensa de los derechos colectivos porque se involucra a la población y al medioambiente de esa área protegida.
