Por: Mario Marañón |
TOP SECRET EN EL TRÁFICO ILEGAL DE ORO EN VIRU -VIRU
Ministro Oviedo confirma robo de 22 kilos de oro aunque señala que “está en investigación” y que liberación de 5 personas se debe esclarecer
La incautación de un millonario cargamento de oro puro en el Aeropuerto Internacional de Viru Viru, en Santa Cruz que asciende a 189.5 kilogramos de oro con un valor internacional real de 25 millones de dólares— pone en evidencia un secreto a voces: la Aduana Nacional, las zonas restringidas de la terminal aérea cruceña y las fuerzas de seguridad arrastran una crisis de corrupción estructural que ha trascendido las siglas del gobierno de turno.
En una conferencia de prensa de emergencia brindada la noche de este jueves 23 de julio, el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, rompió el silencio oficial y, acorralado por las filtraciones, se vio obligado a convalidar los peores temores de la opinión pública: la existencia de una alarmante discrepancia en el pesaje del botín y la irregularidad de las liberaciones express en Satélite Norte [I, 1].
Durante su alocución, el titular de la cartera de Gobierno confirmó que las cuatro maletas plásticas tipo cajas de herramientas interceptadas por el control policial contenían un total de 77 lingotes de oro puro con destino final a los Emiratos Árabes Unidos. Oviedo ratificó que el cargamento era completamente ilegal debido a que el SENARECOM constató que "el oro no tiene registro" y el código QR presentado "no tenía lectura alguna" en las plataformas informáticas de fiscalización minera.
Sin embargo, el punto de quiebre de la conferencia ocurrió cuando el ministro tuvo que admitir de forma directa la desaparición de parte del mineral en el trayecto de custodia. "Efectivamente se ha reportado que serían algunos kilos de encima, creo que algo de 22 kilos", reconoció de manera textual, intentando matizar la gravedad del hurto institucional bajo el argumento de que "esto está sujeto a la investigación" que llevan adelante la Policía Boliviana y el Ministerio Público.
Buscando desmarcarse del cortocircuito político y de las sospechas que apuntan a "telefonazos ministeriales" hacia un miembro del propio gabinete, Oviedo ensayó un discurso de transparencia afirmando que "este Gobierno no va a encubrir ningún caso de corrupción". En un inusual movimiento que delata la fractura y la desconfianza interna entre el Órgano Ejecutivo y los mandos policiales intermedios, el ministro ordenó de forma pública establecer quiénes autorizaron la liberación exprés de los cinco involucrados originalmente arrestados por la capitán Guzmán, exigiendo además conocer de inmediato el paradero exacto de los dispositivos electrónicos y teléfonos celulares secuestrados durante el operativo, los cuales presuntamente contienen los registros de las llamadas dirigidas hacia altos despachos de La Paz.
Oviedo, informó que un control policial impidió la salida de 189,5 kilogramos de oro desde el aeropuerto de Viru Viru y que Adrián Lema Roca permanece detenido por presuntos delitos vinculados al cargamento. Señaló que las cuatro maletas contenían 77 lingotes con destino a Emiratos Árabes Unidos y que, al revisar los documentos, Senarecom reportó que “el oro no tiene registro”, mientras el código QR “no tenía lectura alguna”.
Oviedo ordenó establecer quiénes autorizaron la liberación de cinco involucrados, conocer el paradero de los dispositivos electrónicos secuestrados y confirmar la cantidad real del mineral. “Pedimos que se informen las causas para la liberación de los cinco implicados”, manifestó. Sobre la diferencia entre los 211 kilos reportados inicialmente y los 189 kilos comisados, afirmó que existirían unos 22 kilos adicionales y aclaró: “Esto está sujeto, como dije, a investigación”.
Las Versiones en Disputa: El Reporte de DTV sobre una Llamada de la Madrugada
El trasfondo político del caso adquirió una nueva dimensión tras la revelación de un reporte periodístico difundido por la Red DTV, el cual expone el nivel de tensión y las contradicciones institucionales que se habrían generado durante las horas del operativo.
De acuerdo con el informe de la Red DTV, presuntamente se habría producido una conversación telefónica tripartita durante la madrugada de la incautación, en la que habrían participado el presidente ejecutivo de la Aduana Nacional, Alberto Soto de la Vía; el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo; y el director nacional del SENARECOM, Armando Magne Zelaya,
La Red DTV reportó que, en dicha comunicación, Soto de la Vía presuntamente habría manifestado que el cargamento contaba con la documentación en regla para ser exportado a Dubái por una empresa formal, señalando que desconocía las razones técnicas de la retención . Siempre según la versión de este medio televisivo, la respuesta del director del SENARECOM habría sido tajante al plantarse en seco y sostener que "esa carga es ilegal", argumentando que la autorización presentada era falsa y que el código QR obligatorio no figuraba válido en los registros informáticos de control minero . Aunque esta polémica conversación telefónica no ha sido ratificada de manera oficial por los despachos ministeriales, la difusión del reporte periodístico pone sobre la mesa el choque de criterios entre la entidad aduanera y el ente regulador minero.
El Defensiva de la Aduana: El Comunicado Oficial que "Sustenta" el Escándalo
Ante la magnitud del escándalo, la Aduana Nacional emitió un comunicado de emergencia buscando deslindar responsabilidades . En el documento, la institución asegura que su personal de turno tomó conocimiento de la irregularidad a través del propio responsable del vuelo chárter, quien alertó sobre pasajeros que tenían equipaje de mano con mercancía consistente en oro . Al verificar su sistema informático "SUMA" y no hallar registros, la Aduana convocó al SENARECOM, cuyo técnico reportó como inválido el formulario M-03.
Sin embargo, el comunicado de la Aduana Nacional termina hundiendo el procedimiento posterior: el texto institucional remarca textualmente que la alerta se dio por "varios pasajeros con equipajes en mano" . Esto desnudó de inmediato la falsedad de los informes posteriores de la Policía que pretendían acorralar el delito en un solo implicado civil.
El "Ministro" en el Teléfono y las Contradicciones de la FELCC
La trama abandona el ámbito del control aduanero y entra de lleno en las esferas del encubrimiento oficial al analizar lo ocurrido en la comisaría de Satélite Norte. Los datos informativos de la Red DTV confirman que fueron seis las personas trasladadas originalmente a dependencias policiales a las 03:00 de la madrugada, tras constatarse que mantuvieron comunicación permanente con un contacto al que llamaban insistentemente “Ministro”, esperando instrucciones sobre su situación jurídica.
Tras la aparición de un abogado no identificado que operaba en los pasillos y bajo la responsabilidad directa de la encargada de la comisaría, la capitán Denise Guzmán Montesinos, cinco de los seis arrestados recuperaron su libertad de forma express en la madrugada .
Ante el escándalo por este silencioso procedimiento, el director departamental de la FELCC, el coronel Jhonny Coca, ensayó una polémica justificación oficial: confirmó que inicialmente se arrestó a cinco personas y se aprehendió a una, Se mando que el investigador designado, "coordinando con el Ministerio Público, soltó a los que estaban como arrestados" tras tomarles su declaración. Según el coronel Coca, los liberados express eran personal de la Aduana Nacional, técnicos del SENARECOM y dos allegados del aprehendido (un amigo y un familiar), omitiendo investigar las sospechosas llamadas y la facilitación física inicial en la zona de Rayos X.
El Misterio de la Balanza: ¿Quién se robó los 22 kilos de oro en el camino?
A la liberación exprés de los sospechosos se suma ahora una vertiente delictiva escandalosa: la presunta desaparición de una parte sustancial de la carga incautada bajo custodia oficial [I, 1]. De acuerdo con las revelaciones y las imágenes del primer pesaje técnico realizado en el propio aeropuerto de Viru Viru, el cargamento secuestrado arrojó un total real de 211 kilogramos de oro puro. Las actas fotográficas iniciales desglosaban el mineral distribuido de la siguiente manera en las cuatro maletas: 49,0 kg, 48,2 kg, 52,2 kg y 61,6 kg.
Sin embargo, en una de las incongruencias procedimentales más graves del caso, cuando el cargamento llegó finalmente a las dependencias de la FELCC de Satélite Norte, el informe emitido por la capitán Gómez reportó de manera oficial que el cargamento pesaba únicamente 189 kilogramos.
Esta brecha matemática arroja una diferencia alarmante de 22 kilogramos de oro —valuados en casi 3 millones de dólares— que se desvanecieron misteriosamente en el trayecto entre el aeropuerto y la comisaría. Testigos presenciales y fuentes ligadas a la investigación han comenzado a apuntar a la presunta participación y complicidad de un fiscal asignado a esa zona jurisdiccional, una grave acusación que las autoridades competentes se verán obligadas a investigar para esclarecer quién o quiénes se quedaron con el millonario faltante de mineral precioso que ya estaba bajo precinto estatal. [1]
Mientras la Policía se esforzaba por justificar las liberaciones y se consolidaba el misterio de los 22 kilos robados, el verdadero cerebro logístico del megaescándalo escapó del país en total impunidad. Los registros oficiales de vuelo confirmaron que la aeronave privada con matrícula PS-ZRZ, que había arribado desde Corumbá (Brasil) para llevarse el cargamento, ya abandonó el espacio aéreo boliviano. El avión ejecutivo despegó y salió del territorio nacional mientras las autoridades judiciales aún intentaban camuflar quién contrató el vuelo chárter.
De esta manera, el procedimiento en Satélite Norte consumó la maniobra judicial clásica: concentrar toda la responsabilidad penal en el eslabón más débil de la cadena . El único imputado tras las rejas es Adrián Lema Roca, el joven transportador de 20 años (mencionado por la Policía como de 22) presentado ante los medios como el encargado absoluto del botín . Tras la misteriosa orden de liberación de sus acompañantes y la fuga de la aeronave, el joven se ha acogido al derecho constitucional del silencio absoluto ante la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción. Esta "ley del silencio" sella la boca del único eslabón que podría identificar el organigrama corporativo y los nombres de los altos mandos ministeriales involucrados.
El Blindaje Legal: El Negocio Detrás del Anonimato Corporativo
La opacidad que rodea a los verdaderos dueños de los 25 millones de dólares no es un accidente; es el resultado de un marco normativo diseñado para proteger el anonimato corporativo. Al amparo del secreto comercial en los contratos de fletamiento y las lagunas de la Ley de Aeronáutica Civil (Ley N° 2902), los operadores financieros de la minería ilegal utilizan intermediarios internacionales e invierten fortunas en el alquiler de jets ejecutivos bajo estrictas cláusulas de confidencialidad empresarial
.
Al cruzar esta laxitud aérea con la creación de empresas fachada —donde jóvenes de 20 años firman como los supuestos beneficiarios finales exigidos por la AJAM— y rematar el procedimiento con la mordaza del secreto de sumario judicial, el sistema garantiza un blindaje perfecto. Las leyes bolivianas terminan operando al revés: castigan con celeridad a las "mulas" prescindibles de la cadena mientras garantizan la impunidad y el anonimato absoluto para los grandes capitales que desangran el patrimonio nacional .
Conclusión y Preguntas sin Respuesta: La Lógica del Absurdo
Actualmente, el caso se encuentra en un punto crítico bajo la Dirección Especializada de Lucha Contra la Corrupción (DELCC) . Para asegurar el apagón informativo y evitar que la opinión pública conozca el destino de los 22 kilos robados, el Ministerio Público ha declarado la investigación bajo estricto secreto en reserva de sumario .
A pesar de la mordaza impuesta y del tardío intento de desmarque del ministro Oviedo, la lógica del caso se cae por su propio peso y deja al descubierto preguntas fundamentales que el país entero se formula ante el silencio oficial:
• ¿Cómo es posible que un joven de apenas 20 años tenga la capacidad económica y legal para contratar un jet privado de altísimo costo internacional?
• ¿Por qué se liberó de forma express a cinco personas clave retenidas en el lugar, sin que las autoridades judiciales les hubieran tomado siquiera sus declaraciones informativas correspondientes de ley?
• ¿Y por qué razón el Estado y los entes fiscales insisten en ocultar y no dar a conocer la identidad del verdadero responsable de las maletas con oro, los verdaderos dueños del mineral y los autores de la millonaria red financiera que operaba el contrabando?
De ninguna manera se trató de un intento aislado ni de simples fallas administrativas. La magnitud del oro secuestrado, el robo de 22 kilos en el trayecto de custodia confirmado por el propio Gobierno, la liberación de los sospechosos y la huida permitida del avión PS-ZRZ confirman una penetración profunda . Si los medios independientes y la sociedad civil permiten que el secreto de sumario sepulte este caso, Viru Viru seguirá consolidándose ante los ojos del mundo como un territorio sin ley, donde el patrimonio del país se escapa en maletas al antojo del mejor postor.
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