De cinco acciones constitucionales interpuestas en contra de los decretos supremos para la presentación del carnet de la vacuna COVID-19 en entidades públicas y privadas, dos resultaron improcedentes debido a un planteamiento defectuoso y carente de pruebas; dos fueron observadas; y una se encuentra pendiente para la realización de audiencia, informó el Ministerio de Justicia mediante su cuenta de Facebook.
La Justicia Constitucional señaló que no se puede aclarar o modificar y/o dejar sin efecto los DS 4640 y 4641 a través de una Acción de Defensa. Además, se aclaró que la solicitud de que la prueba PCR sea gratuita, debe ser trasladad al nivel municipal. En La Paz se desestimó otra porque la “acción popular no tiene como finalidad establecer la constitucionalidad o no de una norma, menos delimitar un alcance normativo”.
Asimismo, la acción presentada ante la Sala Constitucional Cuarta de Santa Cruz aún no cuenta con fecha para desarrollar la audiencia.
“Por tanto el Decreto Supremo 4640 y el 4641, permanecen firmes en su base de constitucionalidad”, indica el reporte del Ministerio de Justicia.
