Por: Oscar Ortiz Antelo |
La aprobación de leyes por sí solas no garantizan la solución de ningún problema, aunque si son buenas y justas pueden ayudar a avanzar hacia un cierto desarrollo y si son malas o injustas, pueden convertirse en obstáculos permanentes para la libertad, el progreso y la convivencia ciudadana. Por el contrario, la construcción de instituciones, las que pueden ser normas formales o reglas no escritas, es lo que define nuestra forma de actuar en la sociedad, es lo que determina el grado de respeto a los derechos ciudadanos y la prosperidad de una comunidad, pueblo o nación.
Realizo esta reflexión cuando el país nuevamente se encuentra confrontado por la aprobación de normas que el gobierno y su mayoría legislativa procuran aprobar y ejecutar. Hay el concepto extendido de que gobernar es imponer leyes que reflejen la visión, la ideología y el proyecto país del grupo gobernante.
Sin embargo, leyes no nos faltan, se cuentan por cientos o miles, sin contar los decretos, resoluciones supremas, ministeriales, administrativas, etc que se aprueban cada año, sin que nadie sepa realmente qué es lo que está vigente, lo que hace necesario que las empresas contraten servicios de asesoramiento especializado para que les vayan orientando sobre lo que tienen que hacer para actuar de acuerdo con la ley. Obviamente, para el ciudadano común es imposible informarse sobre esta carga normativa que debe conocer y acatar desde su publicación en algún medio estatal.
Si además de ello, se suman las sentencias judiciales, que constituyen jurisprudencia, e incluso las resoluciones de instancias administrativas como la de los entes de control, regulación o recaudación, configuran a su vez nuevos criterios normativos que regulan la vida de los ciudadanos, de las empresas y de las organizaciones de la sociedad civil. El estado se vuelve un monstruo imposible de satisfacer, especialmente en países donde la interpretación y aplicación de las normas quedan sujetas a la discrecionalidad de jueces y funcionarios designados políticamente, dejando al ciudadano en un estado de indefensión jurídica.
Las instituciones, por el contrario, son esencialmente expresiones de la cultura que rige la interacción social; en el fondo son los valores y las reglas que determinan cómo nos relacionamos. Por ello, aunque copiáramos la constitución suiza o las leyes y normas de los países más desarrollados, no alcanzaremos automáticamente sus niveles de progreso económico y social mientras no conciliemos esas normas con un comportamiento diferente, tanto en lo individual como en lo colectivo.
Si no hay coherencia entre el espíritu de la ley (suponiendo que sea justa) y la conducta de quienes la aplican, de nada servirán nuevas redacciones o mayores atribuciones para sus administradores. Si la ciudadanía no considera que una ley es justa y/o si la gente no confía en que quienes la aplicaran actuaran respetando sus derechos, la ley no tendrá legitimidad y no cumplirá su función.
Si, cómo generalmente sucede en Bolivia, la norma está mal redactada, dando lugar a interpretaciones abusivas, y además quienes la aplican, actúan guiados por la consigna política o por la codicia de la corrupción, el resultado será que la población vivirá buscando la forma de evadir su cumplimiento. Es el famoso “se acata pero no se cumple”, que viene desde hace siglos marcando el carácter mayoritariamente informal de nuestra sociedad, como una forma de rebelión contra el poder para asegurar la supervivencia económica.
Por ello, en lugar de seguir aumentando la maraña legal que asfixia a los ciudadanos y a la sociedad, debemos concentrarnos en construir instituciones como por ejemplo una justicia independiente, compuestas por jueces y fiscales probos, con garantías a su libertad de fallar según la ley y su conciencia, al mismo tiempo que con responsabilidad y rendición de cuentas por sus actos. Es la única forma de avanzar hacia un verdadero desarrollo y dejar de engañarnos con el mito del efecto mágico de las leyes para solucionar los problemas.
| Oscar Ortiz Antelo ha sido presidente del Senado y ministro de Economía.
