.jpg)
Por: Zulema Alanes B. |
El proceso contra un periodista que derivó en su encarcelamiento y posterior detención domiciliaria, evidencia que la justicia se ha puesto al servicio del poder para vulnerar la libertad de prensa y poner bajo asedio a la prensa, aseguró Pedro Glasinovic, presidente de la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia, en declaraciones a Cabildeo Digital.
“La prensa siempre ha sido asediada y amenazada, pero ahora se usa a la justicia y se activa el tráfico de influencias para encarcelar a periodistas”, denunció el dirigente y reclamó que se haya “enviado a la cárcel y, en las últimas horas, a detención domiciliaria al periodista Luis Muñoz que cumplía funciones en una oficina estatal”.
obtuvo el cargo por un vínculo con un jerarca del MAS.
Muñoz que hasta hace una semana era funcionario de la AJAM (Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera) fue enviado a la cárcel con orden de detención preventiva por cuatro meses luego de ser denunciado por Brenda Lafuente, directora de esa institución, por supuesto acoso político.
En criterio de Glasinovic es evidente que “hubo tráfico de influencias” puesto que “el periodista fue aprehendido en acción directa y, luego, en tiempo récord, fue imputado por la Fiscalía y enviado a la cárcel por orden de un Juez”.
LA DENUNCIA Y EL SUPUESTO DELITO
Familiares y abogado del periodista Luis Muñoz, aseguraron que fue enviado a la cárcel por elaborar y difundir un meme a solicitud de Brenda Lafuente, directora de la AJAM, que luego lo denunció por supuesto “acoso político”.
Según el abogado defensor, Marcelo Valdez, el meme que origina el proceso contra su defendido formaba parte de una campaña en redes sociales con la que se pretendía neutralizar una campaña desatada en contra de la directora de AJAM por pugnas políticas al interior del Gobierno, por tanto, su contenido habría sido autorizado por dicha autoridad.
Aseguró que Lafuente pidió “maliciosamente” a su operador de redes hacer un meme en el que se afirma que habría llegado al cargo que ocupa gracias a una supuesta relación sentimental y, luego, interpuso una denuncia por acoso político.
Valdez reveló que “Esta situación es mucho más grave de lo que se piensa, puesto que él tiene mucha información, sabe muchos datos importantes sobre cómo se maneja esta institución y a quiénes van dirigidos los memes o panfletos que deben circular en redes sociales” y advirtió que por ello “de permanecer en la cárcel está en riesgo su vida”.
Insistió que a su defendido “lo contrataron para manejo de redes, ese es su delito, hacer su trabajo como periodista” pero le encomendaron algunas tareas relativas a la “guerra sucia” entre facciones del MAS en el Gobierno.
La familia corroboró la información y aseguró que la directora abusó de su poder, amenazó con “mover todas sus influencias” hasta llevarlo a la cárcel.
"Él sube memes a las redes sociales, ese es su trabajo y ella (Lafuente) le contrató por eso, para limpiar su imagen", relató la hermana del periodista en declaraciones a la red Bolivisión y detalló que cuando mostró el meme que provocó la demanda “ella directamente le quitó el celular, lo tuvo por dos horas en su oficina, se dio el lujo de eliminar lo que le iba a perjudicar y después llamó a los policías y lo trajeron a la Felcc de la Sucre”.
GUERRA SUCIA POR EL PODER
“Esta es una trama muy perversa, como lo son todos los mecanismos que se activan desde el poder para atentar contra la libertad de prensa y atacar a los periodistas”, aseguró Pedro Glasinovic.
Recordó que la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia demandó que se restituya la vigencia de la libertad de expresión, de opinión y de información que consagra la Constitución y exigió que se corrijan los errores cometidos en el proceso “poner en libertad al periodista y, de existir un delito, procesarlo en el ámbito de la Ley de Imprenta”.
En su criterio, este hecho demuestra que “la justicia es muy dócil al poder, recibe una instrucción y actúa, no le interesa hacerlo desconociendo la ley” y lamentó que se “exacerbe la vulneración a la libertad de prensa y se amenace y acose a las y los periodistas”.
Dijo que siempre se atacó a la prensa, “pero en este gobierno hay hechos muy lamentables, este gobierno no es la excepción, al poder le incomoda la prensa, quieren tenerla controlada, incluso quieren eliminar la legislación que protege a los periodistas, los periodistas siempre hemos sido blanco del poder”.
Insistió que “se utiliza la plata del Estado para ejercer control sobre los medios, a través de la pauta publicitaria se premia a los medios afines al poder y se castiga a los medios independientes”.
En su criterio, con el “caso Muñoz”, ha quedado en evidencia que en el aparato estatal “se han conformado equipos con ‘operadores digitales’ para las batallas que libran al interior del gobierno, pero también para incidir en la opinión pública, y esto también es muy perverso porque los funcionarios (periodistas) deben renunciar a los códigos éticos que rigen el ejercicio periodístico e ingresar a los juegos malignos por la disputa del poder”.
Cuestionó los métodos que se usan en el aparato estatal porque “además de vulnerar la libertad de prensa y de expresión, atentan contra el derecho al trabajo digno de los colegas que están en el aparato estatal y se someten a la autocensura que es lo peor que le puede ocurrir a un periodista”.
VIGENCIA DE LA LEY DE IMPRENTA
La detención del periodista de la AJAM es arbitraria y desconoce lo establecido en la Ley de Imprenta, “se está haciendo uso de la justicia para enviar a los periodistas a jurisdicción ordinaria cuando tenemos la Ley de Imprenta y mecanismos de autoregulación internos como el Tribunal de Ética Periodística al que se puede acudir cuando alguna autoridad o ciudadano se siente vulnerado por alguna publicación en un medio de comunicación”, dijo Glasinovc.
Insistió que “de existir un delito corresponde que se demande en base a los principios de la Ley de Imprenta, no corresponde un proceso por la vía ordinaria”.
Este martes, en la audiencia de apelación de medidas cautelares, se revocó la detención preventiva de Muñoz, pero se resolvió su detención domiciliaria con salida laboral.
El abogado Marcelo Valdez, afirmó que correspondía la libertad pura y simple porque “toda la situación procesal ha sido ilegal y ha sido un abuso, lo que obligó a la propia Fiscalía a retirar la apelación con la que pretendía prolongar la detención preventiva por un periodo de seis meses”.
El caso ha tenido repercusión nacional e internacional. El Observatorio de Defensoras y Defensores de la Unión Nacional de Instituciones para el Trabajo de Acción Social (Unitas) aseguró en un pronunciamiento que “la denuncia de la directora de la AJAM contra su empleado atenta contra la libertad de expresión” y, asimismo, “atenta contra la institucionalidad democrática, al amenazar al funcionario, que también es periodista, actuando contra el ejercicio de sus derechos”.
A nivel internacional, el investigador principal de Human Rights Watch (HRW), César Muñoz, cuestionó el proceso y calificó como “lamentable” tanto la actuación de la directora de la AJAM, Brenda Lafuente, como la del juez y el fiscal del caso.
“Bolivia: El periodista Luis Muñoz deberá pasar 4 meses en prisión preventiva supuestamente por un meme que elaboró y le disgustó a la directora del ente minero estatal, para quien trabajaba. Actuación lamentable del juez, el fiscal y la propia directora”, escribió Muñoz en Twitter.
Según el reporte del Observatorio de Defensoras y Defensores de Unitas, a 5 de abril de 2022, en Bolivia se han cometido 55 vulneraciones a la libertad de prensa de un total de 155 vulneraciones a los derechos humanos.
El 2021 reportó que Bolivia registró 73 vulneraciones a la libertad de prensa entre las que se cuentan el impedimento al acceso de la información, secuestro, censura, estigmatización y amenazas a periodistas, criminalización, ataques a medios de comunicación, asignación discriminatoria de publicidad oficial y violación a la reserva de fuentes de información.
El 2021, el caso Las Londras, ocurrido en octubre, constituyó el atentado más flagrante a la libertad de prensa. Un grupo armado emboscó, secuestró, torturó y amenazó de muerte a 17 personas, entre periodistas, policías y civiles en una provincia de Santa Cruz. A la fecha hay un solo detenido y el hecho sigue impune.
-VER NOTA RELACIONADA-
LA LEY DEL EMBUDO PARA UNA DETENCIÓN EXPRÉS
.jpg)
%20(1)%20(1)%20(1)%20(1)%20(1)%20(2).jpg)
