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Organizaciones de la sociedad civil expresaron su preocupación y condena ante el incremento de casos relacionados con ataques, violencia, campañas de desprestigio y criminalización en contra de organizaciones de la sociedad civil, defensores de derechos humanos y periodistas.
"Ante la innegable polarización en el país (en gran medida promovida por actores políticos) y el incremento de las tensiones entre el oficialismo y la oposición, la sociedad civil viene siendo objeto de numerosos ataques en distintas circunstancias" señala en un extenso documento.
Según indican, esta situación es el reflejo de la crisis de derechos humanos en el país, las afectaciones a la estabilidad democrática y el debilitamiento de las instituciones del Estado que deberían velar por los derechos humanos.
"Desde hace más de una década, el partido gobernante ha emprendido acciones de debilitamiento y reducción del espacio cívico, limitando y obstaculizando la defensa de los derechos humanos en Bolivia. Esto se ha visto reflejado, principalmente, a través de la cooptación y división de organizaciones sociales, campesinas e indígenas, como la CONAMAQ, CIDOB, ADEPCOCA, Colegio Médico y Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia, entre muchas otras" denuncia en relación a una práctica ejercida por el Gobierno.
También expresa que en las últimas semanas, la situación de la sociedad civil y de los defensores de derechos humanos ha empeorado considerablemente. Por ejemplo, en julio pasado, en un contexto de avance de colonización promovida por el Gobierno en la región de la Chiquitania, el comunario indígena chiquitano Lino Peña Vaca, de la comunidad Eben Ezer, fue golpeado por un grupo de colonos afines al partido de gobierno, y tuvo que ser hospitalizado por la gravedad del daño.
En agosto, durante su hospitalización, falleció. Según la versión del Ministerio de Gobierno, Peña habría fallecido por Covid-19; sin embargo, "no existe hasta el momento una investigación que esclarezca de manera diligente y objetiva su muerte y las agresiones de las que fue víctima" denuncia.
También señalan que en el contexto de incremento de actividades extractivas, el daño al medioambiente y la influencia de cooperativas y empresas mineras en el gobierno, "el guardaparques, Marcos Uzquiano, ha sido constantemente víctima de hostigamientos, amenazas, e incluso, acoso laboral".
"Igualmente, los reconocidos líderes indígenas y defensores ambientales de la Mancomunidad de Comunidades Indígenas de los ríos Beni Tuichi y Quiquibey, Alex Villca y Ruth Alipaz, son constantemente descalificados y estigmatizados en su rol de Defensores de derechos de los pueblos indígenas, por otros dirigentes indígenas del norte de La Paz (de la CPILAP), afines al partido gobernante, que recientemente firmaron un convenio con la empresa estatal ENDE, en contradicción con el mandato de las comunidades que no aceptaron ese convenio" denuncian en el documento.
También indica que en un comunicado emitido el 18 de agosto por del Ministerio de Medio Ambiente y Agua, en su cuenta oficial de Twitter hace referencia, en tono amenazante, a supuestos actos de desinformación provenientes de organizaciones de la sociedad civil, señalando implícitamente a las organizaciones Fundación Amigos de la Naturaleza (FAN), Colectivo Alas Chiquitanas y Ríos de Pie, "que monitorean información sobre los incendios en áreas protegidas y territorios indígenas, acciones que se enmarcan en la defensa del medioambiente". Ese comunicado, indican, vulnera claramente el artículo 9 del Acuerdo de Escazú que establece un marco protector para las personas defensoras de derechos relacionados con el medioambiente, además el comunicado del ministerio vulnera todos los Tratados Internacionales de Derechos Humanos que garantizan el derecho a la libertad de expresión.
Asimismo denuncian que la judicialización a defensores ambientales se extiende a la Chiquitania. En el mes de mayo, se tuvo conocimiento del inicio de un proceso penal en contra de Defensores ambientales de Roboré, por grupos de colonos afines al partido gobernante, en el caso Villa San Lorenzo.
El día 6 de septiembre la Fiscalía de San José de Chiquitos emitió una orden de citación en contra de Rubén Darío Arias, Zoila Zeballos y Nardy Velasco, líderes del Comité Cívico de Roboré, el Comité de Gestión de la Reserva de Tucabaca y la Central Indígena Chiquitana Amanecer Roboré, respectivamente.
El 2 de septiembre, durante una sesión del Concejo Municipal de San Ignacio de Moxos, el abogado del Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social (CEJIS), Manuel Menacho, fue víctima de agresiones físicas y verbales por autoridades municipales, en torno a un caso de demanda de constitución de un Distrito Indígena en el mencionado municipio.
El 3 de septiembre, durante una entrevista con Radio Erbol, el militante del Movimiento Al Socialismo, Aldo Michel, afirmó –sin presentar sustento alguno– que solicitará la ampliación de la denuncia del supuesto golpe de estado en contra de Franco Albarracín, por supuestamente haber organizado, en 2019, grupos paramilitares dentro de la zona sur de la ciudad de La Paz.
Precisan que Albarracín es un defensor de derechos humanos e investigador del Centro de Documentación e Información Bolivia (CEDIB) y miembro de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de La Paz.
"Estas mismas acusaciones fueron expresadas en contra de otro prestigioso Centro de Investigación y contra el Comité Nacional de Defensa de la Democracia (CONADE), organización compuesta por líderes sociales, intelectuales y defensores del medioambiente, algunos de cuyos integrantes han sido hostigados y amenazados en plena vía pública" señala el documento manifestaron ejerciendo su legítimo derecho a la protesta y libertad de expresión. Sin embargo, debido a estas actividades de defensa de los derechos de las mujeres, se encuentran siendo víctimas de hostigamientos a través de la presentación de una Acción de Libertad en su contra. Peor aún, existiría solicitudes de parte del abogado del denunciado, para que las autoridades del ejecutivo ejecuten acciones de investigación en contra de estas organizaciones defensoras de los derechos humanos.
Asimismo, durante el último mes, altas autoridades de gobierno, al igual que líderes de partidos políticos han ejecutado campañas de desprestigio y deslegitimación en contra de medios de comunicación y periodistas, calificándolos de “opositores”, “corporaciones mediáticas”, “tergiversadores de hechos”, “mentirosos” y “abusadores.
Dentro del proceso en contra de Miguel Kavlin por la comisión de supuestos hechos de violencia familiar, las organizaciones y colectivos feministas Salvaginas, Feminista Irreverente, NiUnaMenos Bolivia y Colectivo Sororidad, se manifestaron ejerciendo su legítimo derecho a la protesta y libertad de expresión. "Sin embargo, debido a estas actividades de defensa de los derechos de las mujeres, se encuentran siendo víctimas de hostigamientos a través de la presentación de una Acción de Libertad en su contra. Peor aún, existiría solicitudes de parte del abogado del denunciado, para que las autoridades del ejecutivo ejecuten acciones de investigación en contra de estas organizaciones defensoras de los derechos humanos" detalla.
Asimismo refiere que durante el último mes, altas autoridades de gobierno, al igual que líderes de partidos políticos han ejecutado campañas de desprestigio y deslegitimación en contra de medios de comunicación y periodistas, calificándolos de “opositores”, “corporaciones mediáticas”, “tergiversadores de hechos”, “mentirosos” y “abusadores del derecho a la libertad de expresión”.
"Estas declaraciones, evidentemente han repercutido en acciones directas en contra de ciertos periodistas. Por ejemplo, durante las últimas semanas, periodistas de ATB, Católica TV y Página Siete, fueron agredidos en distintas circunstancias, por grupos del oficialismo y la oposición".
También expresan su "extrema preocupación" por las recientes declaraciones de grupos irregulares que amenazan con incendiar la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia y la casa de Amparo Carvajal.
Demandaron al presidente Luis Arce evitar fomentar las acciones de violencia y hostigamiento en contra de Amparo Carvajal, y solicitan a la Policía y el Ministerio Público el inicio inmediato de investigaciones en relación a las amenazas en contra de Carvajal.
"Exigimos al gobierno de Luis Arce Catacora, respetar y dar garantías a la labor que desempeñan las y los defensores de los derechos humanos, los periodistas y las organizaciones de la sociedad civil" señalan.
El pronunciamiento está firmado por el Centro de Documentación e Información Bolivia – CEDIB, la Asociación Nacional de la Prensa – ANP, la Coordinadora Nacional por la Defensa de Territorios Indígena Originario Campesinos y Áreas Protegidas – CONTIOCAP, la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia – APDHB, la Fundación Observatorio de los DDHH, Fundación Tribuna Constitucional Derechos en Acción Bolivia, Fundación Jubileo Bolivia, Oficina Jurídica de la Mujer, Mancomunidad de comunidades indígenas de los ríos Beni, Tuichi y Quiquibey,
Colectivo de Derechos Humanos, entre otras organizaciones.
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