GRUPOS MAFIOSOS EN LAS UNIVERSIDADES

Por: Edwin Herrera Salinas | 

La tragedia en El Alto con al menos siete universitarios muertos y una iniciativa digital en La Paz para romper la monotonía y el silencio estudiantil dispararon las alertas sobre el grave peligro que corren nuestros jóvenes. Organizaciones delincuenciales operan dentro y fuera de universidades públicas y privadas del departamento con fines delictivos y no sería nada extraño que lo mismo esté sucediendo en centros de estudios similares en otras regiones del país. La acción estatal desplegada por el gobierno nacional, la Policía, el Ministerio Público y la justicia debería tener como principal objetivo la desarticulación de esos eventuales grupos mafiosos.  

Lo ocurrido en la Universidad Pública de El Alto (UPEA) la semana pasada y con El Confesionario UCB desde enero puso al descubierto que la extorsión, politiquería, tráfico de notas, acoso, abuso sexual, corrupción, torturas, consumo de drogas, organización de diversión para cometer delitos y otras oscuras actividades conforman una suerte de “curricula paralela” que desplaza de la mente de muchos estudiantes las apiraciones de aprender métodos científicos para transformar la realidad y los convierte en piezas de maquinarias que buscan réditos económicos, políticos, institucionales y sexuales.

Con los años e imitando a quienes ya saben de las movidas ilegales, algunos alumnos cambian sus prioridades de estudio y se hacen expertos en utilizar a sus compañeros y compañeras de universidad como carne de cañón con objetivos inconfesables y para obtener ganancias inmediatas. Para ellos, ya es fácil manejar rebaños de estudiantes para ganar dinero facil o privilegios. Y lo que es peor, han puesto su mirada en las universitarias, impotentes víctimas de abusos sexuales cometidos por “los más populares” de la U o por manadas de agresores que organizan fiestas con abundante alcohol y drogas.

En el caso UPEA se sabe el saldo trágico de la asamblea en la Facultad de Ciencias Económicas y Financieras organizada por dirigentes universitarios encabezados por alguien que egresó hace dos años y que ya no debería pertenecer al estamento estudiantil. Lo que falta por conocerse es si hubo un precio que debían cobrar por una concentración prohibida en tiempos de pandemia y quiénes debían pagar. El Comandante de la Policía lanzó una hipótesis: la asamblea de la muerte y otras anteriores realizadas en carreras de esa facultad preparaban el terreno para respaldar a un candidato a la Decanatura. 

Las investigaciones deberían ir entonces en dirección de establecer si una red transversal a los estamentos de la UPEA organiza asambleas a pedido; qué tipo de contactos hay entre aspirantes a autoridades universitarias o quienes pretenden mantenerse como tales con centros de estudiantes; si la manera de garantizar las “asambleas obligadas” es castigar a los alumnos inasistentes con la diminución de notas en las materias de los interesados o con agresiones físicas como los chicotazos; y si un aparente arreglo entre docentes y estudiantes se extiende también a instancias administrativas que disponen el uso de ambientes de la universidad.

Con relación a los abusos sexuales denunciados en El Confesionario UCB, las indagaciones policiales y fiscales también deberían apuntar a la posible existencia de grupos organizados que planifican y llevan adelante fiestas estudiantiles –masivas o reservadas– para promover ventas de bebidas alcohólicas de determinadas marcas; impulsar la concurrencia a ciertos boliches de la zona Sur en La Paz; captar nuevos grupos de clíentes para la venta de drogas y verificar si existe alguna conexión de alumnos dedicados a esas actividades con funcionarios administrativos o docentes universitarios.

El jefe de la Policía no cree que el único aprehendido e imputado hasta el momento en el caso Confesionario haya actuado solo. Habla de al menos otros cuatro varones involucrados, aunque en la página de las confesiones existe una lista de 11 con el rótulo de “libres” y con víctimas que los señalan como responsables de agresiones sexuales. Por ello, la convocatoria a que realicen declaraciones informativas y posteriores aprehensiones son pasos clave para ir armando el rompecabezas o descartar a quienes hayan sido incluidos por algún revanchismo estudiantil.

Lo que no ayuda es la torpeza política. El Presidente del Senado abrió la posibilidad de revisar la autonomía universitaria y generó reacciones adversas de universidades públicas y partidos de oposición. La politización de este delicado puede desviar el foco de atención y trasladarlo al laberinto político que termine siendo el Arca de Noé para quienes lucran y disfrutan poniendo en serio riesgo la vida y el alma de miles de universitarios y universitarias, y más bien deberían ser extirpados de las universidades y puestos tras la rejas, como mandan las leyes.