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Por: Amalia Pando |
Cuando se gobierna en beneficio propio, se acaba la democracia, aunque se cometan atrocidades en su nombre. Esto está ocurriendo ahora en Bolivia con el beneplácito de la comunidad internacional y la impotencia de la oposición.
Aprobar una ley para liberar de pena y culpa a los delincuentes del partido de gobierno solo es posible bajo un régimen dictatorial.
Bolivia, ¡despierta! El presidente Lucho Arce, que también tiene causas abiertas, es el proyectista de la Ley de Amnistía que beneficia exclusivamente a los militantes del MAS. Es la ley de la impunidad azul mientras se llenan la boca hablando de la “recuperación” de la democracia.
Su propósito es premiar la lealtad de quienes quebrantaron la ley para beneficiarse así mismos y al partido. Es el antecedente para cuando se les ordene violar nuevamente la Constitución, no durarán en hacerlo, tendrán siempre la protección del partido.
Es el sueño de Cristina Kirchner, en la Argentina y Rafael Correa en el Ecuador, volver al gobierno para someter a la justicia y limpiar sus expedientes.
EL ASALTO AL PARLAMENTO
Con miras al poder perpetuo, de entradita no más, Arce retomó el camino que su jefe Evo Morales había abandonado con su renuncia a la presidencia el 10 de noviembre de 2019.
En tiempo récord, después de ganar las elecciones, el MAS retomó el control de la Asamblea Legislativa, del poder Judicial y de las Fuerzas Armadas.
Antes inclusive de su propia posesión, Arce recibió de Eva Copa un parlamento ya doblegado, a pesar de no haber obtenido en las urnas los 2/3 que se necesitaban para hacer y deshacer en la Asamblea.
Eva, en su condición de presidenta del Senado y sin presentir su expulsión del MAS, aprovechó el último aliento del anterior Congreso para eliminar ese fundamental requisito de los 2/3. Con ello convirtió al principal órgano de la democracia en otra repartición del Ejecutivo. Fue un asalto a las atribuciones de la oposición parlamentaria que ahora no toca pito. Evo, Arce y Choquehuenca pueden manejar el Parlamento con el dedo meñique, condición indispensable para cualquier proyecto autoritario.
LA REVERENCIA DE LOS JUECES
En la carta de renuncia a su candidatura, Waldo Albarracín, ex rector de la UMSA y ex presidente de CONADE, dice con tono de amargura que el gobierno quiere apresarlo “mientras los autores materiales del voraz incendio perpetrado en mi casa paulatinamente van siendo eximidos de su responsabilidad penal. Ayer 29 de enero, un juez dispuso la liberación de uno de los pocos y últimos detenidos. Tiempo atrás, un fiscal dicto sobreseimiento a favor de uno de los principales autores que públicamente reconoció haber intervenido en la quema de mi casa”.
En efecto, tras el triunfo del MAS, los jueces y fiscales, en modo automático, se pusieron de rodillas. Ninguno renunció a su cargo en resistencia o protesta al renovado “modus operandi” del aparato judicial que consiste en someterse al poder Ejecutivo.
Levantaron todas las órdenes de aprehensión contra Evo Morales, sus ex ministros, los ex magistrados de los tribunales Constitucional y Electoral, liberaron a los procesados por incendiar un centenar de “pumakataris” (Jesús Vera entre ellos, ahora candidato a primer concejal por La Paz) y viviendas de opositores, a los que mataron a cívicos en Montero, a los que dispararon a matar contra mineros y estudiantes en la carretera Oruro-La Paz, y demás, incluido el tan “apreciado” Gustavo Torrico.
Con la Ley de Amnistía o impunidad dieron otro pasó más: todos esos casos serán archivados, más de mil procesos. Entre ellos están las investigaciones por millonarias, recontra millonarias demandas por corrupción durante los casi 14 años de Evo Morales. Y todo lo han logrado con apenas una levantadita de mano en una Asamblea que ya no necesita concertar con la oposición ni sumar los famosos 2/3. Legislan sin ningún obstáculo para obtener beneficio propio.
LAS FUERZAS ARMADAS TEÑIDAS DE AZUL
En dos meses Arce posesionó a dos altos mandos militares. El primero, a la cabeza del general Juan Alberto Zabala, cayó en desgracia cuando públicamente expresó estar “desconcertado” por la detención del general Alberto Cuellar acusado de ocasionar muertos en Sacaba. Y, el segundo, posesionado el 29 de diciembre, tuvo que comprometerse a “esclarecer” los sucesos de octubre y noviembre de 2019.
En este contexto “esclarecer” significa castigar. El gobierno tiene una lista negra de 120 militares de “colaboradores” con Jeanine Añez, y de a poco, les va a cortar la cabeza a todos ellos.
Evo Morales pretende fondear su cobardía, que lo condujo a renunciar y a huir del país, con un supuesto golpe militar.
Golpe militar es el que se produjo últimamente en Myanmar, con tanques en las calles, una presidente, Aung San Suukyi, destituida y detenida por la fuerza, el parlamento clausurado, 23 mil apresados, la prensa y el internet acallados, etc., etc.
En Bolivia, la cúpula militar se limitó a redactar una carta en una situación excepcional, cuando el país estaba al borde de una guerra civil. Haciendo uso de las atribuciones establecidas en su Ley Orgánica, se dirigieron al causante de esa situación pidiéndole que dé un paso al costado.
Algo muy parecido ocurrió el 14 de enero en Estados Unidos donde también el Alto Mando Militar se pronunció en contra de los intentos prorroguitas de Trump.
En todo caso, Evo Morales quedó con el ojo en tinta y en venganza ha comenzado una purga despiadada.
NI QUIEN LOS FRENE O PIDA CUENTAS
En estos primeros meses de la gestión de Arce, Bolivia padeció una segunda ola de la pandemia del Coronavirus, muy bien aprovechada por el gobierno para hacer lo que le vino en gana, salvo atender la emergencia sanitaria con sus contagios, padecimientos y más de 11 mil muertos.
Cambió el escudo nacional por un logo gubernamental, echó a todo el personal diplomático de carrera, despidió a todos los funcionarios públicos contratados en la gestión Añez, hizo aprobar las leyes que quiso y abrió procesos judiciales contra la oposición de modo simultaneo a la amnistía para los suyos.
La sentencia condenatoria a dos años de prisión para el Tata Rafael Quispe es una bofetada al más elemental sentido de justicia y un botón de muestra de lo que será la lucha política en los próximos años.
Quispe denunció el saqueo de 100 millones de dólares en el Fondo Indígena. Todos los asaltantes se beneficiarán de una Amnistía, mientras el denunciante ha terminado condenado.
¡BASTA!
Por el COVID-19 no hay posibilidad de concurrir a grandes concentraciones para gritar BASTA de impunidad, autoritarismo y persecución judicial.
Sin embargo, se viene otro 21 de febrero, aniversario del principio del fin de Evo Morales.
CONADE, y seguramente muchas otras organizaciones, llama a un CACEROLAZO para esa fecha. Oportuno. Es tiempo de retomar la protesta masiva, que se haga escuchar. Es tiempo de levantar nuevamente el NO, el NO con las cacerolas y con el voto en las elecciones subnacionales del próximo 7 de marzo.
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