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El campanazo de los industriales respecto a la cuarentena sobre el empleo formal: 85 mil en riesgo, sin contar con el golpe certero sobre los informales que representan más del 70% de la economía boliviana, además de un aparato productivo que opera apenas al 25% de su capacidad, ha obligado al Gobierno a considerar la flexibilización de la medida que pretende la contención del coronavirus.
La flexibilización sin embargo no solo ha sido usada por el sector privado como una propuesta de respuesta rápida para “ablandar” la cuarentena de manera sectorial y regional, sino también para referirse a las condiciones laborales, una oportunidad que los empresarios no están dispuestos a dejar escapar, a fin de ponerse en ventaja frente a los trabajadores.
Quienes perciben un salario en el sector privado han asumido en la dura coyuntura, que no hay condiciones para exigir ni siquiera el acostumbrado incremento salarial que vaya a compensar la pérdida adquisitiva del sueldo y se aferran a su empleo formal, mientras que una desgastada dirigencia de la Central Obrera Boliviana (COB) insiste en la medida anual.
Y es que la sombra del desempleo ha calado fuerte no solo entre quienes se ven obligados a quedarse en casa, sino también entre las autoridades tomadoras de decisiones. Todo eso, en medio de un panorama internacional de recesión económica jamás vista desde los años 30´, según algunos expertos.
Una encuesta por ejemplo de la Cámara Nacional de Comercio (CNC) alertó que ocho de cada 10 empresas considera ejecutar despidos en los próximos tres meses, mientras que la mitad plantea el cierre del negocio en el mismo periodo, si las condiciones de operación no mejoran.
El aviso claramente alarmó al Ejecutivo que elaboró un paquete de medidas a favor de las empresas privadas en el propósito de salvar empleos y dinamizar el aparato productivo, las mimas van desde un plan de apoyo al pago del salario hasta créditos de operaciones.
La Cámara Nacional de Industrias (CNI) ante la emergencia sanitaria y sus efectos recesivos sobre la industria manufacturera planteó el “retorno al trabajo” bajo un proceso gradual, sectorializado y con medidas de bioseguridad que tengan el objetivo de preservar la vida de los trabajadores y sus fuentes de empleo, en el marco del decreto supremo 4200.
El Gobierno de transición de Jeanine Áñez está consciente de la importancia de inyectar liquidez tanto al sistema financiero como a la economía familiar, y por eso dispuso varios bonos de alivio económico dirigidos a las familias de menos recursos económicos, a pesar que la caída fuerte de los ingresos por la venta del gas y los minerales.
De hecho, YPFB reconoció que a pesar de la adenda firmada en marzo con Petrobras para la compra mínima a Bolivia de 14 millones de metros cúbicos diarios de gas (MMmc/d), las nominaciones fueron de 10 MMmc/d. Y aunque en el primer momento anunció cobrar multas, después desistió para anunciar negociaciones que lleguen a buen puerto.
En medio de esta coyuntura y una nueva ampliación de la cuarentana hasta el 30 de abril, las cifras del COVID-19 -el virus chino exportado al mundo- no han dejado de preocupar.
A pesar que algunos departamentos del país han presentado cifras alentadoras sobre la expansión de la pandemia como es el caso de Beni con cero casos, o Chuquisaca con apenas un caso o Tarija con solo dos, los datos generales son preocupantes, pues en los últimos días el número de contagiados con el virus chino alcanzó un pico de 465 positivos y 31 decesos.
Con todo, el país sabe que todavía no llegó lo peor, ni en términos de emergencia sanitaria, ni recesión económica, pues la crisis social y política vivida en octubre y noviembre del año pasado, derivada del fraude electoral a favor de Evo Morales, y ahora la cuarentena por el coronavirus, cobrarán sus facturas más temprano que tarde.
JMC
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