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PRESO EN "SAN PEDRO" POR QUERER FUSILAR AUTORIDADES

Tras ser aprehendido este domingo por la mañana por denuncia del diputado Manolo Rojas, por la tarde el senador Nilton Condori debía prestar su declaración; sin embargo, se acogió a su derecho al silencio, manifestó su abogado, Giaco Conde.

Vía: Unitel |

El abogado Conde cuestiona la denuncia presentada por Rojas contra Condori, dice que solo consta de “dos impresiones y unos cuántos recortes que pudo recabar”.

“Los delitos que imaginariamente le atribuyen es terrorismo e instigación a delinquir”, manifestó el abogado.

La aprehensión de Condori se produjo este domingo por la mañana en El Alto. De acuerdo al documento de la aprehensión a Condori se le atribuye el pedido de “fusilar” a determinadas personas y “extirpar” a una élite.

”La parte denunciante considera necesario establecer si dichas expresiones tuvieron carácter meramente retórico o si estuvieron dirigidas a inducir a terceros a cometer delitos contra la vida o la integridad de personas”, señala el documento.

Según el abogado Conde, la aprehensión de Condori es parte de una persecución política y asegura que este lunes ganarán a la Fiscalía cuando se lleve adelante la audiencia cautelar.


SANTISTEVAN SOSTIENE QUE LA INVIOLABILIDAD PARLAMENTARIA NO PROTEGE A CONDORI EN ESTE CASO


La condición de asambleísta no impide investigar delitos ajenos al ejercicio de la función legislativa, sostuvo el constitucionalista José Luis Santistevan Justiniano al analizar la aprehensión del senador suplente Nilton Condori, investigado por presunta instigación pública a delinquir y terrorismo.

Vía: El Deber |

El especialista considera que los hechos atribuidos al legislador no están amparados por la inviolabilidad parlamentaria. “El señor Condori está acusado por delitos graves no vinculados al ejercicio de sus funciones”, señaló, en referencia a los 53 días de bloqueos con los que el Gobierno relacionó su detención.


Qué protege el artículo 151

Santistevan citó el artículo 151 de la Constitución Política del Estado (CPE), que protege a los asambleístas por las opiniones, comunicaciones, requerimientos, interpelaciones, denuncias y actos de legislación, información o fiscalización que realicen en el desempeño de sus funciones. Esa inviolabilidad se mantiene durante el mandato y después de su conclusión. wipo.int

Para el constitucionalista, esa protección no alcanza a los presuntos delitos atribuidos a Condori, porque considera que no corresponden a su actividad parlamentaria. “Los delitos de instigación pública a delinquir y terrorismo no gozan de fuero ni privilegios”, afirmó.


El artículo 152 y la detención preventiva

El artículo 152 establece que los asambleístas no gozan de inmunidad, pero también dispone que, durante su mandato, no se les aplicará la medida cautelar de detención preventiva en procesos penales, salvo delito flagrante. 

Santistevan interpreta que la protección frente a esa medida cautelar está vinculada a hechos cometidos en el ejercicio de las funciones parlamentarias. Bajo esa lectura, sostiene que Condori no puede invocar un régimen de inmunidad por los hechos investigados.


La referencia al artículo 112

El abogado también invocó el artículo 112, referido específicamente a delitos cometidos por servidores públicos que atenten contra el patrimonio del Estado y causen grave daño económico. La disposición establece que esos delitos son imprescriptibles y no admiten régimen de inmunidad.

Su aplicación al caso requiere establecer si los hechos investigados reúnen esas condiciones. La referencia constitucional forma parte del argumento de Santistevan y no supone que la responsabilidad penal del senador esté determinada.


Los antecedentes de la aprehensión

Condori fue aprehendido este domingo 18 de octubre en inmediaciones del Mercado Campesino de Santa Rosa, en El Alto, antes de un ampliado de organizaciones sociales.

El vocero presidencial, José Luis Gálvez, vinculó la aprehensión con los 53 días de bloqueos. Sin embargo, el antecedente de la denuncia presentada por Manolo Rojas también incluye anuncios posteriores de protestas y de un cerco a La Paz.

La orden fiscal del 16 de octubre menciona los presuntos delitos de instigación pública a delinquir y terrorismo, pero no precisa los actos específicos que atribuye al senador. Aunque Evo Morales figura entre los investigados, el mandamiento dispone expresamente la aprehensión de Condori.


LA AMENAZA DE “FUSILAR A AUTORIDADES” DERIVA EN LA APREHENSIÓN DE CONDORI

“Si no fusilamos a estos ladrones, Bolivia no va a tener futuro”. Esa frase del senador Nilton Condori, emitida en un ampliado de la agrupación política Evo Pueblo, sustenta la investigación que derivó en su aprehensión ayer en El Alto. El legislador se acogió a su derecho constitucional a guardar silencio mientras se prepara la imputación en su contra con más elementos sobre los cargos.

El vocero presidencial José Luis Gálvez vinculó la captura a la preparación de una acción política parecida a la crisis de los 53 días. “El señor senador Condori ha sido aprehendido por instigación a delinquir asociado a los 53 días”, confirmó. Además, la fundamentación fiscal se centra en las declaraciones de Condori del 26 de septiembre en Lauca Ñ, cuando se organizaban otras protestas y eventuales bloqueos en contra del gobierno de Rodrigo Paz.

Condori fue interceptado ayer, poco antes del mediodía, cerca del Mercado Campesino de Santa Rosa cuando se dirigía a un ampliado. Según testigos, ocho personas lo introdujeron en un vehículo verde, una Toyota Rav4.

La orden de aprehensión fue emitida el 16 de octubre, correspondiente al caso 201102012606689 y responde a una denuncia del diputado Edgar Manolo Rojas Paz contra Condori, Evo Morales y otras personas, entre ellas el senador Condori.

El documento menciona instigación pública a delinquir y terrorismo (artículos 130 y 133 del Código Penal). La Fiscalía invoca el artículo 226 del procedimiento penal y riesgos de fuga y obstaculización en la orden que, por ahora, afecta solo a Condori.

En el expediente, la Fiscalía interpreta el verbo “fusilamos” como una convocatoria colectiva a la violencia y la expresión “estos ladrones” como una referencia a autoridades gubernamentales. Su análisis señala que la frase “puede ser interpretada como una exhortación a ejercer violencia letal contra integrantes del Gobierno” y destaca su difusión en directo por los medios alineados a Evo Pueblo.

La denuncia también atribuye a Morales un ultimátum hasta el 3 de octubre y la advertencia “si no es de buenas va a ser a malas”, además de un llamado a movilizarse el 13 de octubre. Busca establecer si esas expresiones anunciaban protestas pacíficas o actos como bloqueos y cercos, como sucedió en ocasión de la crisis de los 53 días.

“Obviamente que no, no ameritaba la aprehensión”, declaró el abogado Alan Fernández, quien patrocina a Condori. Sostuvo que el legislador nunca recibió citación. “Nilton Condori nunca ha sido notificado”, afirmó, y agregó que tampoco lo hicieron “ni siquiera por cedulón ni de forma personal”. También explicó que quería examinar el cuaderno de investigaciones antes de definir su estrategia de defensa del caso.

Sobre la alusión a “fusilar”, Fernández afirmó que se trató de “adjetivos que se hacen en el calor de la política” y no de una acción que fuera a ejecutar. “Nilton Condori tiene todo lo de la ley, tiene un domicilio, tiene trabajo, tiene una familia estable”, dijo tras descartar riesgos que habiliten una detención preventiva.

De ese modo, su equipo pide que se defienda en libertad y prevé que la audiencia cautelar se realice este lunes, aunque hasta el cierre de esta edición no se presentó la imputación formal.

Sobre la protección parlamentaria, Fernández dijo que evaluaban “si se aplica o no”. El constitucionalista José Luis Santistevan sostuvo, por su parte, que “los delitos de instigación pública a delinquir y terrorismo no gozan de fuero ni privilegios”. El artículo 152 excluye la inmunidad, pero impide la detención preventiva de asambleístas durante su mandato, salvo flagrancia.

 “Nunca más van a amenazar al pueblo boliviano”, dijo luego el diputado Rojas. Acusó a sectores próximos a Morales de buscar la renuncia de Paz. “Estamos defendiendo la institucionalidad”, aseguró el legislador.  También pidió vigilancia policial sobre convocatorias de sectores afines.

Ante la Felcc, sus simpatizantes instalaron una vigilia. Condori rechazó culpas por los bloqueos, pero fue suspendido por ocho meses del Parlamento.

Caso Mariaca: la Felcn investiga 43 vehículos de lujo y revisa documentos de dos concesionarias
Tras los allanamientos a dos concesionarias de Santa Cruz de la Sierra, la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) y fiscales de Sustancias Controladas de La Paz revisan documentos secuestrados para establecer posibles vínculos con el caso del exfiscal Roger Mariaca.

Las operaciones, autorizadas por la justicia, se realizaron en Prestige, en la radial 27 y cuarto anillo, donde se secuestraron 13 vehículos, y Fullcars, en la avenida Dos de Agosto, entre cuarto y quinto anillo, con otros 30. En total son 43 motorizados, entre ellos de marcas de alta gama.

Los investigadores recogieron documentación de autos encontrados y de otros ya vendidos. Un jefe de la Felcn señaló que se investigan versiones sobre presuntas compras al contado de vehículos de alta gama por parte de operadores de justicia con posibles nexos con el exfiscal Mariaca, el policía Rubén Aparicio y los fiscales Alberto Zeballos y Martín Irusta, detenidos en diferentes cárceles. La Felcn prevé otros allanamientos a inmuebles de Santa Cruz para establecer más vínculos con este caso.

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