Por: Luciana Campero Chávez |
El 21 de octubre de 2024, la Asamblea Legislativa Plurinacional eligió a Roger Mariaca Montenegro como Fiscal General con más de dos tercios de los votos: 115 de 161. Sin embargo, esa cifra no cuenta la historia completa.
Hay que retroceder hasta la ley de convocatoria, la Ley 1597, del 23 de agosto de 2024, que vulneraba los artículos 122, 161.8, 172.1, 227, 232 al 240 y 410 de la Constitución.
Decir que una norma es inconstitucional no basta. A veces hace falta actuar. Y eso hice el 9 de octubre de 2024, en Sucre, cuando presenté una acción de inconstitucionalidad abstracta ante el Tribunal Constitucional Plurinacional. De haber seguido su curso, la habría ganado. La infracción era clara y la elección habría quedado nula de pleno derecho.
¿Por qué? En los pasillos del Parlamento ya se hablaba de pagos a cambio de votos para Mariaca. Su trayectoria como fiscal departamental y su inacción frente al narcotráfico en su región, sostengo, permitían entender que solo el dinero explicaba su candidatura. Su nombre llegaba con fuerza y con billetes verdes.
A mí nunca me ofrecieron nada. Sabían que denunciaría de inmediato y que, como suplente, probablemente no votaría. Aun así, presenté el recurso.
Lo que siguió fue una lección sobre cómo funciona el poder en Bolivia. No habían pasado ni unas horas —el recurso ni siquiera había llegado a la prensa— cuando colegas que respondían a Carlos Alarcón empezaron a llamarme para que lo retirara. Me amenazaron con quitarme el curul.
Un alto dirigente de Comunidad Ciudadana me llamó por encargo de Alarcón. Le expliqué que Mariaca no podía ganar limpiamente y que, a mi juicio, estaba comprando votos. Me pidió que retirara el recurso y me dio su palabra —tomada de la de Alarcón— de que Mariaca no conseguiría los dos tercios. Me dijo: «Luciana, por favor, retira el recurso. Carlos Alarcón me dio su palabra. Mariaca no tiene los dos tercios. Los titulares dirán que CC hizo caer la elección del Fiscal General».
Tenía razón en una cosa. Habríamos sido nosotros —en realidad, mi recurso— quienes tumbáramos la elección y, con ella, también la posibilidad de que Lanchipa continuara en el cargo.
Confié y retiré la acción.
El día de la votación yo no estaba habilitada. Seguí la sesión entera como quien sigue el capítulo final de su serie favorita. En la primera ronda, entre diez candidatos, William Alave, del ala masista, obtuvo 19 votos; Milton Montellano, de la poca oposición que votó con conciencia, 29; y Mariaca, 89.
En la segunda ronda quedó al descubierto el mecanismo. Según mi versión, dos operadores políticos —diputados supuestamente opositores— repartían pagos y bolígrafos de tinta borrable. La secuencia era sencilla: entrar, marcar a Montellano, fotografiar el voto para la bancada, borrarlo, votar realmente por Mariaca, salir y cobrar.
De uno de esos operadores solo diré que tiene cierto fetiche por las maletas.
Al sumar los votos reales que circulaban en los chats de control de las bancadas opositoras, Montellano debió obtener muchos más de los que finalmente recibió. El fraude, sostengo, infló los bolsillos y las billeteras de varios asambleístas.
El resultado final fue de 115 votos para Mariaca y 33 para Montellano. Ni siquiera esos 33 votos provinieron exclusivamente de la oposición; una parte del masismo más duro también lo apoyó.
El resto de la historia, Bolivia la conoce de memoria. Aparece en los medios y se ha convertido en tema habitual de sobremesa.
Hace poco me reí al ver al propio Alarcón exigir la renuncia del exfiscal al que él mismo había ayudado a llegar al cargo, del mismo modo que contribuyó a colocar al Defensor del Pueblo.
Bolivia merece saber cómo se compró esa elección y quiénes, pese a intentar impedirlo mediante acciones concretas, fuimos frenados una vez más por quienes manejan las bancadas desde las sombras.
A Mariaca lo sostuvieron desde el primer día. Y quienes lo hicieron fueron, muchas veces, mis propios colegas.
Puede que aún no sea tarde para que Bolivia sepa, con nombres y apellidos, quiénes permitieron este MariacaZO.
