Por: Carlos Ibáñez Meier |
Perú transformó extensas zonas desérticas en centros agroexportadores de importancia mundial, mientras Bolivia, con fértiles valles, extensas llanuras y abundantes recursos, aún no aprovecha plenamente su potencial agrícola. La explicación no está principalmente en la naturaleza, sino en las decisiones económicas, las inversiones, la calidad de las instituciones y la continuidad de las políticas.
El milagro peruano tuvo una fórmula identificable. Primero, agua: el Estado llevó recursos de las cuencas andinas a la árida costa mediante Chavimochic en La Libertad, Olmos en Lambayeque y Majes-Siguas en Arequipa, y la superficie dedicada a la agroexportación pasó de unas 100.000 hectáreas en 2013 a unas 170.000 en 2018. Segundo, capital privado: las tierras irrigadas se adjudicaron a empresas que pusieron riego tecnificado, plantas empacadoras, cadena de frío y certificaciones. Tercero, mercados: el Estado negoció acuerdos comerciales con Estados Unidos, China y la Unión Europea, aportó caminos, electricidad y sanidad vegetal, y el clima costero permitió cosechar casi todo el año y vender cuando los competidores del hemisferio norte no tienen fruta. Cuarto, continuidad: la apertura comercial se sostuvo a lo largo de varios gobiernos.
El resultado es extraordinario. Las agroexportaciones, de unos US$ 650 millones hacia el año 2000, rondaron los US$ 12.000 millones en 2024. En arándanos, Perú ocupaba el puesto 14 mundial en 2013 y en 2024 era el primer exportador, con US$ 2.270 millones; además lidera en uvas de mesa y es segundo en paltas. Perú no esperó a que sus desiertos se volvieran fértiles: invirtió para convertirlos en tierras productivas y conectarlas con el mundo. No todo funciona bien allá, pero sus resultados merecen estudio.
Bolivia tiene tierras en Santa Cruz, valles en Cochabamba, Chuquisaca y Tarija y recursos hídricos aprovechables. Pero muchas zonas carecen de caminos, riego moderno, electricidad y almacenamiento, y seguimos dependiendo de productos tradicionales como los derivados de la soya. No faltan empresarios ni agricultores capaces; ha faltado una estrategia nacional sostenida que articule su esfuerzo con infraestructura pública, inversión privada, tecnología y acceso a mercados.
El Altiplano ofrece otra oportunidad. Bolivia y Perú producen casi toda la quinua del mundo, pero Perú es hoy el primer exportador: en 2024 concentró cerca del 44% de las ventas mundiales frente al 28% de Bolivia, y en 2025 exportó más de US$ 152 millones. Su ventaja es un enfoque comercial: variedades mejoradas, empresas privadas, cultivo en zonas no tradicionales con rendimientos de hasta 4 toneladas por hectárea frente a 1,5 en la sierra, y granos andinos como cañihua y kiwicha. Bolivia, con sus pequeños productores del Altiplano, debería imitarlo con semilla mejorada, riego complementario, cosecha mecanizada, certificación orgánica, asociaciones que negocien con compradores y procesamiento local, pues ambos países venden sobre todo grano entero. Lo mismo vale para la cebada, la avena y otros cereales altiplánicos.
Propongo un Plan Nacional de Infraestructura Rural y Desarrollo Agroexportador 2027-2036, con US$ 6.500 millones referenciales en diez años (US$ 650 millones anuales): US$ 2.500 millones para caminos rurales, 2.000 para riego, 700 para electrificación, 600 para acopio y refrigeración, y 700 para tecnología y asistencia técnica. Son cifras de planificación sujetas a estudios técnicos y ambientales. Habría corredores productivos con agua, caminos, electricidad y compradores: entre 8.000 y 12.000 kilómetros de caminos rehabilitados y entre 100.000 y 200.000 hectáreas de riego incorporadas o modernizadas. Cochabamba podría aprovechar Misicuni.
¿De dónde saldría el dinero? No solo del Tesoro ni de endeudamiento indiscriminado. Propongo cinco fuentes: US$ 1.300 millones de recursos públicos, reasignando inversiones de baja rentabilidad y sin nuevos impuestos; US$ 2.600 millones del BID, el Banco Mundial y CAF; US$ 1.950 millones de inversión privada, que exige seguridad jurídica sobre la tierra y protección frente a avasallamientos; US$ 325 millones del BDP y el sistema financiero, en créditos ajustados a los ciclos productivos; y US$ 325 millones de cooperativas y cooperación bilateral o climática. Los financiamientos ya aprobados por CAF y el Banco Mundial tienen destino y no pueden contarse de nuevo: esto es una meta de movilización, no un compromiso existente. El Estado debe financiar bienes públicos —caminos, infraestructura hídrica, sanidad e investigación— y el capital privado, las actividades comerciales, con licitaciones transparentes y auditorías.
Nada prosperará mientras los bloqueos recurrentes paralicen el país: destruyen cosechas perecederas, encarecen alimentos, cortan combustibles y fertilizantes, y ahuyentan inversiones. ¿Qué inversionista financiaría una plantación de largo plazo sin garantía de transportar su producción? Se necesita una ley que proteja la libre circulación y sancione proporcionalmente los bloqueos deliberados que causen daños graves, violencia o destrucción de infraestructura, respetando la protesta pacífica y el debido proceso.
El principal beneficiario debe ser el campesino. Con caminos, riego, electricidad, asistencia técnica y mercados estables, las familias rurales podrían aumentar rendimientos y obtener mejores precios; a modo ilustrativo, una familia con Bs 30.000 netos anuales podría llegar a Bs 45.000 o más, sin que sea un resultado garantizado. Para ello se requieren cooperativas, crédito y distribución transparente del agua. En un escenario intermedio, Bolivia podría sumar unos US$ 1.200 millones anuales de exportaciones agroalimentarias hacia 2036, según productividad y demanda.
El gobierno de Rodrigo Paz puede convertir esta propuesta en política de Estado: convocar a gobernaciones, campesinos, empresarios y universidades; preparar una cartera de proyectos financiables; negociar con CAF, BID y Banco Mundial programas plurianuales con metas verificables; y rendir cuentas cada año sobre kilómetros de caminos, hectáreas con riego e ingresos campesinos. Bolivia necesita resultados, no solamente anuncios.
Perú tenía desiertos y construyó irrigación; conectó sus polos agroindustriales con los mercados y atrajo inversiones de largo plazo. Bolivia debe sustituir la improvisación por planificación, el gasto improductivo por inversión rentable, la inseguridad jurídica por reglas estables y la confrontación permanente por una cultura de producción, trabajo y respeto a la ley. Bolivia necesita dejar de administrar su potencial y comenzar a convertirlo en desarrollo, porque la pobreza de un país con recursos no se supera proclamando su riqueza natural, sino creando las condiciones para producir, invertir, trabajar y vender al mundo.
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