A menos de una semana de que concluya el estado de excepción declarado por 90 días el pasado 20 de junio, no hay consenso político para ampliar la vigencia de esta medida en el país y, por el contrario, suman las expresiones de rechazo a su eventual extensión hasta fin de año.
Vía: Visión 360 |
En la Asamblea Legislativa Pluriacional (ALP) de la que depende una eventual ampliación, según dispone la ley 1740 de declaratoria del estado de excepción, existen voces dispersas. Mientras frentes como Súmate y una facción del PDC anticipan un respaldo a la ampliación, otras, como Libre, consideran que esto dependerá de cómo el Gobierno justifica mantener una medida que no supo hacer cumplir a su cabalidad durante este tiempo.
Con ello, hacen referencia, por ejemplo, a las marchas y bloqueos cortos que se realizaron durante este tiempo y, fundamentalmente, a lo que ocurre en el Trópico de Cochabamba, donde el control de la zona continúa en manos de los seguidores del expresidente Evo Morales.
El jefe de Libre, el expresidente Jorge Quiroga, dijo que el estado de excepción, además de “no haber demostrado que ha sido muy efectivo”, no depende ahora para su continuidad de la iniciativa de algún legislador, sino del Ejecutivo, que para ello debe antes rendir cuentas por estos 90 días y luego justificar la necesidad nacional de otros 90 más.
Además, advirtió que su eventual prórroga retrasará la reforma parcial de la Constitución Política del Estado y, consecuentemente, la atracción de inversiones. “Sabemos que prorrogar una medida que ha sido enunciativa, declarativa y no ha sido efectiva (el estado de excepción) tiene una consecuencia directa: se posterga la urgente y perentoria reforma a la Constitución. Ya han pasado 10 meses [de la gestión de Paz] y no se reforma la Constitución”, afirmó.
De igual forma, el jefe de bancada de este frente, Rafael López, dijo que el Ejecutivo no puede hablar de ampliar el estado de excepción sin antes haber rendido cuentas del cumplimiento de esta medida en los 90 días.
“La Asamblea no creo que vaya a aprobar una ampliación del estado de excepción cuando el Gobierno no ha ido a rendir un informe sobre el estado actual del estado de excepción” (SIC), dijo, para luego señalar que, en un estado de excepción, lo que tiene que hacer el Gobierno es aprehender a las personas que lo incumplen para neutralizar los focos que quieren “interrumpir el estado constitucional”.
La diputada de Unidad, Julieta Jiménez, coincidió en que no se puede hablar de una ampliación sin antes hacer recibido un informe sobre los 90 días de estado de excepción, en los que, en su criterio, el Gobierno no logró avanzar en la solución de los problemas de fondo del país.
Dijo que personalmente apoyaría una medida para impedir que se repitan los conflictos sociales que derivaron en la declaratoria de un estado de excepción, pero no sin antes recibir un informe pormenorizado del Ejecutivo. Anunció que la bancada de su partido se reunirá en las próximas horas para tomar una decisión.
Por su parte, el alcalde de Cochabamba y jefe de Súmate, Manfred Reyes Villa, dijo que “ojalá” se amplíe el estado de excepción.
“Ojalá que se amplíe porque en realidad para mí el ampliar el estado de excepción significa ampliar la paz y evitar que los radicales quieran nuevamente entrar a la desestabilización y a la confrontación entre los bolivianos”, afirmó en un contacto con periodistas en Cochabamba.
El fin de semana, el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, anunció que el Gobierno buscará ampliar el Estado de Excepción por otros 90 días.
“Nosotros vamos a presentar un decreto nuevamente para la ampliación del decreto del Estado de Excepción. Tengo entendido que también hubo la Comisión de Constitución y Justicia Plural de Diputados que ha presentado la misma solicitud, entonces, hay que ver cuál va a ser el procedimiento que se va a seguir en la Asamblea Legislativa para la ampliación del Estado de Excepción. Creo que hay un gran consenso ciudadano y también hay un gran consenso en la misma Asamblea Legislativa para que esto se produzca”, afirmó.
Amenazas y rechazo a la ampliación
Ante los anuncios de una eventual ampliación del estado de excepción, algunos sectores sociales anunciaron su rechazo y anticiparon su desacato, de ser necesario.
En un congreso nacional, el transporte libre aprobó un pronunciamiento en el que rechaza cualquier intento de ampliar el estado de excepción.
“El presente congreso rechaza, contundentemente, y declara enemigos de la población y de la democracia, a los diputados y senadores que han planteado la ampliación del estado de excepción. El transporte libre boliviano, con sus nueve departamentos, con todos sus sectores, rechaza cualquier ampliación del estado de excepción, siendo, como bolivianos, libres de poder transitar, libres de poder estar en cualquier lugar del Estado y, obviamente, somos libres de tener una manifestación si es que hay políticas que van en contra de estos sectores”, señala el pronunciamiento.
La Confederación Nacional de Maestros Urbanos de Bolivia fue más allá y ratificó para este martes una movilización de cacerolas vacías en los nueve departamentos, desafiando el estado de excepción vigente.
“El hambre no conoce el estado de excepción, la precarización y reiteramos, el congelamiento salarial en nuestro sector nos obliga a movilizarnos”, justificó El dirigente Wilfredo Ajllahuanca, luego de lamentar que en estos 90 días el Gobierno haya sido incapaz de resolver las demandas de los sectores sociales y tampoco el problema de la escasez de combustible que atribuyó a los bloqueos.
En el Trópico de Cochabamba, la ejecutiva de la Federación de Comunidades Interculturales Chimoré, Jesusa Yampara, recordó que el estado de excepción no fue respetado en estos 90 días y dijo que tampoco será respetada una futura ampliación.
“En la región del Trópico de Cochabamba no hemos respetado y nunca lo vamos a respetar. ¿Por qué? Porque este estado de excepción solamente lo han puesto para robar, para saquear al pueblo boliviano, para matar de hambre, eso es el estado de excepción”, afirmó.
El gobernador de Cochabamba y dirigente cocalero, Leonardo Loza, consideró que el estado de excepción no sirvió para resolver los verdaderos problemas de los bolivianos y advirtió con levantamientos contra esa medida.
“El Estado de excepción sirvió para que extranjeros vengan y nos roben, para no combatir el tema del narcotráfico, para eso sirvió. En su debido tiempo el pueblo mismo levantará su voz contra esta medida. Para mí, si aprueban es totalmente inconstitucional”, dijo.
El defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, consideró que, más allá de la ampliación del estado de excepción, el Gobierno atender las demandas de los sectores sociales.
“Más allá de la ampliación o no de un estado de excepción, el tema principal es resolver las causas estructurales que motivan estos niveles de conflictividad, la insatisfacción que tiene la población”, dijo.
