BOLIVIA: DEMOCRACIA EN RIESGO Y LA URGENCIA DE REFUNDAR LA REPÚBLICA

Por: Carlos Ibañez Meier |

Bolivia atraviesa una de las etapas más delicadas de su historia democrática reciente. Lo que existe es un deterioro profundo de la institucionalidad, una erosión acelerada de la autoridad estatal y una peligrosa normalización de la presión callejera como mecanismo principal de disputa por el poder. Bolivia se acerca a un escenario donde la ley deja de ser el eje ordenador de la convivencia nacional y es reemplazada por la capacidad de movilización, bloqueo y coerción territorial.

El problema de fondo es que Bolivia ha institucionalizado la conflictividad. Durante décadas se consolidó una cultura política donde la presión callejera produce más resultados que la institucionalidad, y la capacidad de coerción pesa más que la legitimidad democrática. En ningún país estable la paralización del territorio es una herramienta normal de acción política. Sin embargo, en Bolivia se convirtió en práctica recurrente, tolerada y muchas veces premiada, creando un incentivo perverso: quien más bloquea, más obtiene.

La crisis refleja también el agotamiento de un modelo político excesivamente corporativista. El Estado dejó de relacionarse con ciudadanos individuales bajo igualdad jurídica y pasó a negociar con sectores organizados que operan como grupos de presión permanentes. Transportistas, cooperativistas, sindicatos, cocaleros y múltiples estructuras corporativas acumularon capacidad de veto sobre decisiones nacionales, generando un Estado cada vez más débil frente a actores cada vez más fragmentados. A esto se añade la pérdida de credibilidad de la justicia y de las instituciones electorales: cuando una sociedad deja de confiar en jueces y árbitros electorales, las disputas migran a las calles, generando un círculo de deterioro donde la crisis económica alimenta la conflictividad y la conflictividad destruye la inversión y el crecimiento.

Reformas constitucionales prioritarias.- La reforma institucional que proponen constitucionalistas, economistas y especialistas en gobernabilidad no pasa necesariamente por reemplazar toda la Constitución, sino por modificar artículos críticos de la Constitución de 2009 y varias leyes estructurales que hoy generan incentivos para la conflictividad, la captura política del Estado y la inseguridad jurídica.

En materia de reelección presidencial, se propone establecer una sola gestión de cinco años sin reelección inmediata, o un máximo de una reelección explícitamente limitada, con prohibición expresa de reinterpretación judicial. Respecto a la elección popular de magistrados, existe consenso en que debe eliminarse y sustituirse por concursos públicos meritocráticos con participación de universidades, colegios de abogados y sociedad civil, y aprobación parlamentaria con dos tercios. La experiencia acumulada muestra que la elección popular de jueces derivó en politización, campañas partidizadas y pérdida de legitimidad judicial.

Sobre la excesiva fragmentación autonómica, se plantea clarificar competencias exclusivas, fortalecer la coordinación nacional y establecer disciplina fiscal obligatoria. En cuanto a la justicia indígena, el objetivo no es eliminar su reconocimiento cultural sino delimitar competencias con claridad, subordinar toda jurisdicción a los derechos fundamentales nacionales y garantizar uniformidad mínima del debido proceso. Por su parte, el modelo económico constitucionalizado requiere modificaciones que fortalezcan la protección de la propiedad privada, garanticen estabilidad jurídica, blinden la independencia del Banco Central y establezcan responsabilidad fiscal.

Uno de los vacíos más urgentes es la ausencia de garantías constitucionales explícitas para la libre circulación, la continuidad de servicios esenciales y la protección de la infraestructura crítica. Ningún derecho democrático puede ejercerse mediante coerción territorial prolongada. Esta distinción, vigente en la mayoría de las democracias modernas, necesita incorporarse en Bolivia con claridad normativa.

Reformas legales indispensables.- En el plano legislativo, las reformas más urgentes apuntan a varios frentes. La Ley del Órgano Judicial y la Ley del Tribunal Constitucional deben reformarse para crear una carrera judicial real basada en meritocracia, independencia presupuestaria y límites a las reinterpretaciones expansivas que contradicen el texto constitucional. La Ley Electoral requiere mayor independencia del Tribunal Supremo Electoral, auditorías automáticas y sanciones severas por fraude.

Bolivia también necesita con urgencia una Ley de Servicio Civil que profesionalice el aparato estatal y rompa el ciclo donde cada cambio de gobierno destruye la administración técnica acumulada. Ningún país serio funciona sin una burocracia profesional estable. Asimismo, deben crearse una Ley de Protección de Infraestructura Crítica y una Ley de Continuidad Nacional que regulen las protestas prolongadas y establezcan sanciones proporcionales para los bloqueos violentos, diferenciando con claridad la protesta legítima de la coerción económica.

Participación ciudadana directa: los Consejos Ciudadanos Sectoriales.- Reformar el Estado sin ampliar canales institucionales de participación ciudadana sería una reforma incompleta. La CPE ya reconoce en sus artículos 11, 241 y 242 mecanismos de democracia directa y control social, pero estos carecen de estructura operativa. La propuesta es introducir en la CPE y en la legislación complementaria los Consejos Ciudadanos Sectoriales (CCS), definidos como órganos permanentes de participación deliberativa y consulta vinculante, integrados por organizaciones sociales, universidades, colegios profesionales, empresarios, trabajadores, juntas vecinales y pueblos indígenas.

Los CCS no son una nueva forma de corporativismo: son su antídoto institucional. A diferencia de los grupos de presión que hoy operan informalmente, los CCS canalizarían la demanda ciudadana dentro del Estado con reglas claras y transparencia y serian mucho más efectivas que la propuesta del gobierno de crear un nuevo ministerio que esté a cargo de las organizaciones sociales. Sus funciones incluirían la iniciativa legislativa ciudadana, la consulta obligatoria sobre leyes estratégicas y la participación en planificación de políticas públicas. Operarían en los niveles nacional, departamental y municipal, con sesiones públicas y resoluciones de carácter vinculante parcial. Dos instrumentos complementarios los harían viables: una Ley de Empoderamiento Ciudadano con presupuesto participativo y cabildos digitales, y una Ley de Democracia con Participación Ciudadana que cree Consejos Económicos, Educativos, Ambientales y Tecnológicos con competencias sectoriales definidas. El objetivo es transformar la participación de una herramienta de presión callejera en un derecho ejercido dentro de las instituciones.

Bolivia todavía puede corregir el rumbo. Cuenta con recursos estratégicos, una sociedad joven y una posición geopolítica relevante en Sudamérica. Pero ningún potencial podrá desarrollarse mientras el país continúe atrapado en ciclos de polarización, bloqueos e inseguridad jurídica. La historia latinoamericana demuestra que los países que prosperan entienden que la democracia no es solamente movilización, sino también orden, ley y respeto institucional. Bolivia deberá decidir si quiere seguir siendo rehén de la conflictividad permanente o si está dispuesta a construir una República moderna donde las reglas estén por encima de los caudillos, las corporaciones y las presiones sectoriales.