La diputada de la opositora Alianza Libre Lissa Claros aseguró que participarán en el acto de interpelación contra el ministro de Hidrocarburos, Mauricio Medinaceli, y que plantearán el mismo acto de fiscalización para otras autoridades.
Vía: ANF |
El vicepresidente del Estado, Edmand Lara, fijó para el próximo viernes la interpelación al ministro de Hidrocarburos, Mauricio Medinaceli, para tratar los presuntos sobreprecios en la compra de combustibles y la mala calidad de la gasolina; sin embargo, el presidente del Senado, Diego Ávila, advirtió que el acto sería “ocioso” si no existe una ley que regule el procedimiento y establezca los efectos de una eventual censura.
La vicepresidencia formalizó este miércoles mediante una publicación la convocatoria a senadores y diputados de la Asamblea Legislativa para la sexta sesión extraordinaria prevista para las 09.00 del viernes 27 para tratar “el sobreprecio en la adquisición de crudo por parte de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos”.
En principio, Lara había previsto la interpelación para el 6 de marzo, según una carta enviada al presidente Rodrigo Paz para comunicar que el ministro Medinaceli debía responder un cuestionario de 33 preguntas relacionadas a la mala calidad de combustible, que es un problema que moviliza a centenares de afectados por los daños sufridos en los motores de sus vehículos.
“Acto ocioso”
El presidente de Senado replicó a Lara señalando que en la práctica la interpelación no tendrá un efecto.
“No ganamos nada con interpelar a cualquier autoridad si al final no va a haber ningún efecto. Va a venir, nos puede contar esa autoridad cualquier cosa y no habrá ningún efecto y termina ahí. Entonces me parece que deberíamos evitar un acto ocioso”, afirmó Ávila.
El senador señaló que se solicitó al vicepresidente elaborar una norma que establezca el procedimiento de los actos de interpelación y los efectos que puede causar la decisión de la asamblea, pero no tuvieron ninguna respuesta.
Sobre el tema, Lara recordó que el recurso constitucional que en su momento interpusieron los ministros del gobierno de Luis Arce para evitar las interpelaciones, suspende la censura y una posible destitución, pero eso no afecta al acto de interpelación del ministro.
“Lo único que está con medida cautelar es la destitución y la censura, ¿qué quiere decir? Que la Asamblea Legislativa puede interpelar. La gente quiere saber ¿A cuánto han comprado el combustible? (...) ¿Por qué han dañado los motores y qué van a hacer para reparar los daños a toda esa gente? Eso es lo que tiene que responder el ministro”, dijo Lara.
La diputada de la opositora Alianza Libre Lissa Claros aseguró que participarán en el acto de interpelación contra Medinaceli y que plantearán el mismo acto de fiscalización a otros ministros, asegurando que la resolución de la Sala Constitucional Primera de La Paz no suspendió las interpelaciones, solo suspendió los efectos de ese procedimiento.
Antecedentes
En diciembre de 2020, el gobierno de Arce promulgó la Ley 1350 que Regula los efectos de la Censura determinada por la Asamblea Legislativa dispone que la censura de la autoridad interpelada derivará en su destitución. Además, restringió la posibilidad que sea designada como ministro en los tres años posteriores a su despido.
Sin embargo, en agosto de 2023, el entonces ministro de Economía, Marcelo Montenegro, interpuso un amparo constitucional contra la norma anteriormente señalada y la Sala Constitucional Primera de La Paz dictó la suspensión de las interpelaciones.
Esa resolución fue remitida al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) y hasta el momento no existe un fallo definitivo.
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