Por: Amalia Pando |
Por segunda vez, con una distancia de 23 años, Ernesto Justiniano Urenda, 57, ocupa el cargo de "Zar Antidrogas" o viceministro de Defensa Social, que es lo mismo.
Su primera gestión fue de solo un año en el gobierno de Goni Sánchez de Lozada.
Desde entonces, la lucha contra el narcotráfico se ha empobrecido de forma dramática, tal como nos contará en esta conversación, mientras que las bandas criminales ampliaron la extensión de los territorios que controlan y la base social que los apoya, disponen de armamento moderno y cambian todos los días su modo de producción y de transporte.
Justiniano no se anima a decir quién está al frente de ese gran negocio ¿ Evo Morales ? Pero sí sabe que los cultivos de coca son el doble de lo legal y que con mucho esfuerzo apenas se logrará incautar el 10% de la droga que se produce aquí.
Cuando no hay ni para la gasolina no se puede pedir más.
Justiniano es ingeniero graduado en Buenos Aires, pero su pasión ha sido la política. Fue diputado por Santa Cruz en las filas de PODEMOS de Tuto Quiroga; quiso ser alcade de Santa Cruz con la camiseta de Unidad Nacional de Doria Medina y también representó al MIR de Jaime Paz . De tal modo que no es extraño que forme parte del gobierno de Rodrigo Paz en el cargo más peligroso.
Empezaremos hablando de las maletas, dice que recibió un parte que da cuenta que las 32 pasaron por el olfato de los canes policías sin mostrar nada que los alarme.
¿ Cuán corrupta es la FELC-N ? Dos de sus jefes, Sanabria y Dávila, fueron condenados en EEUU. Así y todo, es lo que hay.
Justiniano es cuidadoso con lo que dice de la DEA, mide cada palabra para no meter la pata y a pesar de su cautela nos hizo más de una revelación.
Empecemos con la marihuna ¿qué les parece?
AMALIA
PANDO: ¿Ha notado diferencias al desempolvar el escritorio? ¿Encontró
diferencias?
ERNESTO
JUSTINIANO URENDA:Sí,
encontramos diferencias. En esa época, desde el punto de vista técnico, por
ejemplo en la conversión de hoja de coca en cocaína, necesitábamos 345 kilos de
hoja de coca para producir un kilo de cocaína. Hoy, según el último informe
presentado en diciembre del monitoreo de coca de Naciones Unidas, hemos
trabajado con un valor de 200 kilos.
Hay un
compromiso para este año de hacer una nueva evaluación en Bolivia de un nuevo
estándar, que podría llegar a 148 kilos de hoja de coca para producir un kilo
de cocaína. Un dato como ese cambia todo el escenario. Con las hectáreas de
coca que serán presentadas entre junio y julio, estimamos que estarán alrededor
de 40.000 hectáreas y una producción potencial de 300 toneladas de cocaína al
año en Bolivia.
Eso ha
hecho muy atractivo al país para mafias que se han asentado en la región. Es la
modernización de una industria ilegal que cambia todos los días, también como
resultado de la represión.
Pero lo que
más me llama la atención es la marihuana húmeda. En las últimas horas se
realizó un operativo en las bóvedas del aeropuerto de Aeropuerto Internacional
Viru Viru y se encontraron dos encomiendas con 356 kilos de marihuana húmeda,
procedente de Miami.
AP: ¿Cómo
es que, desde Estados Unidos, que es un mercado de marihuana, se está enviando
marihuana a Bolivia? ¿Tiene alguna hipótesis?
EJU: Es una modalidad nueva para
nosotros, aunque no para la región. Ya la habíamos analizado con la Fuerza
Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN), porque teníamos información
al respecto. El decomiso se realizó ayer a las siete de la tarde con apoyo de
aduana, que informó a la FELCN y luego a la fiscalía.
En Estados
Unidos se le llama hachís o marihuana húmeda. Tiene una concentración cinco
veces más potente que la que normalmente decomisamos en Bolivia. En Uruguay,
por ejemplo, en enero y febrero del año pasado ya se había detectado este tipo
de sustancia procedente de California.
En Bolivia
probablemente se trate de un país de tránsito. No queremos inferir destinos,
pero podría ser similar a lo que ocurrió en Uruguay, donde el principal destino
era Brasil. Ya se dio parte a Estados Unidos y la investigación está en curso.
AP: ¿No
compararon esta droga —o podrían hacerlo en el futuro— con la marihuana húmeda
encontrada en dependencias vinculadas al exjuez Heber Ceballos?
EJU. Hay características similares en
productos incautados. También tenemos información de que existía intención de
producir esa sustancia en Bolivia. Es una modalidad nueva y el caso está en
investigación fiscal. Nuestra labor como Estado ya pasó a actuación del
Ministerio Público, que dará a conocer los avances.
AP: ¿Por
qué no revisaron ustedes las maletas en su momento?
EJU: La información llegó tiempo
después. En su momento, la FELCN realizó una revisión con canes y no se detectó
droga; no hubo alerta. En cambio, en el operativo reciente sí hubo alerta del
binomio canino y se procedió a la intervención.
AP: ¿Y
no se les ocurrió abrirlas para verificar qué había dentro?
EJU: El reporte que tenemos es que se
hizo la revisión técnica por parte de la FELCN y no se detectó ningún tipo de
droga. Luego el caso pasó a aduana.
AP: ¿No
cree que hubo un grado de negligencia por parte de la FELCN?
EJU: Han existido una serie de
situaciones que ya son de conocimiento público, principalmente vinculadas a
aduana. Se están estableciendo responsabilidades y el caso está en actuación
fiscal. No queremos hacer declaraciones que interfieran en el proceso judicial.
Cuando
asume nuevamente el cargo, la corrupción interna es uno de los grandes
problemas heredados.
AP: ¿La
corrupción interna no es una de las grandes herencias, considerando que incluso
hubo jefes antidroga presos en Estados Unidos?
EJU: Ese es un cambio que hemos
establecido en este nuevo ciclo. Se llegó a un grado muy complicado de
corrupción dentro de instituciones del Estado. Muchas personas tenían dos
opciones: participar o mirar hacia otro lado. Eso generó complicaciones graves,
incluso peores que el propio narcotráfico, porque debilitó a las fuerzas
encargadas de combatirlo.
Hemos
advertido que Bolivia debe volver a ser un país confiable en mesas técnicas de
trabajo e inteligencia. Por eso iniciamos estudios de confiabilidad.
Empezaremos con 250 efectivos de la fuerza antidrogas en áreas sensibles, para
determinar si han tenido vínculos con corrupción o narcotráfico.
AP: ¿Los
van a investigar?
EJU: Sí. Se realizará un estudio de
confiabilidad, como se hace en otros países, para garantizar que puedan recibir
y manejar información de inteligencia con credibilidad.
Otra medida
importante es que el presidente nombró al comandante y al alto mando de la
Policía Nacional, y desde entonces ni el ministro ni otras autoridades han
intervenido en designaciones policiales. Buscamos devolver institucionalidad y
evitar designaciones políticas o ideológicas.
AP: ¿Y
al comandante lo han investigado?
EJU: El comandante ha sido elegido en
base a méritos, conducta y trayectoria. Es quien actualmente marca la línea a
nivel nacional.
Entonces,
creemos que es un comandante que realmente está cabalmente en su puesto y que
puede ayudarnos muchísimo en la lucha contra la corrupción.
Podríamos
decir que están empezando una reestructuración de la Fuerza Especial de Lucha
Contra el Narcotráfico y otras unidades especializadas. Es una tarea inmensa.
AP: ¿La
DEA nos está ayudando o eso será a mediano plazo?
EJU: Hablar de la Drug Enforcement Administration
(DEA) siempre genera susceptibilidades. Esto es un proceso; no se puede tomar
una fotografía del momento y definir la relación a partir de eso. Es una
relación que se está reconstruyendo y trabajando nuevamente.
Si hay algo
claro, es la voluntad política de ambas partes —tanto de la cooperación
norteamericana como de la boliviana— para coordinar un trabajo conjunto en la
lucha contra el narcotráfico.
No solo con
Estados Unidos. Hace dos semanas recibimos una delegación de la Unión Europea,
con quienes realizamos paneles de seguridad enfocados en narcotráfico, que para
ellos es una prioridad. Trabajamos con representantes de España, Italia,
Alemania, Suecia e Irlanda, entre otros.
La próxima
semana participaremos en el Comité Latinoamericano de Seguridad Interior
(CLASI), un mecanismo regional de seguridad interna en el que Bolivia asumirá
la presidencia. Allí sostendremos reuniones bilaterales para fortalecer la
cooperación.
Un país
clave para nosotros es Brasil, que es un mercado importante y receptor de gran
parte de la cocaína producida en Bolivia. Además, cuenta con organizaciones
criminales muy avanzadas tecnológicamente, lo que representa un desafío
significativo.
En la
anterior conversación mencionábamos el caso de las maletas y también el
escándalo de la madera: cargamentos que salieron de Santa Cruz, con droga
camuflada dentro de madera industrializada, y que fueron interceptados en el
puerto de Arica, en Chile. Han sido dos embarques grandes.
AP: ¿Se
investigó algo más? ¿Se sabe algo adicional sobre el caso de la madera?
EJU: Sobre el tema de Arica, antes de
entrar en detalles, quiero señalar que también estamos ante un cambio de ciclo
en materia de seguridad. Hoy conversábamos sobre el uso de criptomonedas, donde
Brasil está muy avanzado, especialmente en el rastreo de operaciones vinculadas
al narcotráfico.
Son nuevas
técnicas y tecnologías. Bolivia aún tiene un rezago importante en ese ámbito,
por lo que necesitamos fortalecer la cooperación con países vecinos para elevar
nuestro nivel tecnológico y así enfrentar mejor a las organizaciones
criminales.
AP: ¿Estuvieron
en Arica?
EJU: Sí. Conformamos una delegación y
fuimos hasta Arica, en Chile. Personalmente estuve presente junto a la fiscalía
chilena y la fiscalía boliviana. Nos acompañó un guardia civil español y
también personal de la fuerza antidrogas.
Fuimos a
establecer qué había ocurrido con el caso de la madera. Obtuvimos mucha
información. Por ejemplo, puede haber patrullas en Bolivia que inspeccionen
cargamentos de madera y también patrullas en Chile que hagan lo mismo, y aun
así los resultados pueden ser negativos.
AP: ¿Por
qué ocurre eso?
EJU: Porque existen nuevas tecnologías
de impregnación de droga en la madera. Si no es mediante sistemas de
inteligencia artificial que hacen análisis históricos y perfilamientos de
riesgo —y que determinan que cierta carga debe enviarse a laboratorio—, es muy
difícil detectarlo. Normalmente, si los perros no alertan o no existe una
denuncia previa, la carga no se remite a laboratorio.
En Chile sí
lo hicieron, guiados por su sistema de inteligencia artificial, que Bolivia aún
no tiene. De cinco muestras enviadas a análisis, cuatro dieron positivo.
Esto
demuestra la necesidad de fortalecer la cooperación con Chile y también con
otros países como España y Estados Unidos, que aparecían como destinos de esos
envíos. Haber trabajado de manera aislada nos impidió tener una visión más
integral del fenómeno. Eso debe cambiar.
A propósito
de la confianza internacional, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele,
sostuvo que ningún Estado debería perder el control territorial frente al
crimen organizado y que, si ocurre, es porque existe algún grado de
involucramiento estatal.
En Bolivia
también se mencionan zonas sensibles como el Chapare o sectores fronterizos.
AP: ¿Cree
usted que exista voluntad política, recursos y decisión para recuperar
plenamente esos territorios para el Estado boliviano?
EJU: El presidente ha sido claro: no
existen territorios liberados para el narcotráfico.
Hace dos
semanas estuvimos en una zona considerada de alta actividad narcotraficante.
Ingresamos con la prensa y la fuerza antidrogas a dos megalaboratorios capaces
de producir entre 400 y 600 kilos diarios de clorhidrato de cocaína. Estaban
alimentados por nueve fábricas cercanas que proveían pasta base.
Encontramos
destiladores enterrados —los llamados “muertos”—, lavadoras, microondas
industriales y grandes cantidades de sustancias controladas. El daño a esa
estructura fue significativo.
AP: ¿Por
qué no hubo detenidos en ese operativo?
EJU: Porque, para las organizaciones
criminales, las personas son reemplazables. En cambio, la infraestructura que
destruimos requiere tiempo y altos costos para ser reconstruida.
También
detectamos una pista clandestina en una comunidad cercana, en una zona
limítrofe entre Beni y Cochabamba. Teníamos información de entre cinco y diez
vuelos semanales. Este es un problema complejo, porque implica convivencia o
tolerancia social frente al narcotráfico.
En algunos
casos hemos enfrentado resistencia comunitaria cuando se destruyen fábricas
móviles o se decomisan sustancias controladas. Hubo situaciones en las que
grupos de 400 o 500 personas intentaron impedir operativos. Eso demuestra que
existe un proceso de normalización social del narcotráfico en ciertas zonas,
algo que debemos revertir con presencia estatal y concientización.
AP: ¿Cómo
concientizar cuando el narcotráfico genera grandes ingresos en efectivo para
comunidades enteras?
EJU: No podemos justificar ni consentir
el delito porque sea rentable. El daño estructural que genera es mayor. Existen
programas de desarrollo alternativo apoyados por la Unión Europea y Naciones
Unidas que muestran resultados positivos, pero requieren fortalecimiento.
Ahora bien,
si estimamos una producción potencial de 300 toneladas de cocaína al año en
2026, debemos ser realistas.
AP: ¿Cuánto
se logra decomisar realmente?
EJU: En términos internacionales, se interdicto
entre el 10% y el 15% de lo producido o traficado. En el mejor de los casos, estaríamos
hablando de 30 a 45 toneladas decomisadas. El resto logra salir. Es un patrón
que se repite en distintos países.
Por eso no
basta con la interdicción; hay que trabajar sobre la causa: la producción.
Reducir las hectáreas ilegales de coca es fundamental. Si en vez de 300
toneladas se produjeran 200, el trabajo sería más manejable.
La
interdicción tiene un límite estructural. Siempre habrá fábricas que se
desplacen o cabecillas que sean reemplazados. Si no reducimos la base
productiva, el problema persiste.
En 2016, un
estudio determinó que 14.700 hectáreas eran suficientes para abastecer el
consumo legal. En 2017 debía formalizarse un límite de 19.000 hectáreas, pero
finalmente se establecieron 22.000 hectáreas sin una justificación técnica
acorde al estudio respaldado por la cooperación internacional.
Entonces,
esa es la situación. Tenemos casi 40.000 hectáreas y la ley estableció 22.000.
Tratemos de llegar a 22.000 hasta que haya un nuevo estudio.
AP: ¿Que
eso será fácil?
EJU: No es fácil.
Tenemos pocos
recursos: 31 aeronaves disponibles y solo dos operables. No había gasolina ni
personal suficiente.
AP: ¿Recordaste
que Carlos Romero gastó 60 millones de dólares en contratos para helicópteros y
solo despegaba uno?
EJU: Además teníamos una deuda de 50
millones de bolivianos y falta de repuestos y mantenimiento.
A ciegas
porque no tienen radares. ¿Entiendo que funcionan solo dos y hay cuatro que
siguen sin abrirse?
No estamos
recibiendo información al respecto.
En los
primeros 100 días hemos decomisado 5,4 toneladas de cocaína, 10% más que el año
pasado. Presentamos una política de drogas 2016-2030 con erradicación,
desarrollo alternativo, prevención, cooperación internacional y fortalecimiento
institucional.
La
corrupción en Fiscalía y jueces es un problema. Hemos transparentado
información con Naciones Unidas. No se presentaban datos desde 2008.
Y termino
con esta pregunta: ¿Quién es el capo del narcotráfico en Bolivia? ¿Evo
Morales?
No podemos
definirlo de esa manera. No hay investigación ni sindicación en ese sentido.
AP: ¿Su
enemigo más grande se llama Edman Lara?
EJU: No. Eso está en un carril judicial
y prefiero no politizarlo.
Bueno, le
agradezco mucho. Será hasta la próxima. Gracias, Amalia.
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