La industrialización, en economía del desarrollo, es un indicador estructural de la capacidad de un país para transformar recursos en valor, generar productividad sostenida y elevar ingresos. Por eso está directamente vinculada a cómo crece y de qué está compuesto el Producto Interno Bruto (PIB) de un país.
Vía: El Deber |
En Bolivia, según la Unidad de Análisis de Políticas Sociales y Económicas (Udape), la manufactura está orientada a bienes de consumo y procesamiento de materias primas, con pocos bienes intermedios o de capital. Hasta 2023 —según esas cifras oficiales— existían cerca de 39.000 industrias que crecían en número, pero con limitada diversificación tecnológica.
La Cámara Nacional de Industrias (CNI) viene insistiendo en que Bolivia debe orientar su política hacia la industria manufacturera, que es la que genera más valor agregado, empleo formal y hace menos vulnerable al país ante crisis internas y externas.
¿Cómo estamos?
En un informe dirigido a EL DEBER, la CNI aseguró que Bolivia tiene un coeficiente de industrialización del 16% en 2024, similar a gestiones pasadas. Este indicador mide la participación del PIB industrial respecto del PIB total.
De hecho, la entidad demostró con mediciones desde hace 70 años que la situación no ha variado mucho. En 1951, según los registros de la CNI, el coeficiente industrial era del 14,5% en promedio durante el periodo estatista, para subir a 16,06% en el periodo neoliberal (1982) y mantenerse casi inalterable hasta el periodo del Estado Plurinacional (2022), con 16,48%.
“Desde décadas atrás se mantiene el coeficiente de industrialización del 16% puesto que el modelo económico y el patrón de acumulación se orientó en el país prioritariamente al sector primario exportador (minería e hidrocarburos)”, resaltó Gonzalo Morales, presidente de la CNI.
El ejecutivo puntualizó que la CNI ya planteó, en el periodo preelectoral, una propuesta de Política Ampliada de Industrialización para realizar el salto cuantitativo y cualitativo del 16% al 21% hacia 2030. “El planteamiento contempla políticas orientadas al desarrollo del sector industrial mediante la creación de un ecosistema propicio”, destacó.
Para el Banco Mundial, los números también no son muy alentadores, ya que la industria manufacturera representa alrededor del 10% del PIB en 2023 y el sector industrial total (incluyendo minería y construcción) puede ser mayor en algunos años, pero la manufactura —clave para la industrialización— no supera el 13% del PIB.
De acuerdo con datos de The Global Economy, en Latinoamérica y el Caribe, la manufactura representa en promedio 15% del PIB, lo que indica menor profundización industrial en Bolivia que en muchos países vecinos. Economías como Brasil, Argentina, Chile o Perú tienen industrias más desarrolladas. Brasil representa uno de los sectores manufactureros más grandes de América Latina, con 28% de su PIB en manufactura.
Y, a pesar de que los gobiernos que tuvo a su cargo el Movimiento al Socialismo (MAS) proyectaron inversiones públicas en al menos 170 plantas industriales —el modelo “Industrialización con Sustitución de Importaciones”—, los resultados fueron un fiasco.
El ministro José Luis Lupo denunció que entre 2006 y 2024 se crearon 67 empresas estatales con inversiones por unos $us 7.550 millones, de los cuales solo se ha recuperado el 18%, y se identificaron pérdidas estimadas en alrededor de $us 2.595 millones por empresas inviables y plantas industriales mal ejecutadas, muchas sin operación.
Retroceso
Tras la pandemia del Covid-19, la tasa de crecimiento del PIB del sector industrial registró una tendencia decreciente, pasando de 3,9% en 2019 a 0,8% en el primer semestre de 2025, según la CNI, que confirmó una contracción del Producto Interno Bruto (PIB) industrial del -1% para 2025, profundizando una tendencia negativa iniciada en 2024 (crecimiento de 0,18%) y configurando un escenario de recesión sectorial.
“El decrecimiento industrial no responde a un factor aislado, sino a la convergencia de múltiples variables estructurales y coyunturales que han erosionado la base productiva”, consideró el presidente de la CNI.
Entre esas variables, Morales explicó que las restricciones de oferta y costos fueron agravadas por la escasez de hidrocarburos (gas, diésel y gasolina) y actuaron como un severo estrangulamiento energético para la producción, mientras que el encarecimiento del dólar elevó exponencialmente el costo de materia prima, insumos importados y maquinaria, comprimiendo márgenes y capacidad de inversión.
La segunda variable fue la caída de la inversión: “Se observa una caída en dos frentes. La inversión privada industrial se retrae debido a la percepción de inseguridad jurídica y falta de incentivos fiscales. Paralelamente, la baja ejecución de la inversión pública no generó la demanda necesaria para dinamizar la cadena productiva”.
Distorsiones de mercado y marco institucional, la tercera variable. “El contrabando y la falsificación operan como competencia desleal, capturando segmentos de mercado y desincentivando la innovación. Este fenómeno en 2025 se agravó en un entorno de inseguridad jurídica, donde la falta de reglas claras y su aplicación discrecional desalentó los compromisos de capital a largo plazo”, resaltó Morales.
Al mismo tiempo, el dirigente empresarial agregó el contexto político-económico como la cuarta variable. “La crisis económica nacional, con una proyección de caída del PIB global del -0,5% para 2025, y el ciclo de elecciones presidenciales, típicamente asociado a la postergación de decisiones estratégicas, completaron un panorama de incertidumbre que frenó la actividad industrial”.
Las propuestas
La CNI considera que hay dos condiciones necesarias para el crecimiento y desarrollo, las mismas que se plantean en su propuesta de Estrategia Ampliada de Industrialización.
La primera condición es la estabilidad macroeconómica con racionalidad del gasto público y estabilidad en los precios y, la segunda, seguridad jurídica con normas que promuevan la iniciativa privada.
“Por ejemplo, una Ley de Inversiones, Trabajo, Impuestos, Comercio, al igual que nuevas normas sobre contrabando, falsificación de producto y comercio exterior. Nuevas leyes sobre minería, hidrocarburos, turismo y agroindustrias”, explicó Gonzalo Morales.
En ese sentido, ponderó que “existe una ventana de oportunidad con el nuevo Gobierno para promover el desarrollo del sector privado y es a través de la coordinación y diálogo público y privado que se construirá una nueva arquitectura económica-jurídica”.
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