La familia de Erfan Soltani ha enfrentado obstáculos significativos para acceder a la información sobre el proceso judicial y la condena impuesta al joven, quien permanece bajo custodia de las autoridades iraníes desde su arresto en Fardis, provincia de Alborz. Según reportó la organización no gubernamental Hengaw, con sede en Oslo, el joven de 26 años fue detenido el 8 de enero cerca de su vivienda y, cuatro días después, la familia recibió la notificación de que había sido condenado a muerte tras un juicio calificado como veloz y poco transparente. Hengaw denunció que la ejecución está prevista para este miércoles y subrayó que la hermana de Soltani, abogada de profesión, intentó asumir su defensa sin éxito.
Vía: Infobae |
Según consignó Hengaw, esta situación ha generado preocupación entre las organizaciones defensoras de derechos humanos, debido a la ausencia de garantías procesales y la falta de acceso a una defensa efectiva para el acusado. La ONG describió el proceso como una violación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, al considerar que al joven se le negó la posibilidad de contar con un abogado, la oportunidad de una defensa adecuada y un juicio independiente. Además, Hengaw sostuvo que la inminente ejecución de Soltani representa una “ejecución extrajudicial” y constituye una grave vulneración del derecho internacional.
Hengaw manifestó que la acusación principal en contra de Soltani se basa en el delito de “enemistad contra Dios”, una figura empleada en el sistema judicial iraní para condenar a opositores y manifestantes. Según publicó IranWire, fuentes cercanas a la familia revelaron que las autoridades han permitido que Soltani reciba una última visita antes de la programada ejecución.
El caso de Erfan Soltani se suma a situaciones similares ocurridas durante movilizaciones antigubernamentales en territorio iraní. Según detalló Hengaw, estas protestas estallaron en respuesta a la crisis económica y la degradación de las condiciones de vida en el país. La ONG advirtió que la utilización de la pena de muerte como instrumento para reprimir manifestaciones públicas se ha incrementado, destacando la rapidez y la falta de transparencia en los procedimientos judiciales aplicados a manifestantes detenidos.
Hengaw recordó antecedentes recientes, como la ejecución de Mohsen Shekari, uno de los primeros manifestantes condenados tras las protestas de 2022, ocurridas después de la muerte bajo custodia policial de Mahsa Amini, una joven kurda. Shekari fue sentenciado a muerte tras ser acusado de herir con un cuchillo a un guardia de seguridad y bloquear una calle en Teherán, según consignó la organización.
La ONG enfatizó la urgencia de la situación y reclamó la intervención de la comunidad internacional. “La tramitación apresurada y poco transparente de este caso ha aumentado las preocupaciones por el uso de la pena de muerte como herramienta para reprimir las protestas públicas", expresó Hengaw en declaraciones recogidas por los medios. La organización con sede en Oslo solicitó que se tomen medidas inmediatas para evitar la ejecución de Soltani y garantizar el cumplimiento de las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.
El medio informó que, tras recibir las notificaciones oficiales, la familia del joven, en particular su hermana, ha intentado acceder al expediente judicial y brindar asistencia legal al acusado, sin obtener respuesta de las autoridades judiciales iraníes. Hengaw reportó que esta práctica de negar el acceso a la defensa se repite en otros casos registrados durante las recientes movilizaciones.
El precedente de ejecuciones tras protestas y el corto periodo entre el arresto y la condena han suscitado inquietud en organismos internacionales y en la sociedad civil, que han intensificado el seguimiento de los acontecimientos en torno a los manifestantes detenidos. Según describió Hengaw, la aplicación acelerada de sentencias de muerte se percibe como un medio para disuadir la participación en manifestaciones y desalentar críticas al gobierno iraní.
Las fuentes consultadas por IranWire y citadas por la organización subrayaron la falta de transparencia que rodea los procesos judiciales contra manifestantes, la velocidad de las condenas y la imposibilidad de ejercer mecanismos de apelación o defensa. Hengaw concluyó que la comunidad internacional debe atender con urgencia la petición de suspensión de la ejecución programada y exigir el respeto a los derechos fundamentales en los procesos judiciales vinculados a protestas sociales en Irán.
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