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El presidente no solo enfrenta presiones económicas y políticas, también la urgencia de impulsar un modelo de desarrollo sostenible que rompa con la dependencia de los recursos naturales.
Vía: Infobae |
Bolivia atraviesa una crisis ambiental que no resiste eufemismos. Incendios que devoraron hectáreas por millones, bosques y humedales que desaparecen a un ritmo alarmante y ríos cada vez más contaminados componen un escenario dantesco que reclama acciones urgentes de parte del Gobierno.
Solo en 2024, se quemaron más de 12 millones de hectáreas, una superficie comparable con la de Nicaragua, y el país ocupó el segundo lugar en el podio mundial de pérdida de bosques primarios. A esto se suman múltiples estudios que alertan altos niveles de contaminación de ríos por mercurio, presiones y actividades ilegales en áreas protegidas y un creciente negocio especulativo de la tierra.
Pese a ese contexto, los temas de conservación ambiental no fueron medulares en ningún plan de gobierno en las elecciones nacionales, donde dominaron las propuestas sobre cómo resolver la crisis económica que enfrenta el país tras la debacle de la industria de los hidrocarburos.
En general, los planes coincidieron en que para superar la crisis se requiere una combinación de créditos e inversiones extranjeras, ajustes en el gasto público y la continuidad de un modelo cuyo ciclo se repite históricamente en el país: el auge de algún recurso natural, la bonanza temporal y el colapso económico.
Fuera de los créditos y los ajustes fiscales, algunas de las apuestas más relevantes del gobierno de Rodrigo Paz en su primera semana de gestión tuvieron que ver con impulsar la agroindustria y la venta de bonos de carbono, con la que espera captar 25.000 millones de dólares en los próximos veinte años, una cifra significativa para la economía boliviana pero optimista para un mercado con precios volátiles, excedente de oferta y sobre el cual aún no existe suficiente regulación en Bolivia.
Para la diputada y activista ambiental Cecilia Requena, las señales que ha dado el nuevo gobierno sobre la conservación son mixtas: positivas en lo discursivo -porque en su primer discurso Paz manifestó brevemente que apostaría por una “economía verde” y el cuidado de los ríos-, pero preocupantes en la práctica porque “el sector ambiental quedó en manos de la institucionalidad agro empresarial, generándose un problema de conflicto de interés”, afirmó.
Paz designó como ministro de Medioambiente y Agua a Oscar Mario Justiniano, un empresario que fue presidente de la Cámara Agropecuaria del Oriente y que está vinculado a una empresa de exportación de madera y de bonos de carbono; precisamente el mercado que el Gobierno quiere impulsar.
Por otro lado, como ministro de Planificación, nombró a Fernando Romero, un productor de granos que anteriormente presidió la principal organización agroindustrial del país, desde la que se promueve la aprobación de transgénicos o la ampliación de la frontera agrícola.
Las declaraciones de las nuevas autoridades sugieren que el criterio para la nueva gestión ambiental estaría atravesado por una perspectiva mercantilista de la conservación. “La visión de acá en adelante es totalmente diferente”, explicó durante una entrevista el ministro de Medioambiente y Agua, y dijo que ahora, en vez de gastar un presupuesto designado, “los ministerios tienen que trabajar para poder generar recursos”.
Requena, que en la anterior legislatura fue senadora y presidió la Comisión de Tierra, Territorio y Recursos Naturales, señala que si bien es importante generar fuentes de financiamiento sostenible, no se puede abordar la conservación de la naturaleza desde el argumento del negocio. “Sobrepasa el valor económico, lo que no quiere decir que no nos dejemos ayudar con finanzas sostenibles, pero no puedes acercarte a la conservación poniéndole a todo un precio”, manifestó.
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