Gravetal SA es hoy por hoy una de las principales empresas de acopio y procesamiento de soya en Bolivia. Siempre lo fue. Fundada con capitales colombianos y enclavada en el oriente boliviano desde 1993, se convirtió en el actor central del crecimiento agroindustrial de Santa Cruz y de Bolivia por la forma en la que administraba granos y fijaba precios. En 2006, con la llegada de Evo Morales al poder se quebraron varias lógicas institucionales y Santa Cruz se erigió como la principal resistencia al proceso de cambio en un tiempo en el que la tenencia de la tierra estaba en discusión.
Vía: El País |
El proyecto nacionalizador que nunca fue
En 2006, sobre la mesa de Evo Morales, con las debidas explicaciones verbales escuchadas atentamente por el vicepresidente Álvaro García Linera, se dejó un proyecto fundamentado para nacionalizar Gravetal (redactado por RM) según han reconocido varias fuentes protegidas que participaron de su elaboración. El objetivo era tanto político (obligar a la oligarquía cruceña a transar con el Estado que pasaría a controlar el mercado de la soya, pieza clave de la economía regional), pero también económico, pues las proyecciones poblacionales mundiales ya advertían del boom demográfico, la incorporación acelerada de China al mercado global y, por ende, de una posible crisis alimentaria. La potencialidad agroindustrial del oriente boliviano estaba por demás contrastada.
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Las mismas fuentes reconocen que los objetivos políticos “se lograron”, como evidencia la coexistencia pacífica a partir de la Constitución de 2009, pero el beneficiario económico no fue el Estado y sus ciudadanos, sino un grupo empresarial muy cercano al poder de Evo Morales y Álvaro García Linera y que hasta hoy han seguido recibiendo múltiples beneficios y facilidades del Estado como se relata a lo largo de este reportaje.
El proyecto de nacionalización fue archivado. Apenas dos años después, en 2008, el mismo grupo político facilitaría la compra privada de Gravetal mediante un generoso financiamiento venezolano.
Para esta investigación se intentó contactar a los interpelados - Juan Valdivia Almanza, ex diputado por el MAS; Lourdes Brígida Durán Romero, esposa de Arce Catacora y ex ejecutiva del Banco Unión; Ninette Denise Paz Bernardini, ex asesora general del Ministerio de Hacienda y ex funcionaria del Banco Central de Bolivia, hoy ejecutiva del BDP; María Esther Cruz López, ex funcionaria del BCB, actual jefe de la Autoridad de Pensiones y Seguros; Álvaro García Linera; los empresarios Carlos Gill Ramírez y Mauricio Etienne; María Katarina Gumucio Stambuk, representante de la presidencia para Cochabamba en 2008; Sergio Armando Cusicanqui, actual ministro de Planificación; Mariana Prado, exministra de Planificación; Edwin Rojas Ulo, viceministro de Arce Catacora entre 2008 y 2015, actual presidente del BCB; Mario Guillén Suárez, ex viceministro de Pensiones, hasta Lenny Valdivia Bautista, ex funcionaria de la APS, ex jefe de la ASFI y ex ministra de Transparencia, y el empresario Alejandro Serrate Valdivia, entre otros. Todos han eludido participar.
Este último (Serrate Valdivia) se desempeñó como operador clave en Gravetal durante varios años. Junto a Peter O'Toole, aparecen en empresas como Ferroviaria Oriental S.A (FOSA). Fue gerente de Air BP (subsidiaria de British Petroleum) antes de 2008, pasó a ser miembro del Directorio de La Razón cuando Carlos Gill Ramírez compró ese medio en 2009, y luego fue representante legal de Inversoja cuando Valdivia Almanza, Gumucio Stambuk y los otros aparecieron como principales accionistas de Gravetal (99%). Últimamente aparece como gerente de una empresa importadora y distribuidora de diésel en momentos de escasez de este combustible. Su trayectoria revela una capacidad única para operar simultáneamente en empresas privatizadas petroleras, medios de comunicación estratégicos, el vehículo de control de Gravetal y el sector de importación de combustibles durante crisis.
En Gravetal, como en otros grandes negocios analizados en las últimas semanas en este espacio de investigación – de BFC a Enfe, pasando por las grandes mineras o Telecel, además de los propios bancos -, la Gestora Pública de Pensiones (y anteriormente las AFP) han tenido un rol protagónico para su crecimiento desvirtuando el concepto de “inversión extranjera” y convirtiendo el dinero de los ahorristas bolivianos en valor para los accionistas.
De empresa extranjera a propiedad opaca
Fundada en 1993 por empresarios colombianos del Grupo Inversiones Osorno, Gravetal funcionó generosamente financiada por las AFP, compradoras de bonos y pagarés bursátiles, bajo administración extranjera hasta 2008, año en el que la empresa Inversoja adquirió la compañía por 65 millones de dólares.
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