Por: Ramiro Sánchez Morales |
La corrupción en Bolivia no es un problema de individuos deshonestos, sino una enfermedad que ha corroído las instituciones del Estado. Un reciente estudio, al que tuvimos acceso, la define como un abuso de poder con fines de lucro personal, una realidad brutalmente confirmada por el Índice de Estado de Derecho (WJP) 2024, que sitúa a Bolivia en el fondo de la lista global en términos de justicia y ausencia de corrupción.
Un arsenal legal inútil contra la impunidad
A pesar de contar con un sólido andamiaje jurídico, como la Ley N° 004 “Marcelo Quiroga Santa Cruz”, la aplicación de estas normas es deficiente, lo que fomenta la impunidad. Promulgada en 2010 para ser la columna vertebral de la lucha contra la corrupción, la ley es teóricamente admirable: hace imprescriptibles los delitos que causan un “grave daño económico” al Estado y elimina cualquier fuero o inmunidad. Sin embargo, su eficacia es casi nula.
La Ley N° 004 endureció las penas para delitos como peculado, concusión, cohecho y enriquecimiento ilícito. Por ejemplo, la pena por peculado pasó de 3-8 años a 5-10 años. Pero, a pesar de estas medidas severas, hay una enorme brecha entre la ley y la realidad. El problema no es la falta de una normativa, sino la incapacidad o la falta de voluntad política para aplicarla de manera imparcial. A menudo, los juicios por corrupción se estancan o los acusados son absueltos, mientras que el sistema judicial es utilizado como una herramienta para la persecución de opositores políticos o personas de menor rango.
En el abismo global de la probidad
La debilidad institucional de Bolivia se ve reflejada en las mediciones internacionales. El Índice de Estado de Derecho (WJP) 2024 ofrece una visión sombría. Con una puntuación de 0.13 sobre 1.0, Bolivia se encuentra en el puesto 131 de 142 países. Esta calificación es muy inferior al promedio regional (0.52) y global (0.55), ubicando al país en los últimos lugares de su región y de su categoría de ingresos.
La principal razón de este pésimo desempeño es el puntaje en el subfactor “Ausencia de Corrupción”, donde el país obtuvo un miserable 0.08, colocándose en el puesto 50 de 51 países. Esta cifra no es un hecho aislado, sino que está vinculada a otros factores igualmente bajos, como las "Restricciones al Poder Gubernamental" (0,13) y la "Justicia Penal" (0,07). Esta interconexión demuestra que la corrupción florece en un entorno donde no hay contrapesos sólidos para el poder. La ineficacia del sistema judicial para investigar y castigar a los culpables genera un círculo vicioso de impunidad, lo que a su vez incentiva más actos de corrupción.
El oneroso costo de la podredumbre
El impacto económico de la corrupción en Bolivia es abrumador. Se estima que el país pierde entre 800 y 3.000 millones de dólares cada año, lo que equivale hasta a un 6,3% de su Producto Interno Bruto (PIB). Esta sangría financiera no solo desvía fondos públicos, sino que también ahuyenta las inversiones y distorsiona el mercado, frenando el desarrollo.
Además de los números, la corrupción tiene efectos palpables y dañinos. Aumenta el costo de los servicios públicos, crea competencia desleal y reduce los ingresos del Estado, lo que provoca un mayor déficit fiscal. A nivel social, degrada la moralidad pública y la confianza de los ciudadanos en sus líderes. Como lo señala el informe, la corrupción es un “cáncer social” que impide a Bolivia progresar.
El patrón de corrupción trans partidario
El análisis de casos emblemáticos de los gobiernos de Evo Morales, Jeanine Añez y Luis Arce revela un patrón preocupante: la corrupción no es exclusiva de un solo partido político. Existe una dinámica recurrente en la que el sistema judicial es utilizado para perseguir a adversarios políticos, en lugar de buscar la justicia de forma imparcial. Esto resulta en juicios que rara vez terminan en condenas firmes.
Durante la gestión de Evo Morales, el escándalo del FONDIOC fue uno de los más sonados, con un desfalco de Bs 692 millones. El denunciante, Marco Antonio Aramayo, murió en prisión, mientras que la principal acusada, Nemesia Achacollo, está en libertad y su proceso estancado. El caso de YPFB también mostró cómo las acusaciones de sobreprecios fueron utilizadas como una herramienta política.
En el Gobierno de Jeanine Añez, el caso de los respiradores españoles fue un escándalo mediático. Se denunció un sobreprecio de 3 millones de dólares, pero los ocho acusados se encuentran en libertad. La propia expresidenta fue acusada formalmente por nombrar ilegalmente a un familiar.
El Gobierno de Luis Arce no es la excepción. El “Narco vuelo” de BOA expuso la profunda infiltración de las redes de narcotráfico en las instituciones estatales. El caso de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) también muestra cómo las acusaciones de corrupción se mezclan con disputas políticas.
A este estado de cosas se suma que la corrupción también se presenta en Gobernaciones, Alcaldías, Universidades Públicas, otras entidades, hasta clubes deportivos, en fin, sus tentáculos han invadido muchos sectores. Vale decir que tanto el oficialismo como la oposición no esta libre de casos de corrupción.
La única salida: saneamiento institucional y control ciudadano
Los hallazgos de este estudio son irrefutables: la corrupción en Bolivia es un problema sistémico que afecta a todas las gestiones. Para una lucha efectiva, las políticas públicas deben ir más allá de las leyes y enfocarse en reformas estructurales.
Es fundamental despolitizar el sistema judicial y garantizar su total independencia. La elección de jueces y fiscales debe basarse en méritos, no en lealtades políticas, para que la justicia actúe como un verdadero contrapeso. También es vital fortalecer las instituciones de control, como la Contraloría y el Ministerio Público, dándoles autonomía y recursos. Finalmente, es crucial promover la transparencia y el control social, empoderando a la sociedad civil y a los medios de comunicación para que denuncien sin miedo a represalias.
La corrupción es un mal endémico que ha frenado el desarrollo de Bolivia. Un enfoque que ataque la raíz del problema, en lugar de culpar a una u otra gestión, es la única manera de romper este ciclo de ineficacia e impunidad.
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