La presidenta de la Asamblea Legislativa Departamental de Santa Cruz (ALD), María René Álvarez, formalizó hoy una denuncia por los delitos de terrorismo y alzamiento armado contra los responsables de la violencia desatada en San Julián, en el departamento de Santa Cruz, el pasado sábado.
Vía: Visión 360 |
La autoridad también informó que en la Comisión de Constitución de la ALD se encuentra el proyecto de ley antibloqueos para ese departamento, y que se busca que sea aprobado en los siguientes días, para que después sea considerado en una sesión del pleno legislativo departamental la próxima semana, informó Unitel.
Los hechos de violencia se dieron cuando la Policía y las Fuerzas Armadas ejecutaron un operativo para despejar la carretera Santa Cruz-Beni, que permanece bloqueada por grupos de interculturales desde hace 25 días, quienes impiden el paso hacia la Chiquitania y las provincias Obispo Santiesteban y Guarayos, generando grandes pérdidas a sectores productores.
El operativo, que empezó alrededor de las 04:00 de la mañana, según el informe del viceministro de Régimen Interior, Hernán Paredes, fue repelido con violencia por los movilizados y, tras dos horas de enfrentamientos con las fuerzas policiales, se reportó que había varios policías heridos, algunos con arma de fuego.
Durante los enfrentamientos se reportó que la Unión Juvenil Cruceñista (UJC) acompañaba el operativo, situación que provocó la molestia de la población de San Julián.
Después de más de dos horas de enfrentamientos, las fuerzas policiales y militares se replegaron para evitar mayor confrontación, mientras que los bloqueadores se trasladaron al municipio de San Julián, donde saquearon y quemaron el puesto policial de ese municipio.
El comandante departamental de la Policía en Santa Cruz, Cnl. David Gómez, informó que, a consecuencia de los enfrentamientos en San Julián, seis policías resultaron heridos, cuatro de ellos con arma de fuego y dos fueron apedreados por los movilizados.
“Los pobladores de San Julián ingresaron de manera abrupta a las instalaciones del puesto policial de San Julián, sustrajeron muchas cosas de valor que existen en el interior y posteriormente llegaron a incinerar las instalaciones”, informó.
La Defensoría del Pueblo, en un pronunciamiento, confirmó que en el operativo se registraron 33 heridos, siete policías y 26 civiles; la mayoría fue dada de alta porque tenía lesiones leves, pero entre ellos una persona fue herida con un proyectil de bala y otra fue sometida a una cirugía, sin dar mayores detalles.
En cuanto a los siete policías heridos, confirmó que cuatro fueron atendidos por heridas de armas de fuego, uno de ellos en la cabeza, quien permanece en terapia intensiva en el Hospital Obrero de Santa Cruz, según el reporte de la Gobernación de Santa Cruz.
La institución defensorial sostuvo que en el operativo se habría evidenciado “la presencia de actores paraestatales y grupos de choque, además del uso de armas de fuego y explosivos, situación que debe ser objeto de investigación objetiva y transparente por el Ministerio Público, a fin de establecer responsabilidades individuales”.
Consideró que toda actuación del Estado en contextos de conflictividad social debe regirse por los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad en el uso de la fuerza, garantizando en todo momento la protección de la vida y la integridad personal.
También recuerda a los sectores movilizados que el derecho internacional no protege el ejercicio del derecho a la protesta cuando se evidencian actos de violencia extrema.
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