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El fiscal Ramiro Sullcamani confirmó que recibieron el informe y ahora evalúa los datos proporcionados por la Universidad Unión Bolivariana (UB), sobre la falsificación de un certificado usado por Antonio de la Fuente y el abogado José Ramiro Uriarte.
Vía: El Deber |
La Fiscalía de La Paz confirmó que ya emitió citaciones para testigos y dos de los denunciados por la magistrada del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) Fanny Coaquira. Esto luego de que la Universidad Unión Bolivariana entregara un informe en el que se señala que se falsificó un certificado, supuestamente emitido por esa casa de estudios, con el cual se pretendía lograr la suspensión de la jurista.
Po otra parte, en entrevista con EL DEBER, el abogado Manolo Rojas, defensa de uno de los denunciados, reveló que hay una tercera persona implicada, de la cual aún se reserva su identidad, porque es parte de la investigación del primer caso de consorcio judicial, por el que se tiene detenido al exministro de Justicia, César Siles, cuyo trámite fue declarado en reserva.
Este medio de comunicación accedió a información oficial, en la que se señala que esta tercera persona implicada es dirigente de un colectivo LGBTI, L.S.H. A., cuyo nombre aparece en el memorial original que redactó el abogado José Ramiro Uriarte, a pedido de Antonio de la Fuente Amelunge. Estos dos últimos son los principales denunciados por la magistrada Coaquira.
“En este memorial (de acción de cumplimiento) había dos personas. Como ya toda la población conoce, una de ellas era el señor (Antonio de la Fuente) Amelunge y hay una dama, (el nombre de) una mujer. No puedo revelar el nombre porque está bajo reserva”, afirmó Rojas.
Explicó que su cliente, el también abogado Uriarte, fue engañado por De la Fuente, quien proporcionó el certificado que ahora la Universidad Unión Bolivariana señala que fue falsificado.
Detalló que Uriarte redactó el memorial de acción de cumplimiento, citando a dos personas como los accionantes, De la Fuente y Luna Sharlotte, además que, en el texto, no se solicitó la suspensión de Coaquira, sino que se dejaba esa determinación a evaluación del Tribunal Supremo Electoral (TSE), porque supuestamente la magistrada había falseado un documento.
Rojas remarcó que el documento original, redactado por Uriarte, fue modificado por De la Fuente antes de presentarlo al jugado del juez de Coroico, a cargo de Marcelo Lea Plaza.
En ese sentido, la defensa de Uriarte, que aseguró que aún no fueron notificados con el inicio de este segundo caso, apuesta a explicar la característica técnica del trabajo del jurista en la presentación de esa acción de cumplimiento, pero que niega tener nexos con en la falsificación del certificado de la universidad y la firma de un docente de esa casa de estudios superiores.
Fiscalía
En relación a la investigación, el fiscal Sullcamani, confirmó a EL DEBER que ya se emitieron las citaciones para Uriarte y De la Fuente, las cuales deben ser entregadas por los investigadores, en las direcciones que les señala el Servicio General de Identificación Personal (Segip).
Asimismo, confirmó que el informe de la Universidad Unión Bolivariana ya está siendo evaluado y de su contenido definirá a que otras personas se convocará para que den su declaración en calidad de testigos.
Segundo caso
Recordemos que, en este caso, la magistrada Coaquira denunció a Uriarte y De la Fuente, por uso de instrumento falsificado y falsedad material.
Asimismo, desde la Fiscalía se aclaró que hasta el momento no hay una investigación abierta por la supuesta falsificación de datos en los requisitos presentados por Coaquira ante la Asamblea Legislativa, cuando postuló para ser habilitada para las elecciones judiciales.
En contacto con otros medios, De la Fuente afirmó que habían otros magistrados, que tenían similares observaciones y que también deberían ser investigados por, supuestamente, haber falseado información que los ayudó a postular en dichas elecciones.
El presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Romer Saucedo, confirmó que, en el juzgado de Lea Plaza (con detención preventiva), se hallaron otras dos acciones constitucionales, con las cuales se pretendía perjudicar a otros magistrados electos en diciembre.
Por el primer caso, hay ocho imputados, entre ellos también figuran Uriarte y De la Fuente, considerado en este momento prófugo.
