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Rafael Ernesto Arce Mosqueira, hijo del presidente Luis Arce, adquirió en 2021 un terreno de más de 2.187,8 hectáreas por un valor de 3,3 millones de dólares en el departamento de Santa Cruz, a pocos meses de haber dejado su cargo en el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.
Vía: Brujula Digital |
La operación fue realizada a través de una sociedad recién constituida y sin un historial empresarial previo, según revela una amplia investigación realizada por una alianza de medios internacionales liderada por la plataforma periodística CONNECTAS.
El predio, registrado bajo el nombre de “Adán y Eva”, se encuentra en el municipio de Porongo, a unos 25 kilómetros de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, a orillas del río Piraí. Se trata de una zona de alta valorización agrícola, urbanística y comercial, que en los últimos años ha atraído inversiones de grandes empresarios y desarrolladores.
Según documentos revisados por los periodistas que participaron en la investigación, la compra fue realizada mediante la empresa Agricultura y Ganadería Las Palmeras SRL, constituida el 18 de octubre de 2021, apenas un mes antes de la firma del contrato de compraventa.
El capital inicial declarado de la sociedad fue de Bs 500.000 (alrededor de 72.000 dólares al cambio de la época), lo que contrasta fuertemente con el monto de la transacción, que asciende a 45 veces ese capital.
El otro socio en la empresa es un empresario boliviano con experiencia en el sector agroindustrial, aunque su participación en operaciones de esta magnitud tampoco había sido registrada públicamente con anterioridad, añade el reportaje.
Pese a los intentos de la alianza periodística de conocer su versión, Arce Mosqueira no respondió a las solicitudes de entrevista ni proporcionó detalles sobre el origen de los fondos utilizados para la compra del predio. Tampoco respondió el copropietario ni las autoridades encargadas del registro y fiscalización de tierras.
La investigación añade que no se encontró evidencia pública de préstamos bancarios, hipotecas u otras formas de financiamiento que expliquen cómo fue posible concretar una operación de ese volumen económico desde una sociedad nueva y con bajo capital inicial.
El terreno muestra señales de actividad reciente, con la presencia de maquinaria agrícola y parcelas en cultivo, aunque no está claro si se encuentra actualmente en plena producción, ni quién es el responsable operativo de su gestión.
Fotografías satelitales y registros catastrales revisados por los investigadores indican que el predio se encuentra en una zona con alta proyección de expansión urbana, lo que podría incrementar su valor en el corto plazo.
La adquisición de un activo de tal envergadura por parte de un hijo del presidente, sin información clara sobre los recursos empleados ni sobre el financiamiento de la compra, plantea interrogantes sobre posibles conflictos de interés, enriquecimiento injustificado o uso de información privilegiada.
Si bien no hay una acusación formal, el reportaje destaca la falta de transparencia como un riesgo para la confianza pública, especialmente en un contexto en que Bolivia enfrenta críticas por el debilitamiento institucional y la escasa fiscalización del poder político.
El caso de “Adán y Eva” se suma a una serie de cuestionamientos recientes sobre el rol de los familiares de autoridades en el manejo de recursos y acceso a oportunidades económicas, sobre todo a negocios realizados con compras estatales de combustible.
A la fecha, ni la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) ni la Contraloría General del Estado se han pronunciado sobre la operación, pese a que sus funciones incluyen la supervisión del patrimonio de exfuncionarios públicos y sus entornos cercanos.
Concluye el reportaje que, a falta de explicaciones oficiales y ante la opacidad de los registros disponibles, el caso merece una investigación más profunda por parte de las autoridades competentes, así como un debate público sobre la rendición de cuentas en el entorno del poder.
