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La Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB) y las nueve asociaciones departamentales de periodistas del país expresamos nuestra solidaridad con las y los periodistas del diario Opinión de Cochabamba, quienes se han declarado en emergencia exigiendo la cancelación de salarios adeudados desde hace siete meses.
Este hecho constituye una grave vulneración a la libertad de expresión y de prensa, al derecho de acceso a la información y al derecho al trabajo digno de periodistas y trabajadores de ese medio de comunicación.
Denunciamos que lejos de buscar soluciones a la crisis, la gerencia de la Cooperativa Boliviana de Cemento, Industrias y Servicios (COBOCE), casa matriz del diario Opinión, ha optado por la intimidación, amenazando con despidos, ejerciendo presión para forzar renuncias del personal y negándose a cumplir una orden judicial que le instruye el pago de los salarios devengados.
Condenamos enérgicamente el maltrato laboral y respaldamos plenamente el estado de emergencia declarado por las y los periodistas y trabajadores que, desde hace siete meses, se encuentran en total indefensión. El impago de sus salarios vulnera su derecho al trabajo y a una remuneración justa, afectando su sustento diario. Asimismo, atenta contra su derecho a condiciones laborales dignas, genera precarización e inestabilidad económica, sumiéndolos en una situación de incertidumbre. También vulnera su derecho a la seguridad social, al poner en riesgo las cotizaciones necesarias para las prestaciones de salud y jubilación, privándolos de una protección esencial.
Además, este incumplimiento afecta su derecho a la estabilidad laboral y vulnera su derecho a la libertad sindical y a la negociación colectiva, por cuanto se intenta silenciar sus legítimas demandas a través de represalias. Finalmente, la negativa a cumplir órdenes judiciales que disponen el pago de los salarios adeudados supone una grave violación del derecho al debido proceso y a la tutela judicial efectiva, dejando a las y los trabajadores en total indefensión ante la justicia.
Denunciamos que la negligencia de la gerencia de COBOCE pone en riesgo la continuidad del medio de comunicación creado hace 40 años bajo los principios del cooperativismo y con la finalidad de mejorar la calidad de la información en el país. Ante esta crítica situación, recordamos que los derechos laborales son irrenunciables y que es deber del Estado asegurar su cumplimiento, por tanto, exigimos al Gobierno que haga cumplir la ley y garantice el pago inmediato de los salarios devengados.
