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Vía: Datápolis |
Efraín Suárez, vicepresidente de la organización política de Camacho, dijo este sábado a la red Unitel que, habiéndose eliminado el delito de terrorismo del ordenamiento jurídico boliviano, arma preferida para aplicar la persecución política, lo que correspondería es la anulación de todos los juicios contra Camacho que contemplan ese cuestionado delito.
La dirigencia de Creemos, la agrupación política de Camacho, considera que su liberación y su eventual rol como candidato opositor son escenarios que deben ser tomados en cuenta, en caso de que el TCP falle a su favor, aunque la decisión puede demorar hasta ocho meses.
La televisora tuvo acceso al documento del TCP en el que admite la acción de inconstitucionalidad que planteó Camacho por el delito de terrorismo, la principal figura penal por la que está siendo juzgado en La Paz por la crisis política de Bolivia en 2019.
Esta acción de inconstitucionalidad fue planteada en primera instancia al juzgado de sentencia de La Paz que negó la admisión del recurso; sin embargo, el TCP revisó esa determinación y decidió revocarla.
“Tribunal Constitucional admitió nuestro recurso, revocó el auto del Tribunal de Sentencia y ahora corresponde que ingrese a valorar en el fondo nuestra petición”, dijo luego Martín Camacho, abogado del gobernador cruceño.
El abogado explicó que el TCP que evaluará la acción de inconstitucionalidad, un proceso que puede demorar hasta ocho meses, por lo que sostuvo que el Tribunal de Sentencia debería paralizar el juicio tomando en cuenta que esta siendo observado el principal delito por el que ha sido acusado el gobernador cruceño.
Martín Camacho agregó que gran parte de las pruebas que presentaron el Ministerio de Gobierno y la Fiscalía están relacionadas al tipo penal de terrorismo, por lo que reitera que lo más adecuado es suspender el proceso hasta conocer la determinación del TCP.
Sin embargo, el abogado admitió que otra opción es que el tribunal continúe con el juicio y decida frenarlo hasta antes que se dicte sentencia y esperar a la decisión del TCP.
En días pasados, el exministro de Justicia Iván Lima adelantó que el TCP tenía que revisar la acción de inconstitucionalidad que planteó Camacho y recordó que la CIDH recomendó meses atrás modificar la tipificación de este delito para adecuarlo a los convenios internacionales.
El abogado Camacho anticipó que es “casi seguro” que se declare la inconstitucionalidad del delito de terrorismo, tal como ocurrió con el delito de sedición que fue excluido del ordenamiento jurídico boliviano, lo que puede abrir para el gobernador cruceño escenarios de libertad y de acción político-electoral.
