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Vía: La Vanguardia |
El tribunal aplica al acusado un agravante de discriminación por razón de género al estimar que “se reproduce un patrón de conducta violenta, vejatoria y humillante hacia las mujeres”, a quienes impone “una situación de dominación por el mero hecho de pertenecer al género femenino”. El acusado contaba en el momento de los hechos con dos antecedentes similares. El primero, por haber violado de forma brutal a su hermanastra de tan solo 7 años y otro por haber maltratado y violado a una joven con la que mantenía una relación. En el caso de Igualada, “tal situación de dominación y humillación se puso de manifiesto no sólo al golpear repetidas veces y de manera innecesaria a la víctima, sino desplegando una violencia desmedida con aquellas partes de su cuerpo más representativas de la sexualidad femenina llegando literalmente a destrozarlas y hacerlas inviables para su satisfacción en el libre ejercicio de su libertad sexual”.
El tribunal le aplica un agravante por discriminación razón de género
La sentencia castiga a Brian Raimundo Céspedes a una pena de 20 años por intento de asesinato y 15 años por agresión sexual, una condena inferior a los 45 años que solicitaban para él las Fiscalía y las acusaciones. El tribunal le aplica tres de los cuatro agravantes que existen para condenarlo por una pena de intento de asesinato pero descarta un cuarto al considerar que la joven fue golpeada y quedó semiinconsciente antes de la agresión y no después, lo que hubiera motivado la aplicación del cuarto agravante y la imposición de una pena de 45 años de cárcel.
La víctima tardó un año en recuperarse de las graves heridas que le infligió el acusado. De hecho, al encontrarse semiinconsciente no recordaba nada de lo sucedido pero, tal y como subraya el tribunal, “su cuerpo fue testigo de excepción de la brutal agresión” y han sido las lesiones sufridas las que dieron pistas sobre la atrocidad que padeció.
Las heridas que infligió el acusado a la víctima le habrían provocado la muerte
La sentencia da por probado que el acusado se dirigió hacia la víctima rápidamente cuando ella se adentró en un polígono industrial después de salir de una discoteca y, al llegar a la altura de un callejón, “solitario, escasamente iluminado”, la atacó de manera sorpresiva con un objeto contundente y romo con el que le golpeó fuertemente y en repetidas veces en la cabeza. El acusado era consciente de que con esa actuación “había una alta probabilidad de que acabara con su vida”. Acto seguido, con la víctima en el suelo, el procesado la introdujo en el callejón apartado donde cometió una agresión “de forma salvaje”. “Con absoluto desprecio a su condición de mujer, y aprovechando su estado de semiinconsciencia generado por los golpes recibidos y con el propósito de incrementar el dolor de su víctima causándole padecimientos innecesarios, la golpeó en diversas partes del cuerpo durante espacio de 20 minutos. Luego la dejó tirada en el suelo dejarla tirada en el suelo, desangrándose, con temperaturas muy bajas y viento frío que soplaba en ese instante”.
Los forenses declararon que las lesiones de la víctima solo las habían visto en una sala de autopsias
La Sala ha tomado en consideración la dura declaración que prestaron los forenses durante el juicio que “descartaron que un pene erecto pudiese ocasionar tan atroces lesiones” y manifestaron que dichas lesiones “sólo las habían visto en una sala de autopsias”.
El acusado tardó varios meses en ser identificado. La sentencia recuerda que pudo ser localizado después de que un piloto de avión denunciara los daños causados a su vehículo la noche de los hechos y aportara una fotografía de los vándalos entre los que se encontraba un joven que iba vestido igual que el violador que buscaban. Además, resalta la sentencia que en el domicilio de Igualada donde vivía el acusado, los Mossos hallaron material genético de la víctima en una chaqueta Pull&Bear que encontraron en la habitación del acusado y que era justo la que vestía la noche en la que cometió la agresión sexual.
El tribunal establece que la prisión deberá ser cumplida en España
La sentencia establece que la pena de prisión deberá ser cumplida de forma íntegra en España si bien esta podrá ser sustituida por la expulsión “si con anterioridad a su cumplimiento se le concede el tercer grado o la libertad condicional, con la prohibición de regresar a España en un plazo de diez años a contar desde el momento de su expulsión. El acusado pidió al tribunal cumplir la pena en España y no en una prisión boliviana.
