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El proyecto ya fue remitido al plenario aunque la Cámara de Diputados no puede instalar una sesión desde hace meses.
Vía: El Deber |
“Saneamiento de bienes inmuebles de entidades públicas del Estado y regularización del derecho propietario de personas naturales que se encuentren en posesión continua pública pacífica y de buena fe de un bien inmueble consolidado físicamente y habitado destinado a vivienda ubicado dentro del radio urbano o área urbana”, ese es el objetivo del nuevo proyecto de ley del Gobierno que ya fue aprobado en la comisión de Planificación de la Cámara de Diputados.
La propuesta aparece momentos en que distintos sectores están activando movilizaciones en todo el país contra los decretos del Ejecutivo, que intentan regularizar el derecho propietario de los bienes inmuebles. El 14 de mayo el presidente Luis Arce se vio obligado a derogar el Decreto 5143 que regulaba los registros de Derechos Reales. Este jueves, 23 de mayo, el senador Félix Ajpi retiró su propuesta de retomar el proyecto de Ley 145 de lucha contra el contrabando.
El nuevo proyecto de Ley se denomina “Mi hogar mi patrimonio”, tiene 22 artículos y 22 disposiciones transitorias, fue aprobado el 9 de mayo con el apoyo de tres legisladores de Comunidad Ciudadana (CC) en la comisión de planificación, de acuerdo con el documento al que accedió EL DEBER.
Para la diputada Luisa Nayar, la propuesta del Gobierno es un fomento al avasallamiento porque reconoce propiedades en los que las personas que habitan en el lugar puedan demostrar 8 años de estar viviendo continuamente.
“Las Oficinas del Registro Público de Derechos Reales Inscribirán el derecho propietario de manera excepcional de las personas naturales que cuenten con la documentación Idónea del tracto sucesivo del antecedente dominial, consolidación física habitada de un bien inmueble urbano destinado a vivienda” señala el artículo 10 del proyecto.
El artículo 13 establece que procederá la regularización del bien inmueble de vivienda urbana con el cumplimiento de requisitos como contar con construcciones habitadas de carácter permanente destinadas a vivienda 8 años anteriores a esta ley y tener la posesión pública, continua, pacífica y de buena fe, también por 8 años.
La persona o el grupo de personas que quieran regularizar la propiedad de un bien inmueble solo podrán invocar la ley por única vez, es decir que solo se atenderá un caso por cada regularización.
“Se prohíbe regularizar más de un bien inmueble de vivienda urbana a nivel nacional en el marco de la presente ley, caso contrario el o los procesos instaurados por la actora o el actor serán pasibles a nulidad de trámite del proceso de regularización”, señala el texto.
El artículo 22 faculta al ministerio de Obras Públicas a aplicar el actual programa que tiene el Gobierno para beneficiar a las personas que no tienen una casa en las ciudades y actualizarán los sistemas con los que cuenta ahora.
“Para efectos de la aplicación de la presente Ley se dispone la continuidad del Programa de Regularización del Derecho Propietario sobre bienes inmuebles urbanos destinados a vivienda (Prorevi), bajo tuición del Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, para tal efecto sus nuevas atribuciones serán normadas mediante Decreto Supremo Reglamentario”, señala la propuesta.
El informe de la comisión ya fue enviado al plenario y puede ser colocado en la agenda legislativa, aunque la Cámara de Diputados está paralizada por inoperancia de su directiva y las acciones de los opositores que impiden la instalación de una sesión.
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