Vía: Datápolis |
El estudio de la consultora contempló la realización de grupos focales en cinco ciudades bolivianas y una encuesta de percepción ciudadana en tres departamentos en diciembre de 2023 que coinciden cualitativa y cuantitativamente en que el contrabando, sobre todo el denominado hormiga o el que termina consumándose en centros urbanos, es una actividad propia de la dinámica económica. Solo es condenado cuando es asociado a los grandes contrabandistas.
Gustavo Luna, representante de Rodríguez-Baudin, explicó dos datos que marcan la naturalización del contrabando en Bolivia. El 67% de los encuestados piensa que el comercio es muy importante en la economía boliviana, incluso por encima de los sectores formales productivos como la agricultura, los hidrocarburos o la minería legal, reveló.
Además, el estudio estadístico establece que el 48% de los consultados piensa que el contrabando es sumamente importante, muy importante y más o menos importante en la economía nacional. Eso quiere decir que prácticamente la mitad de los encuestados no cree que el contrabando sea una actividad ilícita y menos que esté conectado con el narcotráfico, la trata de personas y otros delitos internacionales.
Pablo Camacho, presidente de la Cámara Nacional de Industrias, fue un paso más allá y reclamó por la actitud benevolente de las autoridades frente al contrabando y su naturalización. Dejó establecido que el país queda a contracorriente de posturas de países vecinos que catalogan al contrabando como parte del crimen organizado, aunque siguen vendiendo grandes volúmenes de mercancías a ciudadanos bolivianos sin tradición de comerciantes y que han convertido al territorio boliviano en país de tránsito del contrabando hacia otros mercados.
El estudio señala la existencia de los denominados «peces gordos» del contrabando, pero que no son identificables porque han sabido mimetizarse en actividades comerciales en ciertos territorios. Además, en los grupos focales y la encuesta se evidenció que el contrabando a gran escala es «aceiteado» por la corrupción de autoridades estatales que permiten y protegen a grupos que manejan el contrabando en Bolivia.
Los datos y criterios fueron presentados este miércoles en el conversatorio «Revelaciones sobre crimen organizado comercio ilícito» organizado por la Cámara Nacional de Industrias en la ciudad de La Paz con expertos nacionales y extranjeros, y periodistas y líderes de opinión bolivianos.
Carlos Gajardo, exfiscal chileno, explicó en su intervención que el contrabando en su país está vinculando a secuestros violentos, asesinatos crueles, tráfico de drogas, robo de vehículos, lavado de millones de dólares vía venta ilegal de cigarrillos producidos en Paraguay, y la presencia de la temida organización El tren de Aragua a través de oleadas de migración irregular venezolana.
«Necesitamos que la sociedad civil se organice también y como para el delincuente no hay fronteras, necesitamos que no haya fronteras para combatir al contrabando», afirmó Gajardo, ya que en su criterio la territorialidad resulta siendo un obstáculo.
Rubén Vargas, exministro del Interior de Perú y experto en temas de crimen organizado, explicó el desborde criminal en la región andina pasó de lo ideológico a principios de la década de los 80 a organizaciones de crímenes transnacionales en la actualidad y enfatizó que Bolivia registra uno de los mayores crecimientos en la categoría de las «economías ilegales» con el contrabando como una de las principales actividades.
«Se trata de verdaderos ejércitos criminales», dijo Vargas al mencionar a los grandes carteles del narcotráfico de Brasil y México, organizaciones balcánicas y mafias ecuatorianas y venezolanas que han incursionado en el tráfico de oro y la minería ilegal, y que han tomado la región amazónica de Sudamérica.
«Lo nuevo es que las organizaciones criminales están brindando seguridad a la minería ilegal», afirmó el experto con fines de lavado de dinero incluso de países europeos y Estados Unidos que vuelven a países andinos. Además, reveló que Brasil se está convirtiendo en un país consumidor insaciable de cocaína peruana y boliviana, ya que tiene en su territorio a la mayoría de los 4,8 millones de consumidores de Sudamérica.
Vargas hizo hincapié en la figura de las «economías criminales» y, en esa línea, explicó la expansión de la minería ilegal del oro ha generado en Perú 3.900 millones de dólares en el último tiempo y que algo similar ocurre en Bolivia, asociado adicionalmente al contrabando del mercurio desde territorio nacional.
«Bolivia vende mercurio (botellón de 24,5 kilos) hasta en cinco millones de dólares en Perú y Brasil cuando el costo oficial es de alrededor de alrededor de 600.000 mil dólares», añadió el experto peruano y puntualizó que quienes están dedicados a esa actividad ilícita no son comerciantes, sino integrantes de mafias conectadas con la trata de personas, el tráfico de armas y otros graves delitos de carácter transfronterizo.
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