En ocasión del Día Internacional de Defensa de los Ríos, la Coordinadora Nacional de Defensa de Territorios Indígenas Originario Campesinos y Áreas Protegidas de Bolivia (Contiocap) denunció mediante manifiesto público emitido en las últimas horas, que el nombramiento de Alejandro Santos como ministro de Minería y Metalurgia, consolida entrega de ríos y áreas protegidas al sector aurífero.
Vía: Ana Bolivia
Conjuntamente a otras autoridades, como Humberto Lisperguer, ministro de Medio Ambiente y Agua, el 5 de marzo, Santos, quien fungió en la dirigencia de la Federación Departamental de Cooperativas Mineras de La Paz (Fedecomin) elegido en 2013, cuando Evo Morales era presidente de Bolivia, fue posesionado por el presidente Luis Arce en la cartera de Minería y Metalurgia.
El Día Internacional de Acción por los Ríos nace por la decisión unánime de representantes de 20 países que en el año 1997 tuvieron un encuentro en la ciudad de Curitiba en Brasil para buscar solución a la problemática causadas por las represas, gracias a ello se eliminaron algunas represas susceptibles de dañar al medio ambiente y a partir de allí, se decreta el 14 de marzo como Día Internacional por Acción de los Ríos.
Sentencia de muerte
En ese sentido, Contiocap, en su manifiesto, solicita garantías para los derechos de los pueblos indígenas que viven en las riberas y dependen de los ríos para su sobrevivencia, califican como una “sentencia de muerte” a la designación del nuevo ministro de Minería y Metalurgia.
“Exigimos al gobierno central, las garantías necesarias y concretas para nuestros derechos fundamentales de nuestros Pueblos Indígenas que vivimos en las riberas de los ríos y dependemos de ellos para nuestra sobrevivencia; y con el nombramiento del ministro minero aurífero, vemos que tenemos la sentencia de muerte”, a tiempo de estimar como una amenaza contra la población boliviana a los mineros auríferos.
De la misma manera, la coordinadora indígena exige al Estado cumplir su rol de proteger a los defensores ambientales en referencia a comunidades, organizaciones y personas que defienden los ríos y sus ecosistemas en cuanto a que sostienen su vida.
Al respecto, se apela a que Bolivia ha firmado el Acuerdo de Escazú, el cual establece “tomar medidas apropiadas, efectivas y oportunas para prevenir, investigar y sancionar ataques, amenazas o intimidaciones contra los defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales”.
En un tercer punto del documento, la organización indígena acude a instancias nacionales e internacionales de derechos humanos a fin de que asuman un rol más activo frente a las violaciones de sus derechos y exijan al gobierno boliviano el cumplimiento de sus compromisos tanto en ese aspecto como en medioambiente.
“…ante una situación de indefensión en la que nos encontramos, por un gobierno que ha permitido el control de la política minera y la política ambiental por los mineros privados, asuman un rol más activo ante las graves violaciones de nuestros derechos”, concluye el manifiesto.
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