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En entrevista con Los Tiempos, Del Granado analiza el tratamiento de la ley para las elecciones judiciales, las pugnas internas del MAS, los liderazgos políticos y otros temas.
Vía: Los Tiempos |
El tema de fondo de la disputa entre masistas y evistas, que se trasladó hasta la Asamblea Legislativa, es el control del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) porque esa instancia es determinante para definir a los candidatos a la presidencia en 2025 y la propiedad de la sigla del Movimiento Al Socialismo (MAS), asegura Juan del Granado, abogado, exalcalde de La Paz y miembro del grupo de Juristas Independientes que promueve la reforma a la justicia en el país.
Los Tiempos.- El legislativo ha ingresado a una dinámica dilatoria del tratamiento del proyecto de ley para las elecciones judiciales. ¿Qué consecuencias puede tener esto para ese gran objetivo que es el de contar con una administración idónea de la justicia en Bolivia?
Juan del Granado.- Hay dos riesgos. El primero, que no es el menor, es que se produzcan las elecciones en enero o febrero de igual forma que los comicios de 2011 y 2017. Unas elecciones partidocráticas donde los postulantes sean seleccionados por la Asamblea Legislativa.
Y ahora que el MAS no tiene dos tercios, esa elección partidocrática abarcará a Comunidad Ciudadana y a Creemos. Vamos a tener, en el mejor de los casos, dos o tres postulantes que no sean masistas.
Seguramente el resto será masista y la gran mayoría desconocidos. Esta mayoría tendrá afinidades partidarias con el MAS, entonces los bolivianos votaremos blanco a nulo, como hicimos en 2011 cuando el 60 por ciento rechazamos esas postulaciones carentes de idoneidad y mérito.
Lo que hizo el MAS para convertir la crisis en tragedia judicial fue copar absolutamente toda la cúpula del órgano judicial. Éste es uno de los males que se avecinan.
El otro mal, y es el que más preocupa, es que se produzca un vacío institucional indefinido. Porque a eso está jugando el ala arcista del MAS. Para desentrañar esto hay que decir que estamos frente a leyes cortas, visiones pequeñas y estrategias diminutas.
LT.- ¿Qué hay detrás de esta búsqueda de lograr un vacío de poder en el Órgano Judicial?
Hay que ver con crudeza lo que está ocurriendo en los bandos del Gobierno. Vemos que ahora Evo Morales se ha vuelto “justiciero”. Él, que fue el autor del copamiento masista del Órgano Judicial en 2011 y 2017, ahora está preocupadísimo por la situación de la justicia y la elección judicial. ¿A qué se debe ahora su preocupación?
Del lado de los arcista también están preocupados, pero en sentido contrario: ellos no quieren que haya elecciones.
Ambos sectores del MAS están disputando el control del TCP. Don Evo Morales ya no tiene control sobre los actuales magistrados a los que nombró él en 2017. Y está claro que quiere que vengan otros magistrados que sean afines a su línea partidaria frente a la posición exactamente inversa del señor Luis Arce que ve la manera cómo prorroga a los actuales magistrados para tener el control del TCP o la manera como nombra a un interino.
En el fondo, la pelea entre arcistas y evistas es por control del futuro TCP, porque esta instancia será la que defina la candidatura del MAS e incluso la pertenencia o la propiedad de la sigla partidaria.
Tarde o temprano habrá una descarnada confrontación y esa pugna la tiene que dilucidar el TCP asignando sigla y aprobando candidaturas.
LT.- ¿Y cuál es el rol de la oposición en esta pugna entre masistas por el control del TCP?
JDG.- La oposición, de manera cándida, ha estado entusiasta cuando logró aprobar esta ley corta para las elecciones judiciales en la Cámara de Senadores con un objetivo de corto alcance como el de tener la posibilidad de proponer candidatos.
Pero lo que es grave es esta su amnesia política que es muy riesgosa. Ha olvidado la reforma de la justicia que es una necesidad y gran preocupación de la mayoría de los bolivianos que sufrimos los efectos de esta crisis. Ha olvidado la reforma y ha reducido el tema judicial a una elección donde busca tener la posibilidad de proponer alguna candidatura.
LT.- ¿Es pertinente la consulta que hace la Cámara de Diputados a otros órganos del Estado sobre la ley corta para las elecciones judiciales?
JDG.- Son otras de las maniobras pequeñas a las que me refería. No tienen nada que consultar al Ministerio de Finanzas. Las elecciones judiciales ya tienen su partida presupuestaria. El acto electoral está previsto en la CPE y no era necesaria ninguna consulta.
El Ejecutivo no tiene porqué ser consultado, por eso la CPE habla de independencia de poderes. Y la consulta al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) tampoco corresponde. En el mejor de los casos podía consultar al TCP.
Sin embargo, el TSJ ha corregido la maniobra y ha enviado la consulta al TCP, que era lo que debía hacerse, una consulta previa sobre la constitucionalidad del proyecto de ley aprobado.
Esa consulta puede durar fácilmente de dos a tres meses, el TCP se toma el tiempo que requiera.
Esta maniobra está dirigida a empantanar y prorrogar indefinidamente la elección judicial para generar este vacío institucional que será el gran pretexto para que el Gobierno busque una vía para nombrar interinatos, prórrogas de mandato con el único objetivo de controlar el TCP.
LT. Luego del fallido intento de promover una reforma de la justicia por la vía de la iniciativa ciudadana con el grupo de juristas independientes, ¿qué otras actividades están realizando para continuar con ese proyecto?
LDG.- Hace cuatro semanas, los juristas independientes, a propósito del primer empantanamiento y cuando no había acuerdo ni siquiera en el Senado, le planteamos a la dirigencia política (oficialismo y oposición) que asumiesen el contenido fundamental de nuestra propuesta de reforma judicial iniciativa ciudadana. No sólo para resolver el empantanamiento, sino para iniciar una elección judicial bajo otras normas con el objetivo de consolidar una elección independiente. Esto serviría como punto de partida para un proceso de reforma judicial.
Hasta el momento no hemos tenido ninguna respuesta. Le estamos diciendo a la dirigencia política partidaria que conduce el parlamento que, en lugar de estas leyes cortas y maniobras pequeñas y mezquinas, de una vez hagamos una reforma de la justicia vía referendo para reformar parcialmente la Constitución.
Les estamos diciendo a los políticos que lo que están haciendo no funciona y que vayamos a la reforma judicial, que incluso resuelve el problema de los vacíos judiciales.
LT.- ¿Ha pensado en algún momento en volver a la actividad política rumbo a las elecciones de 2025?
JDG.- Hay que separar las cosas, yo nunca dejé de hacer política. Pasé a una segunda o tercera línea, que es donde corresponde que esté. Yo estoy cuatro décadas en esta actividad política permanente. Sin embargo, ya no tiene que expresarse en militancia, candidatura o acceso a cargos públicos.
Quién es Juan del Granado:
Es abogado y fue jefe nacional del Movimiento Sin Miedo (MSM).
Fue alcalde del municipio de La Paz en dos ocasiones. La primera gestión se inició en 2000 y la segunda, en 2006.
En su carrera como abogado, logró en 1993 que la Corte Suprema de Justicia de Bolivia sentencie al exdictador Luis García Meza a 30 años de cárcel sin derecho a indulto.
También consiguió que condenen a sus principales colaboradores, por delitos económicos, genocidio y violación a los derechos humanos cometidos durante el gobierno de facto de 13 meses entre 1980 y 1981.
Junto al grupo de Juristas Independientes, promueve la reforma de la justicia en Bolivia.
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